Vox pierde su herramienta para 'derogar el sanchismo' en el Constitucional al no llegar a los 50 diputados

Pese a seguir siendo la tercera fuerza política, Vox ha perdido más de 600.000 votos y un total de 19 escaños -se queda en 33- en el Congreso, lo que además de constituir un fracaso con respecto a sus expectativas de entrar en un eventual Gobierno del PP tiene un importante efecto jurídico: al no llegar a los 50 diputados no podrá presentar más recursos contra leyes ante el Tribunal Constitucional.

Esta pérdida de legitimación activa de Vox para presentar recursos de inconstitucionalidad tiene especial trascendencia si se tiene en cuenta que, durante la última legislatura y gracias al poder que le daban sus 52 diputados, la formación de Santiago Abascal ha exprimido al máximo esta competencia. 

De hecho, la convirtió en uno de sus principales instrumentos para tratar de derogar el sanchismo a golpe de recurso frente a su incapacidad de frenar en las Cortes las políticas del Gobierno de coalición con Podemos. 

Ha impugnado los estados de alarma, leyes de importante trascendencia ideológica como la de eutanasia, la ley trans, la del 'sólo sí es sí', de igualdad de oportunidades, de Memoria Democrática y la nueva ley del aborto; sin olvidar los recursos contra normativas de carácter económico como la ley rider o el decreto de ahorro energético.

Así, Vox ha llegado o a sumar casi medio centenar de recursos en el Tribunal de garantías y ha obtenido algunos relevantes triunfos coincidiendo con la mayoría conservadora que se mantuvo en el órgano de garantías hasta su última renovación, el pasado mes de diciembre.

Éxito con el estado de alarma

El más relevante fue la declaración de inconstitucional de los estados de alarma decretados por el Gobierno para combatir el covid. La primera resolución, en julio de 2021, adoptada en contra de cinco de los magistrados del órgano, supuso un fuerte varapalo para el Gobierno de Pedro Sánchez, que había estrenado la legislatura con el desafío inédito de una pandemia mundial. Unos meses más tarde, en octubre, la mayoría conservadora del Constitucional declaró inconstitucional también el segundo decreto, que regulaba la cogobernanza con las Comunidades autónomas.

El artículo 162 de la Constitución señala que para interponer el recurso de inconstitucionalidad únicamente están legitimados el presidente del Gobierno, el defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas.

El partido de Abascal, que logró un importante rédito mediático y político tras su papel de acusación en el procés, encontró en sus 52 diputados en el Congreso la posibilidad de seguir repitiendo estrategia. Desde entonces ha presentado 48 impugnaciones ante un Tribunal Constitucional que se lo puso más difícil tras la renovación y la llegada a la presidencia del progresista Cándido Conde-Pumpido.

Casi la mitad, pendientes

Fuentes del Constitucional señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que Vox ha sido un gran actor ante el órgano en los últimos años, y que ahora tan solo el PP y el PSOE mantienen la posibilidad de agrupar los diputados suficientes para presentar recursos de inconstitucionalidad.

No obstante, queda mucha tarea puesta a los magistrados por Vox. De hecho, casi la mitad de los asuntos pendientes en el Pleno del Tribunal Constitucional son consecuencias de sus recursos, puesto que "prácticamente han recurrido todas las leyes y decretos leyes relevantes aprobadas por el Parlamento durante la última legislatura".

Las mismas fuentes reconocen que el hecho de que los de Abascal hayan perdido el número de diputados necesario para formular recursos de inconstitucionalidad representará "un alivio para la carga de trabajo del Tribunal, "porque además muchos de sus recursos constituían un efecto llamada para que también recurriese el PP", si bien no puede dejar de admitirse que ejercitaban un derecho legítimo. 

Triunfos y fracasos

Además de la anulación de los estados de alarma, Vox consiguió que se declarara inconstitucional el parón de la actividad en el Congreso y el Senado en las primeras semanas de pandemia; así como que se anulara la designación del expresidente Pablo Iglesias para el órgano de control del CNI mediante un decreto-ley, al considerar que no había razones de urgente necesidad para acordarlo.

Ha cosechado, sin embargo, importantes fracasos, muchos de ellos tras lograrse la renovación pendiente del Tribunal, que ahora cuenta con una amplia mayoría progresista. Así, sobre todo en los últimos meses se han visto frustradas sus pretensiones con respecto a normas de trascendencia social como son la ley educativa --ley Celáa-- y la Ley de Eutanasia, así como el presentado contra las fórmulas imaginativas utilizadas por los diputados para obtener su escaño en las últimas sesiones constitutivas de las Cortes.

Y ello pese a que que Vox y el PP trataron de frenar las intenciones del órgano mediante la presentación de hasta 60 recusaciones contra el presidente Conde-Pumpido y los magistrados del sector progresista. En algunos casos, como el del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que fuera asesora en Moncloa Laura Díez, fueron los propios magistrados los que se apartaron de asuntos en los que podrían haber intervenido con anterioridad a su llegada al órgano.

En el debe de Tribunal Constitucional quedan, en todo caso, multitud de causas pendientes de resolver a cuenta de Vox -y en muchos casos también del PP. Por citar unas cuantas, y además de las ya mencionadas anteriormente: la reforma del Consejo del Poder Judicial que le impide hacer nombramientos estando en funciones, la reforma penal que derogó sedición y modificó la malversación, el intento de introducción de enmiendas en la reforma penal para acelerar la renovación del propio Constitucional, los recursos contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, la ley de protección a la infancia y la adolescencia, la reforma que castiga penalmente el acoso a las puertas de las clínicas que practican abortos, la ley de ingreso mínimo vital, etc.