Unos 24.000 millones en inversiones en energía eólica y solar, pendientes de evitar quedarse sin licencia

La transición energética ha de superar uno de sus mayores escollos. Entorno a 9 gigavatios (GW) o 9.000 megavatios (MW) de energía eólica y 30 GW o 30.000 MW de energía solar fotovoltaica se pueden quedar sin autorización de construcción y dejar en el aire más de 24.000 millones de euros en inversiones al caducar el próximo 25 de julio el periodo para obtener su licencia de consttrucción. Todo ello afecta a los parques solares y eólicos que obtuvieron la autorización bajo la regulación de julio de 2018 y que, en caso de que se supere esa fecha, pierden el derecho de acceso a la red, sin la cual carecen de sentido.

En todo caso, las administraciones -el ministerio de Transición Ecológica y las autonomías- han pisado el acelerador para reducir al máximo este volumen que, en caso de superarse el límite haría perder a los promotores el aval del 30% que tuvieron que depositar obligatoriamente que, en el caso de la eólica, serían unos 2.700 millones, y en el de la solar, unos 4.500 millones.

Las inversiones que están cerca del tope en eólica, que ya va muy retrasada en cuanto a los objetivos de descarbonización previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) y que aún son más ambiciosos en la nueva actualización, alcanzan unos 9.000 millones de euros; y las de solar fotovoltaica, que lleva un mejor ritmo de implantación, los 15.000 millones. 

Los trámites empezaron a acelerarse a partir del último trimestre de 2021 con 1.000 MW. Antes, apenas se llegaba a unos 300 al trimestre. En la última parte de 2022 se llegó a 4.000 e incluso a 7.000 en el primer trimestre de 2023, explica el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez.

Desde el sector fotovoltaico confían en que pocos proyectos se queden por el camino, según el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, que añade que, en su caso, las cifras de proyectos pendientes de licencia proceden de la publicación de las autorizaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que lleva dos semanas de retraso.

De todos los proyectos que pueden verse afectados por el límite, en el caso de la eólica la mitad corresponde al Ministerio y la otra mitad, a las autonomías. En Catalunya, donde tras el parón de una década en la implantación de renovables el Govern ha tratado de acelerar el proceso, apenas quedan 56 MW afectados del total de 265 sujetos a la autozación de 2018, explica la AEE. De hecho, Catalunya fue la comunidad que más potencia instaló el año pasado, con 1.404 MW.

A juicio del director general de la AEE, teniendo en cuenta que habría que desplegar 20 GW en cinco años, a razón de unos 4 GW por ejercicio cuando el año reciente en el que más se implantaron fue 2019 con unos 2,2 GW, sería mejor "priorizar las necesidades industriales y sincronizar el crecimiento de las distintas tecnologías" de renovables. El nuevo PNIEC además eleva a 62 GW el objetivo para 2030, de los que 59 serían terrestres y 3 GW eólica marina; y en la fotovoltaica, de 39 GW a 76 GW. En la actualidad, la potencia solar fotovoltaica instalada supera los 27 GW y la eólica los 31 GW, según datos de Red Eléctrica.

Para cambiar el enfoque son necesarias liderazgo y políticas estables, que den tranquilidad a los inversores. Una vía de posible auge es la eólica marina, "una oportunidad de oro para el medio plazo" y para sustiuir los combustibles fósiles y que además permite más energía y durante más horas que la terrestre. Está previsto que para 2030 haya entre 1 y 3 GW, mientras que para que la implantación de una industria que la produzca sea rentable hace falta una demanda de 9 GW. Otra, la fotovoltaica flotante, que supone la instalación de placas solares en embalses de dominio público. El Gobierno acaba de dar luz verde a esta modalidad con concesiones a 25 años que permitirían aumentar la producción de las instalaciones hidráulicas.

Plazos de la tramitación

El Ministerio para la Transición Ecológica fijó en junio de 2020 una serie de plazos temporales para cumplir cada uno de los trámites necesarios para poner en marcha un parque renovable (solicitud de autorización administrativa, impacto ambiental, autorización previa, construcción y explotación definitiva) para evitar los indicios de especulación que sobrevolaban en el sector, con peticiones para engancharse a la red eléctrica que superaban por mucho los objetivos a 2030. Si no se cumplen esos plazos, la licencia caduca de forma automática.

En un principio, toda esa tramitación tenía que durar un máximo de cinco años, lo que implica que los proyectos debían estar en funcionamiento como tarde en julio del año que viene, pero la enorme cantidad de proyectos desbordó a las administraciones públicas y el Gobierno se vio obligado a ampliar varios de estos plazos en distintas ocasiones. El último cambio, en diciembre del año pasado, cuando dio seis meses más a los promotores de parques eólicos y solares para obtener la licencia de obras (hasta este 25 de julio).

Entonces, también aumentó el plazo para obtener la autorización administrativa de explotación de cinco a ocho años, de forma que los promotores dispondrían de 36 meses más para construir los parques, con fecha límite el 25 de junio de 2028. “Solo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante”, según explicó el ministerio de Transición Ecológica.

En general, los plazos computan desde el 25 de junio de 2020 para las instalaciones de generación de energía eléctrica que obtuvieron permisos de acceso y conexión con anterioridad a dicha fecha y con posterioridad al 31 de diciembre de 2017. Para promotores que hayan obtenido dicho permiso desde el 25 de junio de 2020 y antes de la final de 2023, el plazo computa desde la fecha de obtención de los permisos.

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