Crisis en el país andino

Más de 200 detenidos en Perú tras irrumpir la policía en una universidad ocupada por manifestantes

Multitud de organismos internacionales critican el asalto del centro educativo

Al menos tres personas han sido acusadas de delitos terroristas

Manifestantes se enfrentan con la Policía en el Parque Universitario durante la llamada 'toma de Lima' hoy, en Lima (Perú).

Manifestantes se enfrentan con la Policía en el Parque Universitario durante la llamada 'toma de Lima' hoy, en Lima (Perú). / EFE/ Str

Europa Press

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Unos 400 policías antidisturbios apoyados por fuerzas especiales irrumpieron el sábado con tanques a la Universidad de San Marcos de Perú y detuvieron a más de 200 personas que en esos momentos estaban atrincheradas en una protesta contra la presidenta Dina Boluarte, elegida tras la destitución de Pedro Castillo. Según cuentan testigos, durante la intervención hubo disparos y lanzamiento de gas lacrimógeno pese a no encontrar resistencia entre los manifestantes.

Los detenidos fueron posteriormente trasladados a las sedes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), ambas ubicadas en el Cercado de Lima. También fueron detenidas tres personas por delitos de terrorismo. Los hechos han sido duramente criticados por partidos y asociaciones peruanas, así como por multitud de organismos internacionales.

En estos momentos, según informan fuentes policiales, todavía hay decenas de estudiantes detenidos. "Acudimos a División de Asuntos Sociales de Policía de Perú para supervisar situación de detenidos, verificamos su condición legal y su integridad. En el recinto permanecen 35 personas detenidas", indicó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter sobre uno de los centros de detención.

"Es inaceptable"

La congresista peruana Flor Pablo ha solicitado formalmente la comparecencia del primer ministro, Alberto Otárola; del ministro del Interior, Vicente Romero, y la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón.  "Lo ocurrido hoy en San Marcos es incaceptable. Sin presencia de la Fiscalía, tratar a estudiantes, ciudadanos y defensores de derechos humanos como delincuentes, tirados en el piso y golpeados es un abuso. Ministro del Interior y rectora de la UNMSM deben dar explicaciones", ha apuntado Pablo en un mensaje publicado en Twitter.

La congresista también ha presentado una moción para que para que Otárola "rinda cuentas ante el Congreso" y un oficio solicitando a la Comisión de Educación que cite a la rectora de la UNMSM en la próxima sesión ordinaria.

El Ministerio del Interior, por su parte, ha explicado en un comunicado que la operación es la respuesta a una denuncia presentada por un representante de la universidad por la presencia de un grupo de 300 personas que entraron en el campus "de forma ilegal y violenta" y que agredieron a los trabajadores de seguridad y los expulsaron.

La legislación de Perú establece que en este tipo de operativos es obligatoria la presencia de funcionarios de la Fiscalía para evitar abusos contra los detenidos, pero los sospechosos fueron reducidos violentamente, esposados en el suelo y trasladados a dependencias policiales. La Fiscalía ha informado del envío de fiscales a estas dependencias para legalizar los arrestos y ha confirmado la detención de al menos tres personas por delitos de terrorismo.

Denuncias internacionales

Los manifestantes han denunciado la violencia ejercida por los agentes y la ausencia de fiscales para supervisar la operación y dar garantías. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamamiento a las autoridades peruanas para garantizar la "legalidad y proporcionalidad" de la intervención.

 Mientras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "preocupación" por la "incursión policial, desalojo y detenciones masivas" en la Universidad de San Marcos e instó a las autoridades a "rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas".

 Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunciaron por su parte que los detenidos están siendo obligados a firmar actas de registro sin presencia de sus abogados ni representantes de la Fiscalía en la sede de la DIRINCRI.

Tras la intervención, la rectora de la universidad, Jerí Ramón, aseguró que no sabía que la Policía utilizaría tanques en la operación. La propia Ramón fue la que autorizó la entrada de las delegaciones de otras partes del país en el recinto universitario y que pasaran una noche en el mismo. Posteriormente la universidad denunció una agresión este viernes contra agentes de seguridad.

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