El Gobierno hace caso a la Airef y avanza que flexibilizará los criterios de acceso al Ingreso Mínimo Vital

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha replicado este miércoles la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por la que el Ingreso Mínimo Vital ha tenido un impacto reducido. Lo que reconoce el Gobierno es que esta ayuda debería gestionarse de manera más automática o de oficio y que estudiará una propuesta en este sentido para aumentar la distribución de las ayudas disponibles. Para el ministerio, el Ingreso Mínimo Vital "es una política viva que se puso en marcha en un tiempo récord, en un momento muy delicado, durante la pandemia, con el objetivo de proteger a los hogares más vulnerables del azote de la crisis. En tan solo dos meses estaba implementada, cuando la media para este tipo de prestaciones, tanto en España como en Europa, es de entre siete y ocho años".

Responde de esta manera el Gobierno a las críticas de una medida cuyo impacto ha sido limitado hasta el momento. "Las conclusiones del informe de la AIReF serán incorporadas a la fase de estudio y mejora. El nuevo equipo está realizando una evaluación exhaustiva de la política para identificar ámbitos de mejora en base a la evidencia y las mejores prácticas a nivel internacional. Se está trabajando en dos vías principalmente: avanzar hacia una prestación donde las cuantías reflejen con mayor agilidad la realidad económica de las familias y flexibilizar criterios de acceso a la prestación", confirmó el Ministerio.

Pese a reconocer que el ritmo de distribución del IMV es bajo, lo cierto es que el Gobierno considera que es positivo que cuatro años después de su aprobación el IMV haya triplicado el número de beneficiarios que alcanzaron las rentas mínimas durante dos décadas de existencia.

Este tipo de ayuda ha alcanzado ya a 860.000 hogares y 2,5 millones de personas, con especial importancia para las familias con hijos, ya que el 42,2% de beneficiarios son menores (1.051.142). En dos de cada tres hogares la titular es una mujer (67,2%).

Revalorización de la prestación

Desde la aprobación del IMV, se han invertido más de 11.000 millones de euros. La cuantía mínima del IMV (para hogares de una sola persona) ha pasado de 461 euros en 2020 a 604 euros en 2024. Es decir, una revalorización del 31% en cuatro años.

La razón de ser del Ingreso Mínimo Vital es dotar de un suelo de cobertura homogénea a todo el territorio que después las distintas CCAA deberían complementar en función a las necesidades de su población. En estas condiciones, AIReF constata que antes de la implantación del IMV, en junio de 2020, existían 200.000 hogares perceptores de rentas mínimas autonómicas. En este momento, el número de hogares beneficiarios es de 625.000, triplicando el que se cubría en 2020.

La mitad de las CCAA mantiene un número significativo de beneficiarios de sus rentas mínimas, mientras que la otra mitad ha hecho desaparecer sus programas de rentas mínimas, lo que les ha supuesto un ahorro para ellas de 510 millones de euros, el 11% del gasto dedicado a este objetivo.

Desde la aprobación del IMV, el Estado ha incrementado un 150% la inversión dedicada por el Gobierno regional a la renta mínima (de 155 millones de euros dedicados por la RMI en 2019, se ha pasado a 376 millones de euros dedicados por el IMV en 2023).

Para el Gobierno, el incentivo al empleo (un desarrollo de la prestación que entró en vigor en 2023), "ha cumplido el objetivo para el que fue creado y ha repercutido en positivo entre quienes han compatibilizado la prestación con los ingresos procedentes del trabajo: casi 100.000 hogares".

Al 30% de los hogares se les ha aplicado el incentivo en el año 2023, y entre ellos, a la gran mayoría (hasta un 80%) se les han excluido del cálculo de la prestación todo el incremento de renta, es decir, han pasado a cobrar la prestación íntegra más los nuevos ingresos. Ha supuesto una mejora de renta de hasta 2.400 euros anuales (para los beneficiarios del incentivo). También ha contribuido a la reducción del número de reclamaciones por revisión de importes.