El Arco Mediterráneo y Canarias cuadruplican los pisos turísticos respecto a la media española

El 1,33% de todo el parque residencial de España se destina a vivienda turística, a priori una cifra muy baja que no debería tener ningún impacto sobre el problema de accesibilidad a la vivienda. Sin embargo, este dato, que proviene de una estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE), contrasta con los registrados en algunas de las localidades de provincias con un alto componente turístico, como Baleares, Tarragona, Canarias, Málaga o Alicante, donde el porcentaje de pisos destinados a corta estancia vacacional superan el 4% o, incluso, alcanza el 22%.

Según el INE, hay 351.389 viviendas de uso turístico en todo el territorio español, un 9,3% más que las que existían en agosto de 2020, momento en el que se empezaron a contabilizar. Por el contrario, el número de inmuebles sobre el total del parque apenas ha ascendido desde el 1,28% al 1,33% antes mencionado. La provincia donde más pisos turísticos operan es Málaga, con más de 41.000; seguido de Alicante, 38.000, Baleares y Las Palmas, con 25.000 cada una, Girona y Santa Cruz de Tenerife, con alrededor de 21.000.000, y Madrid, con 19.000. Las ciudades con más presión de pisos turísticos sobre el total de su parque residencial son Yaiza (Lanzarote), donde el porcentaje alcanza el 22,5%; seguido de La Oliva (Fuerteventura), un 21,8%, Pollença (Mallorca), un 21,%, y Margalef (Tarragona), un 17,6%.

La presencia de estas viviendas turísticas ha transformado en un caldo de cultivo social, población que ve como su existencia, unido a su mayor rentabilidad que otro tipo de alquileres, complica aún más el acceso a los colectivos con menores ingresos. A diferencia de todo lo que rodea el mercado de la vivienda, donde los diferentes espectros del arco parlamentario han exhibido durante los últimos meses sus diferencias políticas, los pisos turísticos han aunado la opinión de todos los partidos, hasta tal punto que, administraciones de diferentes colores, lideradas mayoritariamente del Partido Popular y del PSOE, han comenzado a esbozar futuras regulaciones o medidas para poner coto a la problemática que estos generan.

El Ministerio de Vivienda ha iniciado la redacción de una modificación de la ley de propiedad horizontal, con el fin de dar mayor poder a los vecinos para decidir si quieren tener o no este tipo de alojamientos turísticos en sus comunidades. A la par, implementarán en los próximos meses una plataforma donde estén registradas todas las viviendas que se explotan en esta modalidad. Los dos grandes ayuntamientos del país, Madrid y Barcelona, también han puesto freno a los pisos turísticos, aunque con políticas diferentes. José Luis Martínez-Almeida ha impuesto una moratoria a las nuevas licencias, endureciendo las multas para aquellos inmuebles que no dispongan de una en vigor, mientras prepara una regulación 'ad hoc'; mientras Jaume Collboni ha apostado por eliminar antes de 2028 todas las licencias expedidas. Ciudades andaluzas que sufren esta problemática, como Málaga y Sevilla, también han apostado por soluciones similares: la primera ha suprimido las nuevas licencias y la segunda ha derogado algunas vigentes.

Los pisos turísticos: incidencias sobre la población y el comercio

Al tratarse de un fenómeno reciente, en torno a los pisos turísticos no hay la suficiente teoría económica sobre sus consecuencias. Un reciente informe del Ayuntamiento de Madrid ha certificado que su presencia en el centro de la capital provoca "menos población residente permanente, un número de hogares prácticamente estancado y una población activa menguante", además de una especialización del empleo en el sector servicios para dar servicio a estos turistas a la que se culpabiliza en partes iguales a los hoteles.

La Universitat Oberta de Catalunya ha realizado también su propio estudio sobre la influencia de Airbnb sobre el precio del alquiler tradicional. En este certificaron que, durante la pandemia, "los precios de los alquileres disminuyeron en toda la ciudad, pero con mayor intensidad en los barrios más turísticos". "Esta caída de los alquileres y el aumento de la disponibilidad de alojamientos impulsaron la demanda de usos residenciales en los distritos más céntricos, y esta fue la segunda estrategia adoptada por los propietarios para superar la pandemia. En el periodo estudiado (2016-2022), solo el 16 % de los pisos se han mantenido en todo momento en la plataforma", desarrolla.

Plataformas y patronales, a favor de la regulación

La principal patronal del sector, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, y las plataformas donde se anuncian este tipo de inmuebles no son ajenas a la regulación. Fevitur ha propuesto "establecer una política fiscal coherente" de los pisos turísticos" para la preservación de la función social de la vivienda, así como al interés general y sectorial" o "definir el uso turístico de la vivienda" en el urbanismo como uno más de los distintos usos. Por su parte, Airbnb, principal plataforma de anuncios de inmuebles de uso turístico, mantiene la puerta abierta a colaborar con la Comisión Europea y los países miembros para redactar normas que permitan "proteger a las personas que se hospedan sin que su actividad repercuta en la oferta de vivienda". "Trabajamos con los gobiernos locales en sus tareas de inspección para detectar y eliminar aquellos anuncios que, de acuerdo con los servicios de inspección, presenten irregularidades", añaden.