Los siete precedentes que esgrime el Gobierno para defender la candidatura del ministro Escrivá al Banco de España

La filtración a mediados de julio de que el Gobierno había propuesto al PP el nombre de José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y antes de Seguridad Social, como nuevo gobernador del Banco de España causó una ola de sorpresa y rechazo en el mundo económico y buena parte del político y mediático. En principio, apenas quedan unos días para que se nombre a la nueva cúpula de la institución. El mandato de Margarita Delgado, subgobernadora y gobernadora en funciones, vence el próximo 11 de septiembre y el Ejecutivo se ha comprometido a elegir a sus sustitutos antes de esa fecha. Las negociaciones parecen estar en vía muerta: el PP rechaza en rotundo la candidatura del ministro y el Gobierno no ha dado muestras de tener intención de presentar otro candidato. Desde su entorno, de hecho, se viene defendiendo desde hace tiempo que el Banco Central Europeo (BCE) da prueba de que la elección de Escrivá "no sería excepcional".

El consejo de gobierno de la autoridad monetaria de la zona euro está compuesto por 26 miembros, de los que seis forman parte de su comité ejecutivo y otros 20 son los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la Unión Monetaria. Fuentes gubernamentales vienen subrayando en las últimas semanas que siete de los 26 (dos ejecutivos y cinco gobernadores) fueron antes ministros de sus respectivos países. Es el caso de su presidenta, la francesa Christine Lagarde; de su vicepresidente, el español Luis de Guindos; y de los gobernadores de los bancos centrales de Grecia (Yannis Stournaras), Malta (Edward Scicluna); Portugal (Mário Centeno); Eslovaquia (Peter Kažimír); y Finlandia (Olli Rehn).

Todos ellos fueron ministros de Economía o Hacienda de sus respectivos países, tanto con partidos conservadores (Lagarde, Guindos y Stournaras) como socialdemócratas (Scicluna, Centeno y Kažimír) o de centro (Rehn). La mayoría de ellos pasaron directamente del Gobierno al banco central nacional (lo que les da asiento en el consejo del BCE) o a la ejecutiva de la propia institución europea (Guindos). La excepción es Lagarde, que tras formar parte del Gobierno de derechas de Nicolas Sarkozy entre 2005 y 2011, fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2011 y 2019, antes de ser elegida por el Consejo Europeo como presidenta del BCE en julio de 2019, cuando en su país ya gobernaba un partido de otro signo político (el centrista Emmanuel Macron).

Presencia minoritaria

La presencia de exministros al frente de las autoridades monetarias, por tanto, no esexcepcional en la zona euro. Pero sí es minoritaria: suponen el 27% de los consejeros del BCE. Si se examina el resto del órgano de gobierno, otros tres de sus miembros ocupaban cargos de segundo nivel o técnicos en los gobiernos de sus países antes de pasar a sus bancos centrales (el chipriota Christodoulos Patsalides era asesor del presidente, mientras que el holandés Klaas Knot y el luxemburgués Gaston Reinesch eran directores generales en los ministerios de Finanzas). Otros cinco habían ocupado en algún momento de su carrera, aunque no inmediatamente antes, puestos de segunda o tercera línea en el Gobierno (el ejecutivo italiano Piero Cipollone y los gobernadores estonio, irlandés y francés). 

Por el contrario, otros 10 consejeros del BCE (el 38,5%) solo se habían dedicado profesionalmente en su carrera a los bancos centrales u otras instituciones económicas. Es el caso de los gobernadores de los bancos centrales nacionales de Austria, Eslovenia, Alemania, Croacia, Italia, Letonia y Lituania, así como de tres ejecutivos del BCE (el irlandés Philip Lane, la alemana Isabel Schnabel, y el holandés Frank Elderson). También es el caso desde 2012 los cinco gobernadores y subgobernadores que ha tenido el Banco de España, una institución donde la posible elección de Escrivá está causando preocupación y desasosiego, tanto por su paso por la política como por sus antecedentes como líder de equipos. 

El banco central español tiene su origen en la creación en 1782 del Banco Nacional de San Carlos, una entidad de capital privado pero de apoyo al Estado y emisor de billetes. En 1856, una ley lo redenominó Banco de España y otorgó al Estado la potestad de nombrar al gobernador, por lo que muchos ministros a lo largo de su historia han ocupado dicho cargo. Sin embargo, desde la llegada de la democracia en 1978, ningún ministro o exministro ha desempeñado el principal puesto de dirección en la institución. Tampoco han sido ministros los actuales gobernadores de otros bancos centrales de países desarrollados no comunitarios como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suiza o Japón.

Independencia en cuestión

El perfil profesional de Escrivá no es el motivo de las críticas: comenzó su carrera en el Banco de España y pasó por el BCE y el Banco Internacional de Pagos de Basilea (el conocido como banco central de los bancos centrales), además de por el BBVA, antes de ser nombrado presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por el Gobierno de Rajoy y ministro en el de Sánchez. "Si uno mira su currículum, creo que hay pocas personas en España que tengan su conocimiento de política monetaria", defendió el presidente del Gobierno en julio. El principal problema es que su salto del Ejecutivo al Banco de España puede poner en cuestión uno de los principales mandatos que tiene la institución. 

Según su ley de autonomía de 1994, el Banco de España tiene encomendada la política monetaria y la supervisión bancaria, pero desde hace años lo hace a través de su participación en el BCE, al que se transfirieron dichas competencias. Sin embargo, también debe "asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes". ¿Puede un exministro defender opiniones técnicas que cuestionen la política económica del Ejecutivo del que formó parte? Existen dudas razonables de que así sea, por más que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya defendido que "la independencia de las instituciones queda garantizada mediante su propia normativa y las personas que estén al frente tendrán que ejercer su labor en el marco de la normativa".

En los próximos días se conocerá si hay pacto PSOE-PP para acuerdo la cúpula del organismo. En cualquier caso, el pacto no es imprescindible: la elección del gobernador es por ley potestad del presidente del Gobierno, mientras que el subgobernador es designado por el Ejecutivo a propuesta del gobernador. Pese a ello, la tradición es que el Gobierno elija a un gobernador asumible para el principal partido de la oposición y este actúe de forma recíproca con el subgobernador. Con lo que si finalmente no se alcanza un entendimiento, la polémica está garantizada: sería la primera vez que se rompe la tradición desde 2006, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En 2012 hubo acuerdo, mientras que en 2018 no hubo estrictamente un pacto, pero cada uno de los dos principales partidos pudo elegir a uno de los candidatos.

Suscríbete para seguir leyendo