Bruselas evita poner objeciones al veto del Gobierno a la opa de Magyar Vagon sobre Talgo

La Comisión Europea no tiene por el momento ninguna objeción al veto del Gobierno español a la adquisición del 100% de la compañía ferroviaria Talgo por parte del grupo húngaro Magyar Vagon alegando que se trata de una empresa estratégica para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España. “Las prerrogativas de este tipo de decisiones recaen en España así que no tenemos comentarios concretos en este momento”, ha dicho este jueves la portavoz comunitaria, Francesca Dalboni.

Magyar Vagon afrontará una larga 'guerra' judicial sin garantía de éxito si planta cara al veto del Gobierno a la opa de Talgo

En rueda de prensa, la portavoz ha recordado que los Tratados permiten a los Estados miembros restringir “por motivos de seguridad pública” las libertades en el mercado interior, como la libertad de establecimiento y la libertad de movimiento de capitales. Aunque “estas medidas tienen que estar justificadas y ser proporcionales con el objetivo perseguido”, ha añadido Dalboni que no está al tanto de contactos de la Comisión con la empresa húngara que formalizó una OPA sobre la empresa española fundada en 1942, por valor de 619 millones, en el mes de abril.

El Ejecutivo comunitario también ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco tiene “obligación” de informar “ex ante” a las autoridades comunitarias de su decisión de vetar la operación aunque el Tribunal de Justicia de la UE “siempre es el último árbitro en caso de denuncia por parte de uno de los actores”, ha añadido el portavoz Eric Mamer.

El Ejecutivo español justificó su veto por motivos de "seguridad nacional" y de "orden público" con el objetivo de "proteger los intereses de España". Pocos minutos más tarde, el consorcio húngaro reaccionó anunciando el inicio de "todas las acciones legales a su alcance, tanto en España como la Unión Europea" para defender su oferta, que, a su juicio, cumple con todos los requisitos legales vigentes.

Si Magyar Vagon finalmente opta por acudir a los tribunales europeos por vulnerar el derecho comunitario, en concreto la libre circulación de capitales, el plazo de revisión de la denuncia se extendería durante doce meses hasta que la Comisión Europea decida si cabe abrir un procedimiento formal de infracción contra el país en cuestión.

El consorcio húngaro confirmó el pasado mes de febrero su intención de lanzar una opa "amistosa" y "positiva" sobre el 100% del capital del fabricante de trenes español por un valor total de 619 millones de euros. Sin embargo, esta opa incomodó en el seno del Ejecutivo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, fue el primero en asegurar a 'activos', el vertical económico de Prensa Ibérica, en levantar sospechas sobre la posible injerencia rusa en la operación.