El Supremo de EEUU, a punto de suprimir el derecho al aborto

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido acabar con el derecho al aborto en el país tal y como ha estado regulado y constitucionalmente protegido las últimas cinco décadas. Así se desprende del primer borrador de la opinión mayoritaria del Alto Tribunal que ha obtenido en exclusiva 'Politico', que fue publicado el lunes por la noche y cuya autenticidad ha confirmado el presidente del Supremo, John Roberts, que ha lanzado una investigación de la filtración. Esta ha provocado un terremoto político y social en EEUU, apunta a un punto de inflexión en la historia de los derechos reproductivos de EEUU y promete marcar de forma intensa e inmediata la vida política en el país, que enfrenta elecciones legislativas en noviembre.

Aunque nada es definitivo hasta que se publique la opinión final, y podría haber cambios en el texto o en los votos antes de esa publicación que se espera en los próximos dos meses, la contundencia del borrador redactado por el juez Samuel Alito y que apoyan otros cuatro de los jueces de la mayoría conservadora en el Tribunal con nueve miembros apunta al giro sísmico.

De momento ha incendiado ya una batalla política.Y el presidente Joe Biden, aun con cautela dado que no es la sentencia firme, ha emitido un comunicado en el que ha mostrado su convicción de que "el derecho a elegir de una mujer es fundamental". El mandatario también ha recordado que si Roe se revoca "recaerá en los ciudadanos elegir en noviembre a cargos que defiendan el derecho a elegir", así como a legisladores y senadores que ayuden a codificar la protección del aborto en legislación federal, un reto dada la actual composición de las cámaras y que se incrementará aún más si los demócratas pierden el control del Congreso en los comicios .

Revocación

“Roe fue clamorosamente errónea desde el principio”, escribe Alito en una referencia a Roe v. Wade, la decisión de 1973 que dio protección federal constitucional en EEUU al derecho al aborto. “Mantenemos que Roe y Casey deben ser revocados”, se lee también en alusión a otra sentencia del Supremo de 1992 que , aunque dejó a los estados más margen para regular, seguía impidiendo a estos que prohibieran el aborto antes de que el feto fuera viable, un momento que habitualmente se establece entre las 22 y 24 semanas de gestación

La opinión resuelve el caso que se planteó tras la adopción de una draconiana ley de Misisipí que prohibía prácticamente todos los abortos después de 15 semanas de embarazo y asevera que “es hora de acatar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”. "La Constitución no hace referencia expresa al derecho a obtener un aborto", ha escrito también Alito en la sentencia de 98 páginas, en la que afirma que "la conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente enraizado en la historia y tradiciones de la nación".

Alito llega a decir que las sentencias de legalización "azuzaron el debate y profundizaron la división". Los sondeos, en cualquier caso, muestran que la mayoría de estadounidenses defienden mantener el derecho, aunque hay más división de opiniones sobre las cuestiones de los términos temporales en que la interrupción de embarazo debe ser legal.

Los estados

El Supremo dejaría la regulación del aborto en manos de los estados. Al menos en 13 controlados por los republicanos hay preparadas leyes que, con una sentencia revocando Roe (y no eliminando solo algunas de las protecciones que ofrecía), inmediatamente harían el aborto ilegal. Otros nueve tienen normas similares bloqueadas por los tribunales que podrían recuperarse si se revoca Roe y siete más tienen preparadas leyes que expresan la intención de hacerlo. 16 estados progresistas y el Distrito de Columbia, mientras, han promulgado leyes que protegen el derecho al aborto.

A Alito lo secundan los jueces conservadores Clarence Thomas y los tres nombrados por Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Según 'Politico' los jueces progresistas Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan preparan una o varias opiniones de disenso. En la publicación se explica que no está clara qué posición adoptará el conservador Roberts, aunque según CNN su opinión sería aceptar la ley de Misisipí pero no revocar completamente Roe. Su voto, en cualquier caso, no sería crucial.

Batalla política

El impacto de la filtración tiene múltiples frentes y adelanta la batalla política alrededor del aborto, que ya se esperaba que tuviera un lugar central de cara a las legislativas. Para los conservadores, que llevan décadas luchando contra el aborto, y en los últimos años han promulgado en los estados que controlan leyes cada vez más restrictivas, es una victoria. Los demócratas, en cambio, han pronunciado críticas feroces.

Nancy Pelosi y Chuck Schumer, líderes en las dos cámaras en el Congreso, tildaron en un comunicado la decisión “como una abominación, una de las peores y más dañinas decisiones en la historia moderna”. Y resurgen las voces, incluida la de Biden, que llaman a aprobar legislación federal que proteja el derecho al aborto, pero para conseguirlo, y dado que los demócratas no tienen la mayoría de dos tercios necesarios en el Senado, es algo para lo que los necesitarían antes acabar con la práctica del filibusterismo. Al menos uno de sus senadores, Joe Manchin, se opone ferozmente a hacerlo.

Los progresistas advierten no solo del retroceso que la sentencia del Supremo tal y como está en el borrador representaría para los derechos reproductivos de las mujeres, y especialmente de las más pobres y de minorías, sino de la amenaza que la sentencia plantea para otros derechos. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, ha denunciado que los razonamientos de Alito ponen en peligro avances y protecciones en otros campos como los derechos civiles o el matrimonio gay.

Un Supremo politizado

La filtración, que aunque no es la primera que sale del Supremo sí es la de mayor envergadura, sacude también duramente a la propia reputación del Supremo. En su comunicado este martes Roberts ha denunciado que se trata de una "traición" que trata de "minar la integridad" de la institución. Se debate y especula sobre quién la ha podido hacer y con qué intereses y los políticos republicanos han puesto el foco en denunciarla, mientras los demócratas se concentran en el contenido.

El Supremo, una institución de poder determinante e inigualado, está en cualquier caso cada vez más golpeado por las sombras de la politización. En el mandato de Donald Trump se nombraron tres de los jueces que han establecido la supermayoría de seis conservadores frente a tres progresistas. Aquellas tres nominaciones y las posteriores sesiones de confirmación en el Senado estuvieron cargadas de polémica y tensión, y lo mismo ha sucedido con la confirmación de Ketanji Brown Jackson, la nominada por Joe Biden para relevar a Stephen Breyer.

En diciembre, cuando se celebró la vista para el caso de Misisipí que ahora decide el Supremo, la magistrada progresista Sonia Sotomayor alertó de que la institución estaba cada vez más sacudida por esas sombras de pérdida de independencia y politización de las cuestiones que aborda y recordó que uno de los impulsores de la ley de Misisipí había explicado que para aprobarla se tuvo en cuenta la nueva mayoría conservadora. “¿Sobrevivirá esta institución el hedor que esto crea en al percepción pública de que la Constitución y su lectura son solo actos políticos?”, planteó Sotomayor entonces. “Si la gente cree que todo esto es política, ¿cómo sobreviviremos?, ¿cómo sobrevivirá el Tribunal?”