Trabajo cede ante la patronal y se abre a demorar la reducción de jornada según los sectores

El Ministerio de Trabajo ha movido otra ficha para acercar a la patronal a un acuerdo para la reducción de jornada laboral a 37,5 horas. El departamento liderado por Yolanda Díaz se aviene ahora a demorar la entrada en vigor de la disminución horaria y que cada sector, según sus necesidades, llegué a su ritmo a las 37,5 horas semanales.

Era un secreto a voces en el seno del diálogo social que el 1 de enero del 2025 muy difícilmente iba a estar vigente la reforma estrella -laboralmente hablando- de esta legislatura. Si bien el programa electoral de la coalición es muy específico, la demora de las negociaciones y empezar, de facto, a negociar esta cuestión en julio hacía complicado reordenar los calendarios laborales de las compañías para recortarle una media de dos horas y medias diarias a sus empleados.

CCOO aceptaría retrasar la aplicación de la reducción de jornada si la patronal se suma al acuerdo

Antes de las 37,5 horas semanales, hay contemplado en el plan del Gobierno un paso intermedio de bajar a las 38,5 horas, que ya debía regir este mismo 2024. A expensas de cómo se concreten las cláusulas de transitoriedad, todas las partes ya lo dan como virtualmente imposible que aplique este año.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha justificado que "no vamos a dejar caer un acuerdo" ahora que la patronal ha entrado a negociar. Los empresarios pedían esperar, como mínimo, a que vayan venciendo los convenios colectivos para ir rebajando la jornada laboral. Y sin ser tan explícito, Pérez Rey les ha ofrecido una "incorporación paulatina" y "pasos flexibles para incorporar esta medida legal" en su día a día.

Inquietud sindical

El optimismo de Trabajo no lo comparten los sindicatos, que ven como el empuje inicial de Yolanda Díaz se difumina ante el enroque inicial de los empresarios. CCOO y UGT perciben un "cierto atascamiento" en la negociación y alertan de que esta entra en "bucle".

Las centrales han pedido concretar el margen que pretenda dar el Gobierno a las empresas. "Transitoriedad sí, aplazamientos no", ha sintetizado el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.

Los sindicatos no están en contra de dilatar la entrada en vigor de la norma, pero sí consideran clave cerrar esta carpeta de manera inminente, ya que temen que cuanto más se dilate el cierre de la negociación, más alejada en el tiempo estará su aplicación.

Es por ello que han advertido de que si no hay un avance claro en la mesa del 29 de julio, seguirán negociando pero también convocarán movilizaciones en la calle a partir de setiembre. Y es que el suspense de qué pasará con la jornada máxima inquieta a las empresas y distorsiona las negociaciones en curso para renovar convenios colectivos, ya que la parte patronal espera para saber qué márgenes tendrá para aceptar una u otra cosa.

El secretario de Estado de Empleo se ha mostrado optimista de cara a llegar a un acuerdo en el que esté sindicatos y patronal. Pese a que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mostró claras reticencias a ello durante la reciente asamble general de su entidad. "No hay ninguna objección de calado que justifique que las cuatro partes que nos sentamos a la mesa se sumen a un acuerdo social", ha afirmado Pérez Rey. 

Desconexión digital

Trabajo ofreció durante la penúltima reunión aumentar la capacidad de las empresas de distribuir irregularmente a lo largo del año la jornada de sus empleados. Para nivelarlo, también planteó endurecer las penas para aquellas empresas que impongan horarios que atenten directamente contra la salud de sus empleados.

Este lunes, el secretario de Estado de Empleo ha aceptado demorar la aplicación de la reducción de jornada. Y, para nivelar, ha anunciado cambios en la regulación de la desconexión digital. La normativa actual ya incorpora la prohibición de que las empresas, por ejemplo, llamen a sus trabajadores fuera de horario o les avasallen con correos.

Pérez Rey ha abogado por "trabajar menos y no ser molestados fuera de hora", si bien no ha concretado durante la rueda de prensa posterior al cónclave cómo y a través de qué pretende modificar la actual legislación relativa a la desconexión digital.

El gran comercio se opone

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), de la que forman parte empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Ikea, Media Markt o Fnac, ha mostrado este miércoles su rechazo a la reducción de jornada, asegurando que costará en torno a 460 millones de euros anuales a este tipo de compañías. "Deberán asumir un incremento de los costes laborales del 5,8% por la pérdida de 24,2 millones de horas de trabajo anuales", cuantifica el organismo en un comunicado, en el que también extiende el cálculo al conjunto del comercio minorista, cifrando, en este caso, el coste de reducir la jornada laboral en los 2.800 millones de euros.  

"La imposición de una reducción de la jornada laboral fuera del ámbito del diálogo social cambia las reglas del juego para todos los sectores, en especial para aquellos como el nuestro que, a través de la negociación colectiva, han buscado fórmulas que permitan la conciliación profesional y familiar sin pérdida de capacidad productiva para las empresas", critican. Informa Paula Clemente.