Duque, atrapado entre negociar el fin de la protesta o disolverla con más mano dura

Después de tres semanas del inicio del estallido social, el presidente colombiano, Iván Duque, se encuentra en una encrucijada: un camino le ofrece la posibilidad de encontrar una salida política con los líderes de la protesta; el otro le conduce a preservar su lealtad con el expresidente Álvaro Uribe y los sectores más inclinados a la derecha, que reclaman recuperar las calles a cualquier coste represivo. Mientras Duque cavila, el conflicto promete más días de encendida intensidad. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció la continuidad de las movilizaciones, al menos hasta el 28 de mayo. A la par, negocia con el Gobierno. "Por supuesto que tenemos el máximo interés en llegar a un acuerdo lo más pronto posible", dijo el líder de la CUT, Francisco Maltés. La demora, subrayó, "es responsabilidad de Duque". El Comité de Paro ha exigido garantías para el ejercicio de la protesta y que el Gobierno autorice la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Esperamos que el Gobierno entienda que 17 millones de personas se acuestan con hambre".

Maltés cree que las manifestaciones, a pesar de su alto coste en vidas (han muerto 51 personas, 43 de ellas por acciones de la policía), han frenado dos de los proyectos oficiales que buscaban descargar el peso de la crisis económica en los más desposeídos: primero, la reforma tributaria y, horas atrás, los cambios en el sistema de salud.

El mapa político colombiano cada vez se parece más al de 2016, cuando la derecha se opuso con su arsenal de fake news al acuerdo de paz que había suscrito la Administración de Juan Manuel Santos con las FARC. El uribismo, entonces ardiente promotor del 'no' al pacto de La Habana, ganó la consulta popular por escaso margen. Desde que se iniciaron las manifestaciones y los bloqueos de carreteras, reclama disolverlas con mayor dosis de dureza. Uribe repite que, de lo contrario, Colombia será otra Venezuela. A diferencia de lo ocurrido hace cinco años, la prédica del exmandatario ha perdido intensidad. El heterogéneo voto por el 'sí', en tanto, tiende a comprender mejor las razones que encendieron la mecha del estallido social. "Son dos narrativas paralelas -y contrapuestas- que ponen nuevamente en evidencia el abismo", señaló la revista digital La silla vacía.

"Colombia no puede estar tan polarizada, tan dividida, hay que tender puentes", dijo el pasado miércoles Santos. Otro expresidente, el liberal César Gaviria, se ha reunido con Duque con el mismo propósito. Antes de la conversación, Gaviria había criticado duramente al ministro de Defensa, Diego Molano. Sostuvo que sus órdenes a la policía se podían interpretar como "una licencia para matar". Gaviria ha intentado lo que quizá sea algo imposible: que Duque tome mayor distancia del uribismo radical y se abra a negociaciones con el Comité de Paro que, a diferencia de 2019, deberían llegar a buen puerto. "Estoy seguro de que la mayoría de los marchantes de Cali son gente de bien y solo hace daño equipararlos con guerrilleros infiltrados y armados. Me agradó muchísimo que el presidente Duque, hace un par de días, haya rectificado esa expresión tan peligrosa del ministro (de Defensa)", dijo Gaviria.

Hasta el 18 de mayo, la oenegé Temblores ha contabilizado, además de los 51 fallecimientos, 2.387 casos de violencia policial, 18 de ellos de carácter sexual, más de 1.600 heridos y 33 manifestantes con daños oculares. El expresidente liberal cree que la salida de Molano del Gobierno sería una señal positiva.