SOS de una cervecería artesana desahuciada

La idea de crear Catalan Brewery nace hace 10 años, tras un viaje a Escocia de su marido, Joan Saperas, de 45 años. “Entonces era director financiero, descubrí todo este mundo de las cervezas artesanas, y me tiré a la piscina. Primero en casa, claro. Vimos que funcionaba pero que era necesario invertir, y nos ayudaron familiares, amigos y clientes”, explica Saperes. La inversión inicial ascendió a 600.000 euros.

Su cerveza empezó a despuntar en un sector en auge –llegaron a elaborar unos 12.500 litros al mes- y empezaron a trabajar acuerdos con una gran superficie y una cadena de alimentación sostenible. Pero llegó el confinamiento por la pandemia en marzo de 2020 y comenzaron los problemas. “Al tratarse prácticamente de una empresa que arrancaba no teníamos ahorros suficientes para hacer frente a todos los gastos y tuvimos que dejar de pagar muchas cosas, entre ellas, el alquiler”, recuerda su mujer, quien echó una mano en el ‘taproom’ (el bar que tenían dentro de la fábrica) sin cobrar. Ninguno de los dos cobraba cuando pudieron reabrir con restricciones de aforo. Pero eso, aunque el negocio funcionaba, no fue suficiente.

Al dejar de pagar las cuotas el propietario de la nave, situada en el polígono Ribó de Badalona, inicia un primer proceso de desalojo en febrero de este año que se paraliza con un acuerdo. “Consistía en pagar cada mes 1.000 euros más aparte de la mensualidad para hacer frente y liquidar la deuda generada durante los meses del covid”, escribe Fàbregas, que en su carta también carga contra el administrador por no aplicar ningún tipo de reducción en el alquiler durante el estado de alarma.

Ocho meses después se ejecuta otro lanzamiento. Los administradores de la nave, en representación del propietario, alegan nuevamente impagos, ahora desde abril de 2021. Saperas admite pagar solo una vez la mensualidad con el sobrecargo de 1.000 euros -además de otros 10.000 euros mediante transferencia- por la falta de un nuevo contrato, porque el anterior ya no era vigente por impago. Los abogados de las dos partes se sentaron y el propietario de la nave accedió a suspender por segunda vez el alzamiento a cambio de una suma de 52.000 euros, que incluía la deuda y las costas judiciales. Fuentes de la administración de fincas explican a este diario que también pidieron tres meses por adelantado debido a la poca confianza que tenían en los propietarios de la cervecería, que aseguran tener un inversor dispuesto a pagar toda la deuda y un aval.

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A partir de aquí las versiones son contradictorias. El propietario de la nave rompió este último acuerdo y mantuvo el alzamiento en cuanto los empresarios cuestionaron el importe total de las cuotas pendientes y ofrecieron pagar 37.000 euros. El abogado de Saperas, que también es mediador y vocal de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, por su parte, ha denunciado varias irregularidades en un juzgado de Badalona.

La pareja, con cinco hijos, se encuentra en una situación muy complicada. Dentro de la nave hay material por valor de unos 800.000 euros, entre fermentadoras y litros de cerveza. Y Saperas lleva dos semanas sin poder entrar porque cambiaron la cerradura. Si no consigue volver a la actividad, ya sea en esta nave u otra, se verá obligado a iniciar un concurso de acreedores. “No podemos darlo por abandonado. No os imagináis la impotencia que sentimos”, concluye Fàbregas, quien dice haber enviado la carta a Entre Todos para dar a conocer su historia, la de una empresa golpeada por el covid, y ver si alguna empresa de transporte de maquinaria o inversor -en caso de perder el actual por la falta de un espacio donde desarrollar su actividad- les puede ayudar.