Financiación autonómica: La brecha entre lo que se aporta y lo que se recibe

Uno de los elementos esenciales que han surgido en el debate sobre la financiación autonómica es el del denominado principio de ordinalidad. Simplificando: que quienes son contribuyentes netos reciban al menos como la media o por encima de esta, no por debajo una vez aplicados los mecanismos de solidaridad con territorios de menor renta. Este es un punto que ha puesto sobre la mesa por ejemplo el candidato a la Generalitat por el PSC, Salvador Illa; porque afecta a las comunidades que más contribuyen al conjunto que, una vez realizado el reparto vía gasto o inversión del Estado, pierden muchas posiciones.

En la liquidación de 2021, la última de la que hay datos, ya que esta se produce con dos años de retraso, Catalunya era la tercera en aportar, con 3.124 euros por habitante, un 22% por encima de los 2.555,20 de media de las 15 autonomías de régimen común, pero tras la distribución de los recursos descendía al puesto 9º, con 3.015 euros por habitante, ligeramente por encima de la media (2.963), según los datos de Hacienda y el análisis posterior de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La Generalitat, que realiza los cálculos dividiendo por la población, no por la población ajustada, ponderada en función de necesidades como el envejecimiento o la dispersión poblacional, etc, arroja unas cifras ligeramente diferentes más alejadas de la media en la recepción de recursos; y añade el impacto del coste de la vida que, según sus estimaciones, la lleva a situarse en el penúltimo lugar (14º). El resultado no varía demasiado de un ejercicio a otro.

Lo mismo sucede con la Comunidad de Madrid, la primera en aportación, con 3.678,88 euros por habitante (casi el 44% más que la media), que bajó hasta el puesto 8º en recursos recibidos (3.024 euros); y el 15 -el último, ya que Euskadi y Navarra no forman parte del régimen común- si se tiene en cuenta el coste de la vida, como calcula la Generalitat. Por delante de Catalunya, en el segundo puesto como contribuyente, se situó Baleares (3.211,66 euros), más del 25% por encima de la media. Sin embargo Baleares conserva su segunda posición en el reparto de los fondos del sistema (3.397 euros), si bien baja al décimo (2.867 euros) al contabilizar el impacto del coste de la vida al estilo de la Generalitat. Otra comunidad que aporta por encima de la media es Cantabria, en el cuarto puesto, pero luego recibe más de lo aportado hasta situarse en el primer puesto. Le siguen Baleares, La Rioja, que es la séptima que más aporta; y Extremadura, que es la penúltima contribuyente. Según los datos de Hacienda, se sitúan por debajo de la media en recepción de recursos Castilla-La Mancha (la contribuyente número 13), Andalucía (contribuyente número 10), València (contribuyente número 6) y Murcia, que es la 12ª en aportación por habitante y la 15ª en recibir, la última.

Un elemento que desde el Ejecutivo catalán y muchos expertos destacan es la inflación, una variable que se debería tener en cuenta, ya que no es igual el coste de la vida en unos territorios que en otros. En la última reunión anual del Cercle d'Economia en Barcelona el mes pasado, el presidente de esta entidad, Jaume Guardiola, insistió ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la necesidad de run nuevo sistema definanciaciónn autonómica con capacidad financiera suficiente y la corresponsabilidad en ingresos y gastos y la capacidad normativa y recaudatoria de las comunidades. El modelo, agregó, debería contar "con un minimo nivel de solidaridad tasada y transparente y un principio de ordinalidad" que tenga en cuenta el coste de la vida.

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El Cercle formó parte de la veintena de entidades, entre las que están las 13 cámaras de Catalunya, Fomento del Treball, Femcat, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el RACC y Barcelona Global, que en marzo se aliaron para denunciar que el actual sistema frena el progreso económico de muchas comunidades, como Catalunya. Entre las propuestas incluyeron "un modelo federal o un pacto fiscal" que aseguraría que el nuevo sistema de financiación fuera "transparente y eficiente", acompañados de un mecanismo de solidaridad.

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Según este manifiesto habría que ampliar "de forma sustancial" la cesta tributaria y la capacidad normativa autonómica. Las organizaciones firmantes recordaban que sea el modelo que sea por el que se opte debe pactarse por el conjunto de las fuerzas políticas e introducir mecanismos que garanticen la lealtad institucional y blindar las competencias de cada administración. Otro de los requisitos, añadían, debería ser un sistema equitativo y que respete el principio de ordinalidad. Se trata de que se garantice que las comunidades que más aportan no pierdan posiciones en la clasificación una vez aplicado el principio de solidaridad. El sistema actual contempla un conjunto de variables específicas para asignar los recursos, como la estructura por edades de la población o la insularidad, pero no el diferencial del coste de la vida por territorios. "Un euro no compra la misma cesta de productos en todas las comunidades", recordaban.

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