El Gobierno prevé prohibir las llamadas indeseadas de las eléctricas para vender sus servicios

El Gobierno pretende que las comercializadoras de electricidad no puedan seguir llamando por teléfono para ofertar sus servicios de forma masiva e indiscriminada. Así aparece recogido en el proyecto de reglamento general de suministro y contratación de energía eléctrica que el Ministerio para la Transición Ecológica puso en audiencia pública el pasado 31 de julio para que los interesados puedan presentarle sus comentarios hasta el 13 de septiembre, según ha adelantado 'Cinco Días'. El Ejecutivo quiere evitar con ello los abusos de estas compañías, que han sido objeto de numerosas reclamaciones por realizar llamadas no deseadas o engañosas, según ha denunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Así, el proyecto de Real Decreto (que todavía deberá ser aprobado por el Gobierno) establece en el apartado z de su artículo 13: "El comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa. En estos casos, el comercializador deberá grabar la totalidad de la llamada, independientemente de quién la origine, incluyendo toda la información facilitada al consumidor y, en su caso, la información precontractual con las características básicas de la oferta".

A finales de abril, la CNMC pidió al Ejecutivo que adoptase esta medida dentro de su informe de supervisión de los mercados minoristas de gas y electricidad. El organismo presidido por Cani Fernández argumentó que la Ley General de Telecomunicaciones de 2022, vigente desde junio de 2023, establece el derecho de los usuarios a "no recibir llamadas no deseadas, con una serie de excepciones". Es decir, a menos que el consumidor otorgue su consentimiento para ello, este no debería recibir comunicaciones telefónicas comerciales de ningún tipo. "Sin embargo, en la CNMC se vienen registrando numerosas reclamaciones de consumidores que reciben llamadas telefónicas engañosas de diferentes comercializadores, sin que el consumidor haya dado su consentimiento a recibir estas llamadas, y que pueden ocasionar contrataciones del suministro con deficiencias o sin un consentimiento informado del consumidor", denunció.

Malas prácticas

"Con el fin de evitar estas malas prácticas para la captación de clientes, y al igual que se hiciera con la contratación domiciliaria, se propone prohibir la contratación telefónica, excepto cuando la llamada es iniciada o solicitada por el propio consumidor. En dichos casos, el comercializador deberá grabar la totalidad de la llamada comercial, independientemente de quién la origine, incluyendo toda la información facilitada al consumidor y, entre otra, la información precontractual con las características básicas de la oferta", propuso la institución y ha aceptado el Gobierno.

En octubre de 2018, al poco tiempo de llegar al Gobierno, la ministra Teresa Ribera ya prohibió por ley que las eléctricas pudieran mandar a sus empleados a los domicilios de los particulares para vender la contratación del suministro eléctrico, una práctica conocida como 'puerta a puerta', debido al "elevado número de reclamaciones ante los organismos de consumo y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los últimos años". Así, estableció que "las comercializadoras eléctricas no podrán realizar publicidad no solicitada en visitas domiciliarias sobre sus productos, excepto en el caso de que el destinatario haya solicitado por iniciativa propia recibir información sobre el servicio por dicho medio".