Derecho bajo asalto
Una empresa de EEUU vende datos para rastrear a las mujeres que abortan
'SafeGraph' hace negocio captando la localización de los móviles, lo que permite detectar a quienes acuden a clínicas para una interrupción del embarazo
La filtración de un borrador apunta a que el Tribunal Supremo podría tumbar el derecho constitucional al aborto, ya restringido en varios estados conservadores
Carles Planas Bou
Periodista
Periodista tecnológico entre el mundo digital y la política internacional. Centrado en capitalismo de plataformas, IA, vigilancia y derechos digitales. Excorresponsal en Berlín durante más de cuatro años, cubrió los gobiernos de Merkel, la crisis de los refugiados y el auge de la extrema derecha. También ha trabajado en Europa Central y en Canadá. Graduado en Periodismo por la URL y máster en Relaciones Internacionales por la UAB. Ha colaborado con TV3, TVE, Deutsche Welle, Catalunya Ràdio, El Orden Mundial o El Salto.
Este martes saltó la alerta cuando se filtró que el Tribunal Supremo de Estados Unidos podría anular la sentencia que establece el derecho constitucional al aborto. Aunque la decisión judicial no es aún definitiva, hay quien ha visto en esa regresión de los derechos de las mujeres una posibilidad para hacer negocio vendiendo los datos de las que han acudido a clínicas de interrupción del embarazo para criminalizarlas.
El portal ‘Motherboard’ ha descubierto una empresa de gestión de datos que, a través de las aplicaciones instaladas en el teléfono móvil, obtiene la localización de las personas. A través de esa información pueden saber quien visita las clínicas en las que se practican abortos, cuando tiempo permanecen ahí y donde van después, así como calcular donde viven. Esos datos son después vendidos a terceras partes, que pueden ser tanto compañías de seguros sedientas de conocer el historial clínico de sus potenciales clientes –para así conceder o negarles el servicio— como entidades públicas.
La empresa en cuestión es SafeGraph. ‘Motherboard’ logró contactar con ella y por sólo 160 dólares (unos 151 euros) pudo comprar una semana de datos de localización de más de 600 locales de ‘Planned Parenthood’, una organización sin ánimo de lucro que provee servicios de salud reproductiva, educación sexual y de aborto.
Curiosamente, el director ejecutivo de SafeGraph, el inversor Auren Hoffman, ha contribuido en los últimos años a financiar las campañas de políticos de extrema derecha y antiabortistas como Josh Mandel. Entre los inversores de esta tecnología está el magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de PayPal, primer inversor externo de Facebook, cercano a Donald Trump e impulsor del programa espía Palantir.
No es la primera vez que SafeGraph está en ojo del huracán. ‘Motherboard’ también ha podido ver que esta controvertida compañía rastreó decenas de millones de móviles estadounidenses y vendió esos datos a la Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para saber si los ciudadanos seguían las medidas de confinamiento. Este ente público, encargado de batallar la pandemia del covid-19, pagó hasta 420.000 dólares por esos datos.
Regresión del aborto
La Corte Suprema de EEUU –en manos de la mayoría conservadora apuntalada por Donald Trump— señaló que el borrador filtrado el martes es “auténtico”, pero matizó que es de febrero y no supone la “posición final” del mayor órgano del poder judicial en el país, que se espera entre junio y julio. La sentencia del caso ‘Roe contra Wade’, de 1973, sentó el precedente que legalizó el aborto a nivel federal. Confirmar su anulación supondría poner fin a casi 50 años de ese derecho “fundamental”, en palabras del presidente Joe Biden.
Aún así, el derecho a la interrupción del embarazo vive desde hace meses una importante regresión en los estados más conservadores de EEUU. Es el caso de Texas, que ilegalizó el aborto a partir de las seis semanas. Oklahoma se sumó a esa lista el pasado abril, prohibiendo el aborto incluso en caso de violación e incesto bajo penas de multas y hasta diez años de prisión. Esa criminalización ha forzado a algunas mujeres que viven en esos estados –las que pueden permitírselo— a viajar a otros donde el acceso es más fácil.
Es en estos casos que los datos de localización pueden ser clave para identificar a las mujeres que abortan y a las clínicas que prestan ese servicio. Ponerles cara y nombre podría ser una forma de perseguirlas, aún más si el Supremo opta por una prohibición total del aborto. Hay estados como Missouri que estudian incluso prohibir prestar ayuda a otras personas a abortar en otros estados. Así, hay precedentes para pensar que esa herramienta podría servir como arma para que los activistas antiabortistas –cristianos evangélicos, muchos de ellos— rastreen a las mujeres que quieran abortar y a sus ‘cómplices’. "Es una locura peligrosa tener clínicas de aborto y dejar que alguien compre el censo para saber de dónde viene la gente que las visita", ha explicado el investigador Zach Edwards a ‘Motherboard’.
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