Bajas de origen traumatológico

Los trabajadores accidentados en su tiempo libre podrán hacer gratis la rehabilitación en la mutua de la empresa

La nueva reforma de las pensiones acordada entre Gobierno y agentes sociales deriva parte de las atenciones por incapacidades traumatológicas

El Gobierno cierra un acuerdo con patronal y sindicatos para reformar la jubilación parcial y activa

MULTIMEDIA | Pensiones: las claves de la jubilación con la nueva reforma

Paciente realizando rehabilitación en un hospital, en una imagen de archivo.

Paciente realizando rehabilitación en un hospital, en una imagen de archivo. / Chema Moya / EFE

Gabriel Ubieto

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Los trabajadores que tengan un accidente de origen traumatológico en su tiempo libre podrán tratarse y hacer la rehabilitación a través de los servicios de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Hasta ahora un empleado que tuviera un siniestro en su tiempo libre debía tratarse a través de la sanidad pública o por su propia mutua privada, pero no a través de la mutua de la empresa. El cambio busca acelerar la reincorporación de los empleados a su puesto. Así lo han acordado patronal y sindicatos con el Gobierno en el marco de la nueva reforma de las pensiones, que han cerrado este miércoles.

La filosofía de la medida es que si un empleado se rompe una pierna el domingo mientras juega al futbol con sus amigos pueda acelerar su recuperación accediendo a los servicios de la mutua, menos congestionados que la sanidad pública. Así le operan antes, hace antes la rehabilitación y se reincorpora antes a su puesto de trabajo. Con lo que las empresas sufren menos el vacío que deja su baja y el empleado recupera antes la salud.

El pacto alcanzado entre el Ejecutivo y los agentes sociales contempla, además de reformar la jubilación parcial, anticipada o activa, un nuevo protocolo para los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, que al final son estas las que gestionan la gran mayoría de cuestiones sanitarias. La norma permite ahora firmar un acuerdo a tres, entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) -que gestiona las bajas-, las comunidades autónomas -que gestionan la sanidad pública- y las mutuas colaboradoras -que gestionan los servicios médicos de las empresas-.

Dicho convenio podrá autorizar que los facultativos públicos puedan derivar pacientes a los servicios de estas entidades privadas que son las mutuas, si bien mantienen parte de su actividad con dinero público. Aunque únicamente podrán asumir trabajadores que vengan por "procesos traumatológicos", según especifica el documento pactado. Y cuando los tiempos de espera para tratamiento en la pública superen las duraciones recogidas en el 'Manual de tiempos óptimos de incapacidad temporal' editado por el INSS.

La competencia del primer diagnóstico seguirá siendo de los médicos de la pública, así como el del alta definitiva. "Las bajas, confirmaciones de baja y altas médicas continuarán siendo emitidas por los facultativos de los servicios públicos de salud", según recoge el texto del acuerdo. Y el paciente podrá negarse a ser tratado por la mutua, así como, en caso de aceptar inicialmente, interrumpir el tratamiento y volver en cualquier momento al circuito público.

Los empresarios ambicionaban una mayor discrecionalidad de las mutuas, a las que querían facultar para dar altas y bajas. Algo a lo que se han opuesto los sindicatos, ya que temían que ello podría acelerar procesos no por razones médicas o de interés del paciente, sino empresariales. Si bien la patronal consigue "colocar una pica en Flandes" y aumentar así el protagonismo de las mutuas en los procesos de baja por incapacidad temporal.

Las empresas con menos accidentes se ahorrarán cotizaciones

El acuerdo entre el Gobierno, patronal y sindicatos también incorpora volver al sistema de bonificaciones de cuotas a las empresas con menos accidentes laborales que regía hasta 2019. El Ejecutivo deberá crear un sistema de calificaciones que irá de la 'A' a la 'D', siendo 'A' la empresa más segura y 'D' la menos. Cada empresa la encuadrará en uno u otro nivel en función del número de siniestros y enfermedades profesionales que registre.

No regirá la misma vara de medir para todos los sectores, entendiendo que ciertas actividades son más propensas a accidentes que otras. Cada año, "en caso de no superarse estos límites, la empresa mejorará un valor la clasificación o se mantendrá en la clasificación máxima", reza el texto. "Si se superasen los límites, se reducirá un valor en su clasificación o se mantendrá la clasificación mínima", añade.

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