Bruselas acusa a Apple de infringir la ley de mercados digitales

La multinacional Apple vulnera la ley de mercados digitales (DMA en sus siglas en inglés) de la Unión Europea porque no permite a los desarrolladores de aplicaciones dirigir libremente a los consumidores hacia canales alternativos de ofertas y contenidos y posibilidades de compra más baratas. Es la conclusión “preliminar” a la que ha llegado la Comisión Europea, que ha abierto este lunes otro procedimiento de incumplimiento contra la empresa estadounidense por sus nuevos requisitos contractuales para desarrolladores y tiendas de aplicaciones de terceros, incluida la nueva ‘Core Technology Fee’ de Apple. La multinacional de la manzana se expone a una sanción multimillonaria que podría alcanzar hasta el 10% de su volumen de negocios mundial.

“Tenemos motivos para creer que las normas de la AppStore que no permiten a los desarrolladores de aplicaciones comunicarse libremente con sus propios usuarios infringen la DMA”, ha anunciado el comisario de mercado interior, Thierry Breton. “Nuestra posición preliminar es que Apple no permite totalmente el direccionamiento” que “es clave para garantizar que los desarrolladores de aplicaciones dependan menos de las tiendas de aplicaciones de los guardianes y para que los consumidores conozcan mejores ofertas”, ha añadido la vicepresidenta ejecutiva y responsable de competencia, Margrethe Vestager.

Según el Ejecutivo comunitario, la multinacional de la manzana tiene actualmente tres conjuntos de condiciones comerciales que rigen su relación con los desarrolladores de aplicaciones, incluidas las normas de dirección de la App Store. Ninguna de ellas, según el análisis preliminar, permite a los desarrolladores orientar libremente a sus clientes. Por ejemplo, “los desarrolladores no pueden facilitar información sobre precios dentro de la aplicación ni comunicarse de ninguna otra forma con sus clientes para promocionar ofertas disponibles en canales de distribución alternativos”.

Además, Apple solo permite la orientación a través de ‘enlaces’. Es decir, los desarrolladores de aplicaciones pueden incluir un enlace en su aplicación que redirija al cliente a una página web en la que el cliente pueda celebrar un contrato, aunque este proceso está sujeto a varias restricciones que impone la comañía y que impiden a los desarrolladores de aplicaciones comunicarse, promover ofertas y celebrar contratos a través del canal de distribución de su elección.

Por último, y aunque Apple puede percibir un canon por facilitar a través de la AppStore la captación inicial de un nuevo cliente por parte de los desarrolladores, los cánones cobrados por Apple van más allá de lo estrictamente necesario para dicha remuneración ya que cobra a los desarrolladores una tasa por cada compra de bienes o servicios digitales que un usuario realiza en los siete días siguientes a la salida de la aplicación.

Posibles sanciones de hasta el 10%

El envío a Apple de las conclusiones preliminares no prejuzga el resultado de la investigación de Bruselas y abre la puerta a que la empresa examine los documentos del expediente y responda por escrito a las acusaciones. Si los técnicos comunitarios confirman la conclusión preliminar, Bruselas tendrá un plazo de doce meses, hasta finales de marzo de 2025, para tomar una decisión, que podría terminar en una sanción de hasta el 10% del volumen de negocios mundial total del portero y que, según las normas, puede alcanzar el 20% en caso de infracción reiterada e incluso obligar a la empresa a vender una parte de ella o prohibirle la adquisición de servicios adicionales si hay un incumplimiento sistemático.

El Ejecutivo comunitario también ha anunciado la apertura de una tercera investigación por incumplimiento sobre las nuevas condiciones contractuales que impone Apple para los desarrolladores a cambio de acceder a algunas de las nuevas funciones que permite la DMA, en particular la oferta de tiendas de aplicaciones alternativas o la posibilidad de ofrecer una aplicación a través de un canal de distribución alternativo.

Concretamente, Bruselas investigará la tasa de 0,5 euros por aplicación instalada para los desarrolladores de tiendas de aplicaciones de terceros, los pasos que los usuarios tienen que completar para instalar aplicaciones de apps alternativas y los requisitos de elegibilidad para desarrolladores relacionados con la capacidad de ofrecer tiendas de aplicaciones alternativas o distribuir directamente aplicaciones desde la web en iPhones. “Sin perjuicio del derecho de defensa de Apple, estamos decididos a utilizar el conjunto de herramientas claras y eficaces de la DMA para abrir por fin oportunidades reales a los innovadores y a los consumidores”, ha concluido Vestager.