Guillem López Casasnovas: "Todas las reformas del sistema las encabeza Catalunya y acaba ‘haciendo caja’ todo el mundo"

Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Presidente del Consejo Asesor en Política Económica de Catalunya. Desde 2005 y hasta 2017 fue consejero independiente del Consejo de Gobierno del Banco de España. También forma parte de diversos comités para asesorar al Gobierno en materia de reforma fiscal.

¿Qué han pactado exactamente PSC y ERC?

El foco se ha puesto en los recursos económicos porque hace mucho tiempo que la Generalitat libra una batalla por su autonomía financiera, desde la época de Pasqual Maragall. No es un tema de soberanistas de última hora. En la negociación se ha puesto mucho énfasis de momento en dos temas que en principio podríamos considerar que son un poco gesticulación, como en toda negociación, con una de las partes poniendo el listón lo más alto posible con énfasis en tener las llaves de la caja y la gestión de todos los impuestos a través de la agencia tributaria catalana. Lo que lo ha identificado con el concierto vasco, y se ha hecho desde la mirada en el espejo de los territorios forales porque se ha padecido una insuficiencia financiera de casi la mitad de los recursos de los que dispone el País Vasco. Además, todos los que han criticado el concierto vasco estando en la oposición, tanto PSOE como PP, cuando han entrado en el gobierno han hecho todo lo posible para mantenerlo. Es una posición bastante hipócrita porque predican lo que después no practican. Y la desafección catalana en el régimen común no ha cesado. Es una lucha de la Generalitat para una mejora que siempre se ha extendido al resto de Comunidades que habían ido criticando sus posiciones. Un hartazgo que llevó desafortunadamente a los hechos de octubre.

¿Qué efectos puede tener?

Catalunya ha ido observando qué sucedería si estuviera bajo el régimen vasco. Y pese a ello ha hablado de pacto fiscal solidario o concierto. De entrada, utilizar la palabra concierto es un poco eufemístico, porque si concierto en minúsculas quiere decir acuerdo, bienvenido sea. El federalismo va de esto: de pactos y de compartir soberanías. En cambio, si dices concierto en mayúsculas, queriendo decir que se quiere lo mismo que tienen los territorios forales, la falta de solidaridad es manifiesta. La paradoja es que quienes califican el pacto fiscal como concierto foral crean un enemigo inventado, porque nunca Catalunya ha propuesto un concierto así, reconocido como insolidario. Y con ello critican la posición catalana, mientras los vascos, verdaderamente insolidarios, salen indemnes y continúan con sus privilegios. Fedea habla de un 200% de financiación foral por encima del régimen común. Se salen de rositas mientras los catalanes son señalados como si fueran el gran enemigo de la cohesión del país.

¿Por qué se ha generado esta reacción tan contraria en el resto de España?

La reacción es la normal en un país donde la mayoría de las comunidades no son partidarias de un sistema federal. Se ponen en contra del pacto porque no son federalistas. Ni sus gobiernos ni sus comunidades tienen efectivamente la vocación de autogobierno que tienen los catalanes. Las encuestas de opinión avalan lo anterior excepto tres territorios. La ciudadanía del resto no quiere más descentralización sino menos. Y muchos ciudadanos se continúan identificando más con sus diputaciones provinciales, con cero responsabilidad fiscal, que con sus comunidades, su capitalidad y anexiones artificiales. Por cierto, la tercera Comunidad ha sido hasta ahora Balears, reivindicando más y no menos autogobierno. Pero ya se verá con el Govern actual. En el pasado se hablaba de descentralización asimétrica, con comunidades de vía rápida y lenta, nacionalidades y regiones, de los artículos 143 y 151 de la Constitución. Se ha forzado el café para todos, menos las regiones forales, y ‘si no puede ser para todos, que no sea para nadie’.

Defiende que, sin reconocimiento de las singularidades, no hay reencaje posible. 

Los más negacionistas son los más contrarios a la convivencia de un Estado que confunden con la nación que dicen defender. En esto se parecen a los que están en contra del pacto, por aquello de ‘cuanto peor mejor’: unos para romper España y otros para subyugar la convivencia de mayorías democráticas con fuerte sentimiento nacional. Por ello, en la Comisión de 2017 de reforma de la financiación autonómica, cuando participé como experto balear, ya postulé con todo tipo de detalles en el voto particular a la propuesta que se tenía que abrir una vía adicional y no excluyente en paralelo con el régimen común. Un sistema que, en lugar de estar basado en el gasto, de la necesidad fiscal estimada, esto es, el Estado lo recauda todo y hace una transferencia de gasto de acuerdo con lo que él cree son las necesidades de cada cual, se tenía que acompañar de una vía de ingresos, a partir de la capacidad fiscal, de las recaudaciones asignadas, y con pacto de solidaridad explícito.

¿Este pacto dará más recursos a los socialistas?

Quien se lucirá con el nuevo acuerdo, si se consigue, será Salvador Illa, que tendrá más recursos que nunca. Incluso Balears, porque mientras Marga Prohens y Antoni Costa critican el pacto, si tienen la suerte de que la ordinalidad se extienda también a Balears, tendrán una lluvia de dinero estimada entre 400 y 900 millones de euros anuales, según como opere la ordinalidad catalana. Es decir, serán beneficiarios sin haberse quemado un pelo, incluso erosionando todo lo que han podido el acuerdo y después de continuar bajando impuestos. Tras criticar a los catalanes, ellos se acabarán beneficiando. De hecho, siempre ha pasado así: todas las reformas del sistema las encabeza Catalunya y acaba ‘haciendo caja’ todo el mundo. Todo después de haberles llamado insolidarios y ‘el nom del porc’, como decimos aquí.

Eso iba a preguntarle. ¿Cómo afecta este acuerdo a Balears?

Si Balears no espabila y Catalunya se sale de las comunidades aportadoras, aportando menos cantidad de recursos por el principio de ordinalidad, alguien tendrá que apechugar con el dinero que dejen de poner los catalanes. Paradoja de nuevo. Hoy se les tilda de insolidarios pero no se les deja salir del régimen común. Es probable, sin embargo, que sea el Estado, desde su boyante recaudación tributaria actual, quien tenga que dedicar una parte adicional de sus recursos, desde la llamada nivelación vertical, para que las demás Comunidades no empeoren, o acepten simplemente los cambios. El segundo escenario es sobre lo que pueda acontecer con las ganancias, más allá del requisito de que nadie pierda. Con la ordinalidad 'stricto sensu', si Balears es la segunda en aportar en nivelación horizontal, debería ser la segunda en recibir. Esto le daría a las islas algo más de 400 millones de euros anuales. Si además se entiende la ordinalidad como un proceso en que cuente para el ‘reranking’ del orden que nadie pierda, el importe puede llegar a los 900 millones. Mil millones según Fedea; más incluso per cápita que Catalunya, que es quien de momento se come los marrones de la propuesta. 

Entiendo que, desde su punto de vista, la actitud del Govern está siendo perjudicial para los intereses de Balears al no aprovechar la oportunidad.

Este será el caso si el Estado no pone dinero de su parte y no extiende la ordinalidad. Balears tendría que espabilar y saber qué se critica y cuándo. Las islas son, para mí, la primera aportadora en nivelación horizontal porque a Madrid no la cuento nunca. Porque lo que aporta en exceso Madrid lo recupera con creces a través de su capitalidad. En cambio, Balears y Catalunya recuperan poco. Pero este es tema de déficit fiscal, del que la financiación autonómica es sólo una parte. Pero todo suma.

Tanto en Catalunya como en Balears se habla de 'espolio fiscal'.

Esto es típico de sociedades que son desiguales, como la nuestra, y que algunos lo viven como espolio social por el deterioro que se observa tras la actuación fiscal de la administración central. Notemos que esto no se vive igualmente en la comunidad madrileña. La renta media de Balears está aún por encima de la del Estado, pero la desigualdad es mucho mayor porque tenemos una población mucho más frágil, a menudo inmigrada, que trabaja principalmente en el sector servicios y con grandes dificultades de supervivencia. Yo nunca he hablado de espolio sino de drenaje, en parte causada por leyes que se aprobaron con los apoyos de las minorías catalanas y mayorías isleñas. 'Fiscal drain', como dicen los británicos. Ciertamente hay una absorción de recursos procedentes de las islas que no retornan, y que es lo que los analistas identificamos como déficit fiscal. Más allá del drenaje de la financiación autonómica, también cuenta el resultado de políticas estatales que, en la medida en que no eres elegible o elegido, son recursos que van a otros, vetea saber por qué conceptos. Y, por último, las inversiones, de las que no es solo un problema de presupuesto, sino también ejecución y liquidación. Si se quiere hablar de espolio para mi sería el de los recursos naturales de las islas.

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