Los pisos turísticos ganan terreno en el polémico bloque de Tarragona 84 incluso sin poder estrenarlos

Fue ahora hace 13 meses cuando llegaron los primeros turistas al bloque de Tarragona 84, hasta entonces un gigante inmueble de 120 pisos de alquiler y una vida vecinal clásica, eso que va desde el simple saludo en el ascensor a una amistad construida con el paso de los años. Hace 13 meses también que el Ayuntamiento de Barcelona creyó encontrar una brecha normativa para anular 69 de las licencias de apartamento turístico que un juez obligó a las autoridades municipales a dar por buenas. Los últimos 13 meses no han sido de paz.

Peleas a navaja, ascensores frecuentemente averiados, desalojo policial de fiestas de 24 personas de madrugada… Pero quizá lo más curioso, por decirlo de algún modo, es que las obras de conversión de pisos en apartamentos turísticos no han cesado. Este 2024 se han terminado cuatro y están vacíos a la espera de que otro juez resuelva el recurso que la empresa propietaria presentó contra la suspensión de licencias.

Cuatro pisos han sido reformados y están vacíos, y uno más está en obras, con las molestias que eso causa a los vecinos, que viven en una finca permanentemente ruidosa. Esos cinco pisos representan, claro, a cinco familias que hicieron la mudanza, porque se les extinguió el contrato de alquiler o porque se hartaron de la situación.

No es Tarragona 84 la única finca de la ciudad en la que hay conflictos de convivencia por la presencia de pisos turísticos. Esa es una cuestión recurrente en los plenos del distrito y en las audiencias públicas, sobre todo, por una simple cuestión de cantidad, en el Eixample. Cuando se trata de apartamentos sin licencia, la maquinaria municipal, aunque sea con lentitud, actúa. El problema es que las molestias no están directamente relacionadas con la posesión o no de licencias. Depende de qué tipo de filtro establezca el dueño del piso, y a veces, ni eso. La acumulación de denuncias por molestias y los casos en los que la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra certifican conductas punibles no comporta, por ahora, la retirada de la licencia, algo que el Ayuntamiento de Barcelona sopesa adoptar. Pero Tarragona 84, sin ser ni mucho menos la única finca ‘turistificada’ de la ciudad, se ha convertido, eso sí, en un caso simbólico que representa a todos los demás.

La madrugada en la que los Mossos d’Esquadra pusieron fin a una fiesta de 24 personas en un apartamento es un ejemplo de lo que puede suceder en esa finca o en cualquier otra. Los vómitos en la escalera son otro ejemplo, que suele ir acompañado de rotura de elementos comunitarios. Los ascensores se averían por el exceso de peso. Pero hay más, detalles que a veces son menos conocidos. El administrador de la finca, antes de todo esto una persona atenta y eficaz, es ahora alguien muy agrio al teléfono, respondón incluso, dice Enrique, uno de los vecinos, que directamente asegura estar harto de todos ellos. Quedan en esa finca de la calle de Tarragona 52 familias a las que más pronto o más tarde se les extinguirá el contrato de alquiler. Algunas de ellas, como el propio Enrique, tienen ya más de 80 años, una edad en la que muy poco apetece recomenzar la vida en otro piso.

“No sabría decirle si lo peor son las molestias que causan algunos turistas o las obras para acondicionar las viviendas que van quedando vacías”, lo dice con fundada preocupación, porque ese las obras parece que es el destino que aguarda a esas 52 viviendas que progresivamente se irán vaciando. Luego está el caso de las 26 familias que tienen contrato indefinido. A esas, salvo que se cansen, les aguarda un futuro extraño si el juez da la razón a la empresa en su demanda contra la suspensión de licencias ordenada por el ayuntamiento: serán 26 familias rodeadas de 94 apartamentos turísticos, quizá un caso único en la ciudad.

Su remota esperanza es, como ha sugerido en más de una ocasión el actual equipo de gobierno, que se pueda abrir la puerta a la rescisión de parte de las licencias concedidas. El modo en que se abrió la puerta a su existencia se considera hoy un monumental error por el que se pagan las consecuencias. Fue una ley del Parlament aprobada en 2011, con el apoyo de CiU y PP, que entonces tenían un pacto de gobernabilidad, la que facilitó que con un único pago de 230 euros cualquier piso residencial de Barcelona pudiera convertirse en un apartamento turístico. Más que por su número (hay unos 10.000 aproximadamente, sobre un parque total de más de 600.000 viviendas), el objetivo municipal es retroceder por cómo rompen la convivencia en muchas comunidades de vecinos.