Vivienda
Adiós Airbnb: este ayuntamiento toma medidas ejemplares para acabar con este tipo de alojamientos
El Ayuntamiento prevé cortar el agua a las viviendas turísticas irregulares para impedir su actividad
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El alcalde hispalense, José Luis Sanz, ha confirmado que, como ha publicado ABC, su Equipo de Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado una serie de medidas para combatir las viviendas de uso turístico en situación irregular, incluyendo que la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) interrumpa el suministro a los inmuebles detectados en tal situación, como ha avanzado ABC.
Según el alcalde, el Consistorio y la Junta prevén "una serie de medidas para controlar e inspeccionar las viviendas de uso turístico" en situación irregular, al objeto de "actuar con firmeza y tolerancia cero en aquellos casos en los que no se cumpla con los requisitos que marca la normativa y estén operando de forma irregular".
Así, ha destacado que "en el caso de las viviendas ilegales que sigan operando una vez hayan sido eliminadas del registro de la Junta de Andalucía", Emasesa acometerá "el corte del suministro del agua" para impedir que el inmueble siga acogiendo la actividad turística; para lo cual el Ayuntamiento y la Junta han acordado la revisión de las declaraciones responsables correspondientes a las 715 viviendas de uso turístico cuya autorización ha pedido revocar el Ayuntamiento al tratarse de inmuebles inscritos con posterioridad a marzo de 2022 que no se ajustan a la modificación 44 del PGOU y por ende incumplen la normativa urbanística prevista para este tipo de alojamientos; extremo a aplicar además a las restantes declaraciones responsables recibidas desde marzo de 2022 junto con "un barrido de todas las viviendas inscritas que carezcan de ocupación".
Del mismo modo, y como ha avanzado ABC, otro de los aspectos acordados es que la Gerencia de Urbanismo traslade semanalmente a la Consejería de Turismo al menos diez resoluciones de cancelación de las declaraciones responsables relativas a los cambios de usos de inmuebles para su utilización con fines turísticos, medidas de agilización y coordinación y "especial énfasis" en actuaciones conjuntas en los casos de viviendas turísticas que despiertan quejas vecinales, entre otros aspectos.
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