Ultimátum europeo para que las granjas reduzcan un 40% las emisiones contaminantes

El objetivo es reducir las emisiones contaminantes que provoca la ganadería intensiva. Y, en concreto, en las explotaciones que crían aves y porcino, ya sean macrogranjas o explotaciones familiares. Para ello, la Unión Europea ha dictado una nueva normativa, que ha entrado en vigor esta semana, con la que regula las emisiones de óxidos de nitrógeno, amoniaco, mercurio, metano y dióxido de carbono que producen la industria y la agroindustria. Se da la circunstancia, no obstante, de que el texto no incluye a las granjas de vacuno, que quedan de momento exentas de su cumplimiento.

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Las emisiones de estas sustancias que contribuyen a empeorar la calidad del aire deberán diminuir para 2050 en un 40% en relación a los niveles registrados en 2020, ha indicado la Comisión Europea en un comunicado. El Gobierno español tiene ahora un plazo de 22 meses para trasladar la disposición comunitaria a su marco legislativo.

"Muchos de nosotros vamos a tener que cerrar, porque no vamos a poder asumir semejante inversión", lamenta Jordi Armengol, portavoz del sector ganadero en el sindicato Unió de Pagesos. La directiva europea, que fue pactada ya el pasado noviembre y avalada tanto por los gobiernos de los Estados miembros como por el Europarlamento, ajusta los umbrales para la cría de animales, que afectan a las explotaciones intensivas con 300 cabezas para cerdos, 280 para aves de corral (300 si son gallinas ponedoras) y 350 animales para granjas mixtas.

"Con estos nuevos criterios -prosigue Armengol- las explotaciones que ahora están en manos familiares y que son un complemento para la actividad agraria se están equiparando a las macrogranjas, propiedad casi siempre de grandes empresas o de grupos inversores". La normativa se irá aplicando de manera progresiva a partir de 2030 y empezará justamente por las granjas más de mayor tamaño.

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La norma no incluye ni a las granjas extensivas ni la cría de animales para uso doméstico y tampoco, para sorpresa de muchos, a las explotaciones de vacuno, una decisión esta última que generó críticas de organizaciones ecologistas como Greenpeace, que insiste en que las granjas de vacas, terneros y novillos son responsables del 54% de las emisiones de metano que se producen en el planeta. "Es un golpe más contra el clima, la biodiversidad y la gran mayoría de los ganaderos y ganaderas de la UE, además de ser una decisión contraria a los objetivos y principios del Pacto Verde Europeo", denunció la entidad ecologista cuando el documento se dio a conocer hace unos meses.

El porcino, subraya en este sentido el responsable de Unió de Pagesos, "lleva ya años haciendo un esfuerzo importante para mitigar las emisiones, en nuestro caso de nitrógenos, con medidas que han costado mucho dinero como la cobertura de las balsas de purines, la nueva gestión de la aplicación de fertilizantes o la trazabilidad de estos residuos mediante GPS". "No se entiende que las restricciones se concentren casi exclusivamente en este sector, que es capital en España, y que en los últimos años ha dejado de tener peso en otros países como Alemania, Países Bajos y Dinamarca y hasta la misma Francia".

Sanciones y compensaciones a los damnificados

Según el texto comunitario, cada país debe prever también "sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas para aquellos que infrinjan las medidas adoptadas para implementar la directiva". Las multas podrán llegar, en los casos de infracciones más graves, hasta "al menos el 3% de la facturación anual del operador". Este extremo se aplicará siempre teniendo en cuenta la gravedad y duración de la infracción, si es recurrente y si hay personas afectados por los efectos de la contaminación producida.

Los Estados tendrán que velar asimismo por que esos afectados tengan derecho a reclamar una compensación "cuando se haya producido un daño a su salud como resultado de una violación de las normas nacionales que transponen la directiva". Por último, el acuerdo contempla una cláusula para que la Comisión revise y evalúe la implementación de la directiva cada cinco años, empezando en 2028.

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