El precio del alquiler sube un 53% en los últimos años en Catalunya, mientras la renta per cápita cae un 10%

La edad media a la que un joven se emancipa en la Unión Europea lleva una década girando en torno a los 26 años. Ganan los países nórdicos, donde es más habitual hacerlo a los 20 años. Pierden Croacia, Eslovaquia, Grecia, Bulgaria y España, todos ellos con jóvenes que se están yendo de casa de los padres pasados los 30. En este último caso, además, la cifra lleva veinte años subiendo: en 2010, la media eran 27 años. “Este es ya un primer indicador clave para decir que estamos mal”, ha sintetizado el director de la Cátedra ‘Habitatge i Futur’ de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), Josep Maria Raya, responsable de presentar este miércoles un monográfico sobre el tema. 

Este documento, elaborado en colaboración con la estudiante Júlia Cañete, se propone analizar qué elementos determinan que, por ejemplo, en Catalunya, la edad de emancipación se haya retrasado hasta los 29,8 años. Uno de los factores más evidentes es que el precio de los alquileres haya subido un 53% desde 2015 en la comunidad –enfatiza el documento–, y que, en el mismo periodo, la renta per cápita haya descendido más de un 10% por lo poco que han subido los salarios y lo mucho que se ha encarecido la vida.

El 65% de los jóvenes propietarios han necesitado la ayuda de sus padres para comprar una vivienda

“Esta combinación plantea graves problemas para la emancipación de los jóvenes”, introducen ambos autores en este informe que desgrana, punto por punto, estos determinantes. Aquí se recoge, por ejemplo, que los salarios de las personas menores de 25 años apenas se han movido de los 1.000 euros mensuales de media en quince años (en este caso, con datos hasta 2021) y el de aquellos con hasta 35 años, sigue fluctuando entre los 1.500 y los 2.000, aunque todavía no se llega. También que la temporalidad sigue siendo un problema en España: el 70% de los contratos que firma la población más joven siguen siendo para un periodo determinado de tiempo. La reforma laboral parece estar reduciendo drásticamente este problema, pero lo que sugiere Raya es que se trata de un mero efecto estadístico porque ha desaparecido el contrato temporal como tal, pero, a la práctica, la duración media sigue siendo la misma.

El precio de la vivienda y los factores culturales

A esto se suma la subida de los alquileres, pero también el precio de la vivienda de compra, que está en niveles ya parecidos a los de antes de la burbuja inmobiliaria. “Una cifra estándar que se suele decir es que está bien dedicar entre 5 o 6 salarios brutos anuales a comprar una vivienda”, expone este catedrático, para después señalar que, en Catalunya, para los mayores de 30 son ya 8 años de salario de media, y para los menores de 25, entre 10 y 14. Estos últimos años, se ha complicado todavía más la situación porque el acceso a crédito está mucho más restringido.

Por último, también influyen elementos como el género, el estado civil o la educación. “En cualquiera de los grupos de edad, el porcentaje de parejas casadas en relación con el total se ha reducido, y es más difícil emanciparse solo que en pareja”, contextualiza Raya. “También ha aumentado el porcentaje de personas con formación académica, cosa que dificulta o retrasa la edad de emancipación, porque crece el número de años en los que no se cobra una renta”, añade.

Propuestas de soluciones

“Lo que nos dice esta estadística es que, si no cambiamos nada, los jóvenes estarán peor dentro de diez años, esta es la tendencia”, ha augurado el mismo experto, que, sentado junto al presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, se ha atrevido a proponer soluciones. “Es un problema multifactorial, por lo tanto las soluciones deben ser multifactoriales”, ha introducido Raya, que ha sugerido hacer más estudios duales para que los jóvenes se formen y trabajen a la vez, explorar formas para reducir la temporalidad de forma real y hacer más políticas públicas en relación con la vivienda: por ejemplo, aumentar la oferta (“Hay consenso para hacerlo, pero no se acaba de hacer”, ha criticado) o ofrecer más incentivos de acceso a la propiedad.

Ambos han descartado, sin embargo, políticas de regulación de precios o que se imponga obligaciones a los propietarios de vivienda. “Las regulaciones que se están produciendo en los últimos años no están produciendo los efectos deseados”, han advertido. “Existe un consenso muy mayoritario sobre que cualquier regulación reduce la oferta, y lo estamos viviendo”, han rematado, refiriéndose explícitamente a que ante una situación así, la persona afectada por la ley suele buscar una salida, y que si desaparecen los inversores, se colapsará otra vez la oferta. “Se tapan agujeros en vez de ir a lo que realmente soluciona –han ultimado, en referencia a los intentos de regulación de los alquileres de temporada o turísticos–. Lo que soluciona es incentivar que haya oferta de todos los estilos”.