La justicia impone a Castillo 18 meses de prisión preventiva en medio de protestas que suman 20 muertos

La crisis política peruana no da señales de apaciguarse. El indicio más elocuente de que se esperan días agitados vino de la misma justicia que ha impuesto al expresidente Pedro Castillo, destituido el 8 de diciembre por el Congreso, 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de "rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública". La orden dada por el juez Juan Carlos Checkley se conoció en medio de un agravamiento de la crisis interna. El Gobierno provisional de Dina Boluarte decretó el toque de queda en 15 provincias durante cinco días como parte de las facultades que otorga el estado de emergencia vigente por 30 días desde el pasado miércoles. Los choques entre policías y manifestantes que reclaman la libertad del maestro rural y una convocatoria anticipada a elecciones generales han provocado hasta el momento 20 muertos.

Los decesos se registraron en los departamentos de Apurímac, Arequipa, La Libertad, Huancavelica, Junín y Ayacucho, donde se concentraron la mayor cantidad de esos casos y 52 heridos durante los choques entre policías y manifestantes. El olor a gas lacrimógeno no llega a Lima. Se esparce principalmente por el sur del país, donde Castillo obtuvo buena parte de los votos que lo llevaron a la segunda vuelta electoral en 2021. Pero es en la capital donde el maestro rural escuchó los cargos en su contra. Checkley aseguró en su pronunciamiento que existen además elementos que sustentan que buscaba modificar el régimen constitucional e intervenir el sistema de justicia y otros estamentos.

De acuerdo con la Fiscalía, que ha pedido 10 años de cárcel como condena, las evidencias de los cargos que se le imputan son contundentes porque el propio exmandatario convocó a las Fuerzas Armadas cuando ordenó cerrar el Parlamento, una medida que, sostuvo la parte acusadora, buscó dar un golpe de Estado. Castillo señaló en su breve alegato que se encuentra "injusta y arbitrariamente detenido". El presidente de la Sala Suprema Permanente, César San Martín, le impidió seguir hablando porque, dijo, ese no era el espacio para lanzar "proclamas".

El calendario electoral

El Congreso seguía este viernes estudiando una respuesta efectiva a la petición de Boluarte de modificar el calendario electoral. La mandataria interina volvió a renovar su solicitud a una legislatura reacia a aceptar que los nuevos comicios se realicen entre diciembre de 2023 y abril de 2024. "Quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones. Invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo", dijo.

Según el diario El Comercio, "las consecuencias de la escalada de sangre y destrucción desatada por quienes no están conformes con la restitución del orden constitucional, por otra parte, no pueden ser la imposición de su agenda política e ideológica a los millones de peruanos que la rechazan". Lo que se esperaría de Dina Boluarte, añadió, "es una posición clara y tajante frente a esas dos circunstancias".

Las decisiones adoptadas hasta el momento en el Palacio Pizarro, dijo en tanto el diario capitalino La República, han sido "tardías" y "limeñas", un modo de señalar que solo han contemplado las expectativas de la elite política y económica afincada en el principal distrito peruano.