ENERGÍA

El Gobierno entrará como accionista en pequeñas energéticas y se blinda frente conflictos de interés vetando a cientos de empresas

Transición Ecológica lanza un plan de 100 millones de euros en tres años para ser socio minoritario en compañías verdes, pero se prohíbe invertir en todas las empresas que hayan recibido sus ayudas públicas en los dos últimos años o estén en vías de recibirlas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de julio de 2024, en Madrid (España). El

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de julio de 2024, en Madrid (España). El / Alberto Ortega - Europa Press

David Page

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El Gobierno activa un plan millonario para entrar como accionista en pequeñas energéticas que buscan impulsar la transición energética. El Ejecutivo ha puesto en marcha un programa con una dotación de 100 millones de euros para los próximos tres años para convertirse en socio minoritario de compañías innovaciones y startups con soluciones tecnológicas, y se lanza a buscar proyectos para financiarlos con dinero público.

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), da un impulso millonario al programa inversor en empresas y proyectos verdes que comenzó a finales de los ochenta. Pero ahora el plan se reactiva y se hace a lo grande.

El presupuesto de 100 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y de los fondos europeos del Plan de Recuperación y cuyo importe puede elevarse aún más, supone más que duplicar los en torno a 40 millones ejecutados en la compra de participaciones empresariales en más de tres décadas, como ya anticipó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Escudo ‘anticonflictos’

El Gobierno maniobra para blindarse frente a posibles conflictos de interés en esta entrada como accionista en decenas de sociedades verdes. Un conflicto de interés que el Ejecutivo trata de evitar y que se teme que pueda producirse por el papel doble de IDAE tanto como inversor y como gestor de programas de ayudas públicas milmillonarios para impulsar la transición energética, especialmente como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y su enorme dotación de fondos europeos.

Para sortear estos eventuales choques de intereses, el Ministerio comandado por Teresa Ribera se ha autoimpuesto la limitación de no convertirse en accionista de empresas que hayan recibido ayudas públicas gestionadas por IDAE en los dos últimos años o que estén actualmente en procesos en evaluación para recibirlas. El Gobierno levanta así un escudo para evitar incompatibilidades vetando a cientos de empresas beneficiarias de los programas multimillonarios de ayudas públicas gestionados por IDAE en los últimos años o que ahora estén optando a recibir fondos europeos.

Para asegurarse de que se consigue evitar esos conflictos de interés, el IDAE ha contratado a la consultora GNC Assurance & Advisory para realizar auditorías externas específicas para impedir problemas por la concesión de ayudas públicas a empresas en que participa como accionista, y viceversa. El grupo finalmente adjudicatario se impuso en el concurso público de contratación a gigantes del sector como Deloitte, EY o Grant Thornton.

Límite, el 10% del capital

Hasta ahora, estas inversiones en pequeñas energéticas se han venido haciendo por el Gobierno de manera puntual, cuando surgía una oportunidad y se veía necesario impulsar una compañía mediante este tipo de financiación (las últimas inversiones se realizaron en 2021), pero ahora se pone en marcha un presupuesto específico para desarrollar compras de participaciones de manera intensiva hasta 2026.

IDAE actualmente tiene paquetes accionariales minoritarios en 24 empresas y durante las últimas décadas ha llegado a ser socio de hasta 49 proyectos empresariales a la vez. La participación media que ha tenido la entidad pública en todas las compañías ha sido durante este tiempo del 10,4% del capital. Con esa inversión conjunta de cerca de 40 millones y el apalancamiento de entre el 65 y el 70% de los proyectos impulsados, el Gobierno calcula que sus operaciones corporativas verdes han llegado a impulsar una inversión total de más de 950 millones de euros.

Los planes del Gobierno pasan por comprar participaciones minoritarias que no superen el 10% del capital de las compañías, con inversiones máximas de 10 millones de euros en un solo proyecto. Y los sectores que se buscan impulsar son especialmente los vinculados a proyectos vanguardistas de movilidad sostenible, eficiencia energética en viviendas y la industria, energías renovables, hidrógeno verde, infraestructuras eléctricas, almacenamiento de energía, tecnología que den flexibilidad al sistema eléctrico, eficiencia energética o economía circular.

Además de las compras de participaciones accionariales directas, IDAE también contempla de forma excepcional el uso de otros instrumentos de inversión como los préstamos, los préstamos participativos o la inversión en fondos de capital riesgo u otras herramientas de venture capital para impulsar también de manera indirecta proyectos verdes con el asesoramiento de terceros. El Ejecutivo ha abierto un proceso de búsqueda de proyectos y ha lanzado un procedimiento no vinculante de presentación de iniciativas por parte de las empresas interesadas de contar con el impulso del capital público.

Durante las últimas tres décadas, IDAE ha venido invirtiendo en proyectos pioneros para acelerar su madurez, ayudar a ganar tamaño e impulsar su viabilidad comercial. La entidad pública, adscrita a la Secretaría de Estado de Energía, tuvo un papel protagonista en el desarrollo primigenio de la energía eólica en España con la participación en el capital de algunas de los primeros parques, así como en la rehabilitación y construcción de centrales minihidráulicas, plantas de cogeneración y también de parques fotovoltaicos.