El Gobierno autoriza la construcción de casi 300 parques renovables por valor de 17.000 millones de euros

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado luz verde a la construcción del 88% de los proyectos de energías renovables que habían recibido autorización ambiental y cuya licencia caducaba el 25 de julio. En total, 283 proyectos han conseguido el permiso del departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera para poder ejecutar la instalación de placas solares y aerogeneradores con una inversión estimada de 17.000 millones de euros.

Se trata de parques solares y eólicos que obtuvieron el acceso a la red bajo la regulación de julio de 2018 y que debían obtener la 'licencia de obras' antes del 25 de julio para evitar la caducidad de sus permisos de acceso. Los proyectos suman una potencia conjunta de 28.123 megavatios (MW), un 66% de los que iniciaron la tramitación. De estas, 2.680 MW (43 plantas) son eólicos y 24.870 MW (239) son fotovoltaicos. Además, se incluye una central hidroeléctrica de bombeo de unos 573 MW, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Pero esta resolución es solo una parte de la fotografía, ya que el Ejecutivo central es el encargado de tramitar los proyectos de mayor tamaño (más de 50 MW), mientras que los de menor magnitud (menos de 50 MW) son competencia de las comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, la Generalitat ha resuelto todos los expedientes a tiempo. En total, 500 MW correspondientes a 13 plantas renovables, que han conseguido la 'licencia de obras', según confirman fuentes del Govern.

Es Red Eléctrica, como operador del sistema eléctrico nacional, quien conoce los datos de ambas administraciones, pero se encuentra todavía en periodo de "análisis" de esta información, que podrá ser conocida más adelante, según fuentes de la empresa semipública.

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El Gobierno fijó en junio de 2020 una serie de plazos temporales para cumplir cada uno de los trámites necesarios para poner en marcha un parque renovable (solicitud de autorización administrativa, impacto ambiental, autorización previa, construcción y explotación definitiva) con el objetivo de evitar la especulación al arrinconar a aquellos promotores sin un proyecto firme.

La cuestión es que si los promotores no cumplen los plazos, el permiso de acceso a la red eléctrica caduca de forma automática (lo que implica volver a empezar de cero los trámites y dejar el punto de conexión libre para otro proyecto) y los propietarios pierden los avales depositados al inicio del proceso. Todo el periodo debería durar un total de cinco años, aunque en diciembre del año pasado el Gobierno extendió ese plazo a tres años más (hasta julio de 2028) debido a que el aluvión de solicitudes sobrepasó las capacidades de la administración pública de hacerles frente.

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Esos plazos computan desde el 25 de junio de 2020 para las instalaciones de generación de energía eléctrica que obtuvieron permisos de acceso y conexión con anterioridad a dicha fecha y con posterioridad al 31 de diciembre de 2017. Para promotores que hayan obtenido dicho permiso desde el 25 de junio de 2020 y antes de la final de 2023, el plazo computa desde la fecha de obtención de los permisos.

Según el Gobierno, la construcción de estos casi tres centenares de instalaciones requerirá una inversión total superior a los 17.000 millones y generará unos 300.000 puestos de trabajo –más de 41.000 empleos asociados a la eólica y más de 260.000 empleos a la fotovoltaica–, "con especial incidencia en áreas rurales". Y con ellas se dará un paso más en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo borrador de actualización 2023-2030 plantea triplicar la potencia fotovoltaica instalada en la actualidad, hasta superar los 76 GW, y duplicar la eólica hasta superar los 62 GW, para cubrir un 81% de la electricidad con energía limpia al final de la década.