La justicia británica otorga a Guaidó el control de las reservas de oro guardadas en el Banco de Inglaterra

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció que apelará "inmediatamente" la decisión "absurda e insólita" del juez inglés Nigel Teare de otorgarle al diputado opositor Juan Guaidó el control las reservas de oro del país sudamericano depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE) y valoradas en 930 millones de euros.  El dictamen, aseguró el BCV en nombre del presidente Nicolás Maduro, busca "privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia del covid-19".  El bufete Zaiwalla & Co, que representa en este caso al Gobierno venezolano, consideró que el tribunal inglés "ha ignorado la realidad sobre el terreno". A su criterio, la evidencia inequívoca es que Maduro "controla" las instituciones del Estado. En ese sentido, subrayó que solo el ocupante del Palacio de Miraflores "puede garantizar la distribución de suministros médicos necesarios para combatir la pandemia".

Guaidó, considerado por por Estados Unidos, el Reino Unido y otros 53 gobiernos la autoridad ejecutiva "encargada" de Venezuela, valoró por su parte el pronunciamiento del juez Teare. "Hoy es evidente la fortaleza de nuestra causa y nuestra lucha en el plano internacional. Nos toca seguir haciendo nuestra tarea dentro del país y empujar juntos. El mundo cierra filas frente a los abusos de la dictadura y seguimos sumando capacidades para lograr una solución a la crisis en Venezuela", dijo. La oposición más intransigente con Maduro encontró en los fundamentos del magistrado una nueva carta de validación. Según Teare, Guaidó ha sido "inequívocamente" reconocido por el Gobierno británico como "presidente interino constitucional" de Venezuela desde finales de enero del 2019.  A partir de ese momento, el BCV realizó sin éxito numerosas gestiones para recuperar las 30 toneladas de oro que se encuentran en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. 

Contexto adverso

El fallo del juez inglés se conoce pocos días después de que el Palacio de Miraflores ordenara a la embajadora de la <strong>Unión Europea</strong> en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, abandonar el país en respuesta a las sanciones dispuestas por Bruselas contra funcionarios maduristas y aliados del Gobierno. "¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¡Ya basta del colonialismo!", bramó Maduro. Finalmente, Caracas ha decidido dejar si efecto la decisión tras hablar con el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.

En este contexto, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los DDHH, Michelle Bachelet, chilena denunció nuevos arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y manifestantes.  "Me preocupan las presuntas alegaciones de torturas y detenciones arbitrarias a raíz de una presunta incursión militar. Soy consciente que el Estado debe esclarecer estos hechos, pero debe respetar los derechos humanos", dijo sobre la fallida incursión armada que se lanzó en mayo pasado y que provocó al menos 11 muertos y decenas de detenidos. El intento de una acción armada a pocos kilómetros de la capital contó a su vez con la participación de contratistas norteamericanos y del entorno de Guaidó.