Casi 900.000 estudiantes ya han cotizado por sus prácticas desde que es obligatorio

El primer curso académico en el que es obligatorio que todos los estudiantes coticen por sus prácticas ha llegado a su fin, dejando un balance de casi 900.000 becarios dados de alta en la Seguridad Social. Para la mayoría de ellos ha sido su primera muesca en el expediente laboral y una primera (y pequeña) aportación para sus pensiones del futuro.

Si bien en enero, cuando entró en vigor la obligatoriedad, colegios, universidades y empresas auguraron una retirada masiva de centros donde los becarios pudieren realizar sus estadías, dado el aumento de costes y, especialmente, de papeleo, a cierre del año académico el balance no deja prácticamente incidencias, según las distintas fuentes consultadas.

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Un total de 890.229 estudiantes han sido dados de alta en algún momento entre enero y julio en toda España. Concretamente, en Catalunya, han sido unos 170.244 alumnos, sumando prácticas remuneradas (la minoría) y no remuneradas (la mayoría), según datos facilitados por la Seguridad Social a EL PERIÓDICO.

"No se ha dado de baja ninguna entidad porque la universidad ha asumido el papeleo y el coste de la cotización", explica la vicerrectora de estudiantes de la UB, Marta Ferrer, que cifra en 8.510 los estudiantes dados de alta durante estos primeros seis meses. Que la Seguridad Social esté bonificando el 95% de las cuotas también ayuda, ya que el coste final acaba rondando los tres euros al mes por alumno. "No hemos detectado ninguna incidencia por lo que respecta a la posibilidad de nuestros estudiantes de realizar prácticas académicas externas en instituciones", coincide la responsable de prácticas de la UPF. 

Refuerzos internos

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y el lobi Red de Fundaciones Universidad-Empresa (que representa a las privadas) auguraron incidencias generalizadas dado el aumento de carga burocrática que esa obligación de cotizar, consideraban, implicaría. "Ha sido un esfuerzo, hemos contratado a dos personas más y el curso que viene incorporaremos a otra, pero todo el estudiantado ha podido acceder a sus prácticas y muchos alumnos ni han notado el cambio", explica la vicerrectora de la UB.

"Al principio hubo muchas dudas e inquietudes, porque hasta el último momento la Seguridad Social tuvo que hacer aclaraciones, pero no hemos recibido quejas generalizadas. Nuestra percepción es que las empresas que ya participaban de los convenios de prácticas lo han seguido haciendo", cuenta, desde la perspectiva empresarial, la directora del área de trabajo de Pimec, Sílvia Miró.

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El arranque fue algo atropellado, hasta el punto de que el Gobierno tuvo que habilitar una moratoria hasta el 31 de marzo -la obligación entró en vigor el 1 de enero- para permitir que los centros adaptaran sus aplicativos y dieran de alta a los alumnos. "La Seguridad Social tardó en tenir les aplicaciones en marcha y eso generó, al principio, cierto malestar", comentan desde la UPF.

Desde la UB coinciden en que el modelo habilitado inicialmente estaba pensado para alumnos 'estándar', es decir, jóvenes que no estuvieran trabajando. No para aquellos que ya estuvieran dados de alta, porque compaginaban estudios y empleo, o para los perfiles 'sénior' que aprovecharan su jubilación para estudiar una carrera.

Preparando el próximo curso

Otro de los puntos más calientes en la aplicación de la normativa han sido las prácticas curriculares, indispensables para que universidades y centros de formación puedan aprobar al alumno y que este obtenga el título. Si este no podía hacer esas estadías mínimas, no hubiera podido graduarse.

Aquí cada centro ha aplicado su librillo y desde el Departament de Educació dieron la consigna de que fueran los centros públicos los que asumieran el papeleo y el coste. Sin embargo, en los concertados y privados cada dirección ha impuesto su criterio. Miró, de Pimec, vería con buenos ojos que la Seguridad Social instaurara un criterio único a este respecto, pensando especialmente en los centros de FP, algunos de ellos más pequeños, con menos recursos para planificar y con una exigencia al alza en el número de prácticas en los planes académicos.

Una demanda que trasladan desde la UPF a la Seguridad Social para el próximo curso es que vuelve a activar la aplicación que había puesto en marcha al principio para hacer consultas masivas y la asignación del número de Seguridad Social de cada estudiante. "Esto puede suponer un problema a principio de curso porque tendremos nuevas hornadas de estudiantes a los cuales les tendremos que pedir su identificación y demandarla uno a uno puede generar muchos errores. Lo que puede retrasar o complicar la gestión", explican desde la entidad. Algo, según destacan, especialmente importante en el caso de los estudiantes extranjeros, menos familiarizados que los nativos con los trámites con la Seguridad Social.

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