Al menos 17 muertos más en Perú en las protestas para pedir la dimisión de la presidenta

La crisis política peruana dio un salto letal y todo puede empeorar. Desde que Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, a principios de diciembre, por su intento de disolver el legislativo, han muerto 46 personas en distintos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Solo en la noche del lunes, el número de fallecidos en Puno, 1200 kilómetros al sur de Lima, se ha elevado a 17, en el sexto día de protestas antigubernamentales tras la tregua navideña. Allí se encuentra el epicentro del malestar. Entre las víctimas hay un menor de edad y cinco jóvenes. El Gobierno provisional decretó el toque de queda en esa región fronteriza con Bolivia. El sur profundo de Perú no acepta la salida de Castillo del poder. Reclama su liberación, nuevas elecciones este año y el cierre de un Parlamento desprestigiado. La mandataria interina, Dina Boluarte, pende otra vez de un hilo. No ha podido encarrilar la situación a pesar de haber logrado que los nuevos comicios se realicen en abril de 2024.

La respuesta estatal a las protestas la ha debilitado. "No se entiende qué están pidiendo", dijo Boluarte, cuyo precario sostén es apenas el espacio de diálogo entre el Ejecutivo, los partidos políticos y la sociedad bautizado Acuerdo Nacional, de acotados resultados. Después de los hechos de Puno, la presidenta acumula por estas horas dos investigaciones de la fiscal de la Nación, Patricia Bevavides, por el modo en que el Gobierno ha enfrentado a los manifestantes. En este contexto, el Congreso le otorgó a regañiadientes su voto de confianza al primer ministro, Alberto Otárola y su gabinete.

Llamadas a la pacificación

"Es urgente evitar más muertes. Basta ya de violencia", pidió el diario limeño El Comercio, en su editorial de este martes. A su criterio, si bien hay "grupos interesados" en generar el caos "para impulsar agendas particulares", también es "cierto que muchos han salido a pronunciarse de manera pacífica y que no se puede mezclar a estos últimos con los primeros, como temerariamente han intentado hacer algunos políticos en estos días. Tildar a todos los manifestantes de ‘vándalos’ no es solo irresponsable, sino también indolente".

"La solución a este problema es política. Por eso nuestro llamamiento al Congreso y al Gobierno para que encuentren una salida real", dijo la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, después de los luctuosos sucesos en las inmediaciones del aeropuerto puneño de Juliaca, que ha sido el epicentro de los reclamos. Revollar también exigió a las autoridades "un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza".

El sur furioso

Detrás del conflicto político se esconde otro regional y relacionado con las asimetrías históricas entre Lima, la capital, y los otros distritos peruanos. En declaraciones al diario La República, el historiador Antonio Zapata consideró que las movilizaciones en Puno son esencialmente campesinas. "Están diciendo: teníamos un representante y no lo han dejado gobernar, al final ha pateado el tablero, pero nos han sacado de nuestra oportunidad histórica". A su juicio, la derecha peruana es de un "razonamiento muy pobre" y no puede estar a la altura de las circunstancias y recurre permanentemente a la destitución parlamentaria. "Esto que le han hecho a Castillo se lo hicieron a (Pedro Pablo) Kuczynski, un gran empresario de derecha. Si se lo hacen entre ellos, ¿cómo no lo harán al rival de clase? Es una forma de comportamiento de la élite política, como caníbal: si no eres tú quien está arriba, serrucharás el piso".

El fantasma separatista

En su editorial de este martes, La República acusó al "centralismo limeño" de "desdeñar a las regiones" y crear "el caldo de cultivo que necesita el discurso separatista" en el sur. "Han sido continuos los movimientos regionales que han propuesto como salida política el separatismo. Desde la Confederación Peruano Boliviana y las insurrecciones que han tenido lugar en la zona, siempre se ha construido el imaginario de una comunidad aimara asentada sobre las nacionalidades peruana y boliviana. Este proyecto secesionista cobra vigencia cada vez que se encienden las hogueras de la protesta en la población".

En medio del conflicto, el Gobierno ha decidido prohibir la entrada a Perú del expresidente boliviano, Evo Morales, al relacionarlo con actividades de agitación en la fronteriza Puno. "En pleno siglo XXI, en algunos países de América Latina persisten actitudes racistas que desprecian y tratan de someter a los indígenas para mantener privilegios y saquear recursos naturales. Nuestros hermanos en Perú viven una rebelión que no se resuelve con masacre y represión", respondió Morales.