Informe
El pago de intereses de la deuda autonómica se triplicará en cinco años, según Fedea
Cataluña sufrirá el mayor aumento de sus gastos financieros en cifras absolutas, mientras que en cifras relativas Canarias los multiplicará por seis
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La vicepresidenta María Jesús Montero, en el Senado. / EFE
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Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
La reciente escalada de los tipos de interés impulsada por el Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación en la zona euro está pasando factura a las administraciones públicas. Si durante el periodo entre 2015 a 2022 el tipo de interés medio de la deuda pública de las comunidades autónomas se situó en el 0,5%, en los momentos actuales se sitúa por encima del 2% y, previsiblemente, alcanzará el 3,5% en 2027.
Tomando en cuenta esta circunstancia y la previsible evolución de la deuda autonómica en los próximos años, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que el gasto de las comunidades en intereses se elevaría desde los 3.608 millones de euros de 2022 hasta los 11.917 millones de euros en 2027. "Esto significa multiplicar por 3,3 los recursos dedicados actualmente a satisfacer los gastos financieros de la deuda pública autonómica", concluye Fedea.
En cifras absolutas, se estima que el pago de intereses en Cataluña pasará de 1.029 millones en 2022 a 1.607 millones en 2024, antes de alcanzar los 2.957 millones en 2027. Esta variación en cinco años de las cifras absolutas (+1.928 millones) es la más abultada entre las comunidades autónomas. Le siguen la Comunitat Valenciana (aumento de 1.532 millones en cinco años, hasta alcanzar los 1.893 en 2027) y Andalucía (+1.001 millones desde 2022 hasta los 1.3881 en 2027).
En cifras relativas, sin embargo, despunta Canarias, donde, según las estimaciones de Fedea, el pago de intereses pasará de 49 millones en 2022 a 318 en 2027 y eso equivale a multiplicarlo por 6,5 veces. En el caso de Valencia y de Castilla La Mancha los pagos se multiplicarán por 5,3 veces, según las estimaciones del estudio.
La deuda nueva y la refinanciación de la antigua se está haciendo sobre un nivel más elevado de tipos de interés
En concreto, el informe de Fedea publicado este lunes calcula que el tipo medio de la deuda pasará del 1,1% de 2022 hasta el 3,6% en 2027. En todo caso, sus autores, Manuel Díaz y Carmen Marín, apuntan que la evolución no será igual para todas las comunidades autónomas: el aumento del tipo medio de la deuda será mayor en las comunidades con parte de su deuda en manos del Estado (Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera) que en aquellas que no se están financiando a través de estos mecanismos extraordinarios (Navarra, País Vasco y C. Madrid).
Estas últimas comunidades parten, de unos tipos más altos (2%, 1,5% o 2,2%, respectivamente, en 2022). Sin embargo, su variación en los próximos años será más moderada. Es el caso contrario, por ejemplo, de Canarias, Castilla La Mancha, Galicia o Baleares, que pasarán de tipos medios de interés de sus respectivas deudas públicas por debajo del 1% (en 2022) a otros cercanos o por encima del 4% en 2027.
Los autores del informe hacen notar que sus cálculos son solo proyecciones, y no una predicción. En su análisis no se ha tomado en cuenta los efectos del proceso de condonación de deuda autonómica que el Estado ha ofrecido a las comunidades autónomas, pero del que no existe ninguna concreción (más allá del compromiso de perdonar 15.000 millones de la deuda contraída por Cataluña con el Estado).
Aunque el nivel de deuda es muy dispar entre autonomías (desde el 12% del PIB en Navarra al 42,2% del PIB en la Comunitat Valenciana), la mayor parte de ellas quedará obligada por la necesidad del proceso de consolidación fiscal que se deriva de las reglas fiscales.
En todo caso advierte de que, a la vista de los resultados, "las comunidades autónomas deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros puedan desarrollar".
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