Ola de protestas

Los sindicatos franceses vuelven a la calle con la mirada puesta en el Parlamento

Los debates en la Asamblea Nacional sobre la reforma de las pensiones se acercan a su final, mientras que las organizaciones sindicales preparan huelgas ilimitadas a partir de marzo

Unas 500.000 personas se manifiestan en la quinta jornada de huelgas y protestas contra el aumento de 62 a 64 años de la edad mínima de jubilación

Cartel contra la reforma de las pensiones en Marsella, Francia

Cartel contra la reforma de las pensiones en Marsella, Francia / Europa Press

Enric Bonet

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El deporte preferido de los franceses no es jugar al fútbol ni al rugby, sino manifestarse. En Francia, suele hacerse esta broma sobre la tradición contestataria —en parte, gracias a ella han conservado uno de los estados del bienestar más avanzados en Europa— del bullicioso país vecino. Tras unos últimos años marcados por la letargia en la calle que impuso la pandemia, los sindicatos galos han reanudado con esta vocación con la ola de protestas contra la reforma de las pensiones, la más multitudinaria desde 2010.

Entre 1,3 millones de personas, según los sindicatos, y 440.000, según la policía, se manifestaron este jueves en el conjunto del territorio francés contra el aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 42 o 43 años cotizados para recibir una pensión completa). Ha representado la quinta jornada de protestas y huelgas nacionales contra la impopular medida, rechazada por el 67% de los franceses, según el último sondeo del instituto CSA. Su seguimiento ha sido el más bajo desde que empezó hace un mes el intenso pulso entre los sindicatos y el Gobierno de Emmanuel Macron.

"Hoy somos menos numerosos, pero esto se debe a que muchos manifestantes se reservan para el 7 de marzo", explica a EL PERIÓDICO Sabine Bourgeois, de 56 años, una asistenta social y militante de la CFDT que participó en la marcha en París, que reunió entre 300.000 personas, según los sindicatos, y 37.000, según las fuerzas de seguridad. "Ese día vamos a bloquear el país, vamos a bloquear todos los sectores", añade Farid Gautier, afiliado en el mismo sindicato, uno de los más importantes en Francia y que lleva la voz cantante en estas movilizaciones que destacan por su carácter pacífico y festivo.

Calentamiento antes de las huelgas en marzo

Las organizaciones de trabajadores hicieron en el último mes una demostración de fuerza con hasta tres movilizaciones (19 y 31 de enero y el 11 de febrero) con alrededor de un millón de personas en la calle, según los datos austeros de las fuerzas de seguridad. A pesar de ello, el presidente Macron no parece dispuesto a ceder. Por consiguiente, los sindicatos quieren impulsar el 7 de marzo huelgas ilimitadas en sectores clave de la economía y la vida colectiva, como los transportes o la recogida de basura, entre otros.

Como sus esfuerzos están puestos en endurecer los paros laborales a partir del mes que viene, las movilizaciones de este jueves quedaron en un rango inferior. Representaron un simple calentamiento antes de los idus de marzo. El tráfico ferroviario se vio menos afectado. Circularon el 50% de los trenes regionales y el 80% de los de alta velocidad. El metro en París funcionó con cierta normalidad. Además de la dificultad de ausentarse de su puesto de trabajo todas las semanas —aún más en tiempos de inflación— y que los sindicatos tienen la mirada puesta en marzo, otro de los motivos del seguimiento inferior fueron las vacaciones escolares invernales, que tienen lugar actualmente en más de la mitad del territorio galo.

“Mientras el Gobierno no retire su reforma, la movilización continuará. Pensamos que después de este periodo de vacaciones escolares, tendremos que alzar la voz”, aseguró este jueves Philippe Martinez, secretario general de la CGT, uno de los sindicatos con un mayor número de afiliados en Francia. Junto con Laurent Berger, secretario general de la moderada CFDT, Martinez lleva las riendas de esta oleada de protestas. Ambos participaron este jueves en la manifestación en Albi (sur del país) en aras de mostrar el importante seguimiento en localidades pequeñas y medianas.

Tensión en la Asamblea Nacional

Pese a la fuerte presión social, el examen de la reforma avanza en la Asamblea Nacional. Como la medida no ha sido elaborada como un proyecto de ley tradicional, sino dentro del presupuesto rectificativo de la Seguridad Social, su paso por la cámara baja debe durar apenas 11 días. Los debates se terminarán este viernes y luego pasarán al Senado. Esta discusión parlamentaria ha quedado marcada por una fuerte crispación. Un diputado de la Francia Insumisa (afines a Podemos) tachó de "asesino" al ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, mientras que un representante de un partido afín a Macron amenazó al número dos de la derecha republicana de “romperle los dientes” durante una acalorada discusión en el hemiciclo.

Más allá de esta tensión, los debates dejaron en evidencia algunas de las promesas hechas por el Ejecutivo para compensar el sacrificio de aumentar dos años la edad mínima de jubilación. Cuando presentó el texto, había anunciado que incrementaría hasta 1.200 euros las pensiones más bajas para aquellos que dispusieran de una carrera completa (42 o 43 años cotizados). Una promesa que ha resultado ser falsa. Por la manera en que está escrita la reforma, solo se beneficiarán de esta subida unos 40.000 nuevos jubilados, según reconoció esta semana el ministro de Trabajo.

El Ejecutivo macronista, que no dispone de mayoría absoluta y depende respecto a esta medida de una frágil alianza con Los Republicanos (LR, afines al PP), sufrió un primer revés el martes cuando la mayoría de diputados votaron en contra del artículo 2, que obligaba a las empresas a informar sobre su porcentaje de trabajadores de más de 50 años. Las miradas están puestas ahora en si llegará a debatirse antes del viernes a medianoche el artículo 7, que retrasa la edad mínima de jubilación. 

Si Macron sufriera otro revés en este sentido, esto no supondría el adiós definitivo del polémico texto. En el sistema político galo, el ejecutivo tiene mucho más poder que el legislativo y el presidente siempre podría aprobarlo por decreto, a través del polémico artículo 49.3. Pero el Gobierno prefiere evitar pagar este coste ante la opinión pública. Independientemente de cuál sea el desenlace de este pulso con los sindicatos, el dirigente centrista saldrá probablemente debilitado. Todo ello en plena guerra de Ucrania y en medio de las turbulencias económicas por la crisis energética y la inflación.