Gigantes digitales piden a España un ‘megaplán’ de 100.000 millones en redes eléctricas para sus centros de datos

Los gigantes digitales meten presión al Gobierno español para facilitar inversiones milmillonarias en nuevas redes eléctricas y poder allanar así el despliegue masivo de centros de procesamiento de datos en el país. La Asociación Española de Data Centers (Spain DC), que agrupa a Amazon, Microsoft y otros colosos del sector como Digital Realty, Equinix o Nabiax, denuncia el déficit de infraestructuras eléctricas del mercado español y piden más inversión para evitar que el país quede rezagado en la revolución de la digitalización.

Spain DC reclama al Gobierno un megaplán inversor de 100.000 millones de euros en nuevas redes de electricidad hasta 2040, duplicando el ritmo de inversiones actual que marca la legislación vigente. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto el proceso legal para elevar el límite legal de las inversiones de las grandes eléctricas en redes y la patronal de los gigantes de los centros de datos han aprovechado la consulta pública para presentar alegaciones y plantear un ambicioso plan de inversiones para poder enchufar sus centros de procesamiento de datos, que son grandes consumidores de electricidad.

Para la patronal, España tiene la oportunidad de convertirse en el hub de interconexión digital del sur de Europa, pero este potencial no podrá aprovecharse sin grandes inversiones en redes de electricidad que faciliten la capacidad suficiente para poder instalar nuevos centros de datos. “La inversión en los últimos lustros ha sido claramente insuficiente, provocando un déficit de infraestructuras de transporte de electricidad y dejando la dotación de España muy por debajo de los países de su entorno. El crecimiento vegetativo de la red ya era insuficiente, sin tener en consideración las nuevas industrias y transformaciones por lo que en estos momentos nos encontramos ante una situación de atraso acumulado”, denuncian desde Spain DC.

Según las estimaciones de la Asociación Española de Data Centers, España necesita ejecutar inversiones de 6.625 millones de euros cada año de aquí hasta 2030 y de otros 5.300 millones anuales entre 2031 y 2040. En total, en torno a 99.400 millones en poco más de década y media, el doble que los 51.000 millones que podrían ejecutarse con los límites legales actuales. “Sin una red adecuada que conecte la nueva producción de electricidad con la demanda, existe el riesgo de que la digitalización y la transición hacia energías limpias se estanque”, advierte Manuel Giménez, director ejecutivo dxe Spain DC. “El desarrollo del proceso de digitalización y descarbonización de la economía, el aumento del intercambio de información y el desarrollo de industrias basadas en el conocimiento con valor añadido precisan de una red sólida de centros de datos en España”.

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El Gobierno abre la mano

El Gobierno ha lanzado una consulta pública previa para abordar una modificación de los límites de inversión en redes eléctricas, tanto en la de transporte (controlada por Red Eléctrica de España, REE) como en las de distribución (que tienen como principales propietarias a Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP). El Gobierno de momento no hace una propuesta sobre cómo reformar esos límites, sino que sólo da el primer paso pidiendo una primera opinión a todos los actores del sector, pero anticipa que el objetivo de la revisión es que haya “una mayor inversión en redes de transporte y distribución”, imprescindible para hacer posible el boom de nuevas plantas renovables y para conectar los grandes proyectos industriales con un gran consumo de electricidad.

El negocio de las redes de distribución y de transporte es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) había abierto procesos de consulta pública para actualizar el cálculo de la retribución que perciben las compañías de distribución, y ahora el Ejecutivo hace lo propio para revisar el tope máximo.

Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, unos 1.000 millones de tope anual para redes de transporte y unos 2.000 millones para las de distribución. Las grandes eléctricas vienen reclamando elevar esos límites de inversión para acelerar el despliegue y modernización de sus redes y, al tiempo, también piden elevar la retribución que perciben, que debe revisarse de cara a 2026 y que actualmente está fijada en un 5,6% de rentabilidad. Desde el sector se ve razonable elevar la retribución hasta el entorno del 7%. Las grandes eléctricas, en paralelo, han empezado a reclamar que se les permita construir también redes de transporte, rompiendo así el monopolio actual de REE en este campo.

Duplicar inversiones

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) sitúa el ratio normal de inversión en redes frente a la nueva capacidad renovable en 0,7 millones de euros por megavatio (MW) hasta 2030, mientras que en España ese ratio es solo de 0,45 millones de euros por MW. En este sentido, para mantener la competitividad frente a otros países y asegurar la transición energética, la AIE recomienda duplicar la inversión hasta 2040 para cumplir con los objetivos climáticos y garantizar la seguridad del suministro.

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Según Spain DC, el efecto captura de actividad económica del sector de los centros de datos, donde se recoge la digitalización y el aumento de competitividad de las empresas en España, así como el aumento del gasto de los hogares, tendría un impacto de 42.800 millones de euros en el mercado español. Además, permitiría la creación de empleo que se estima en 23,6 trabajos anuales por cada MW durante la fase de inversión inicial, y un impacto en la recaudación fiscal de 430.000 euros por cada MW durante la construcción y urbanización, recaudación que continuará durante los años siguientes de operación.

Desde la Asociación se reclama para no poner este impacto económico acceso a electricidad, con capacidad de transporte desde el lugar de generación hasta las localizaciones donde se encuentran los hubs de hiperconectividad digital. El escrito de alegaciones de Spain DC subraya que la sola derogación de los límites a la inversión no resolverá el déficit de infraestructuras y pide hacer esfuerzos para lograr recuperar el tiempo perdido en el desarrollo de las redes necesarias para la sociedad del conocimiento. Por ello insta a mejorar los procesos de acceso y conexión tanto a transporte como a distribución con una planificación que rinda cuenta de los retrasos o impedimentos que se padezcan.