La Airef urge al Gobierno a consensuar con autonomías y ayuntamientos el plan de ajuste fiscal

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha advertido este jueves de que España tiene "poco tiempo" para elaborar el plan de ajuste fiscal que todos los Gobiernos deben presentar en Bruselas antes del próximo 20 de septiembre, en el marco de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. Y ante esa urgencia, ha instado al Ejecutivo a consensuar cuanto antes dicho programa de ajuste con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para que sea factible lograr los compromisos: "Si queremos que se cumpla, no vale diseñarlo desde arriba, tiene que diseñarse desde abajo". El pasado abril, ya reclamó sin éxito al Ministerio de Hacienda que iniciar diálogos bilaterales con cada una de las comunidades autónomas, así como reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), además de considerar oportuna la convocatoria de una Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas,

En un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Herrero ha apuntado que a medio plazo será necesario un ajuste menor al de la anterior crisis, pero "más mantenido" en el tiempo, "lo que en ocasiones provoca agotamiento". Así, habrá que reducir la deuda de forma sostenida hasta 2038 o 2041 y mantener el déficit por debajo del 3%. "No me atrevería a decir que es un marco menos exigente que el anterior", ha advertido. En este punto, ha mostrado sus dudas sobre el objetivo del Gobierno de reducir el déficit al 2,5% en 2025: "El 2,5% no me sale, hay algún elemento que no conocemos".

La Airef estima que las nuevas reglas fiscales abocan a las cuentas del conjunto de las administraciones públicas a un ajuste del 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años (equivalente a unos 9.900 millones de euros para cada ejercicio, con datos de PIB de 2024). El nuevo marco europeo permite distribuir el ajuste en un periodo más amplio, de siete años, condicionado a determinados compromisos de inversión que Herrero ha considerado factibles. Para este supuesto, la Airef estima el ajuste anual necesario en el 0,43% del PIB (equivalente a un ajuste de unos 5.600 millones para cada uno de los siete ejercicios, con datos de PIB de 2024). En todo caso, se trataría de un ajuste aproximado de unos 40.000 millones (en euros de 2024) repartidos en cuatro o en siete años.

Según las estimaciones de su organismo, el gasto público neto deba crecer en promedio un máximo del 2,7% para cumplir las exigencias del nuevo marco en el caso de un ajuste en siete años, una cifra "exigente en comparación con el promedio histórico", que se ha situado por encima del 4,5% desde 2018 (con la excepción de 2021). Entre 2019 y 2023, ha añadido, el gasto neto creció un 5,9%, frente al 3,2% de los cuatro años anteriores. Además, ha destacado, el nuevo programa de ajuste no se podrá modificar anualmente, al contrario que con las reglas fiscales anteriores. 

Compromiso de todos

"Por eso es tan importante tener bien calibrado cuáles son los compromisos, pero también tener el compromiso de todas las administraciones", ha insistido. Las entidades locales, ha recordado, controlan un 12% del gasto público con competencias en materia de aguas, residuos, transporte urbano, asistencia social a mayores, entre otras. Las comunidades autónomas, a su vez, controlan otro 32% del gasto, con competencias en sanidad, educación y cuidados de larga duración. Y la administración central solo tiene margen de actuación sobre el 22% del gasto, porque el resto que le corresponde ya está comprometido (por partidas como la aportación al presupuesto europeo o las transferencias a otras administraciones). 

Herrero, en este contexto, ha demandado al Gobierno una "perspectiva integral" para abordar la estrategia de medio plazo necesaria para reducir la deuda. Y en esta línea, ha defendido que es conveniente abordar conjuntamente la reforma del marco fiscal nacional para adaptarlo a las nuevas normas europeas, la reforma del sistema de financiación autonómica y los mecanismos estatales extraordinarios de financiación de las comunidades. "El tiempo apremia. En septiembre hay que presentar el plan fiscal estructural y elaborar los presupuestos de cada administración pública", ha insistido. 

En este punto, ha rechazado valorar directamente la disposición del Gobierno a valorar una "financiación singular" de Catalunya dentro del marco general de financiación autonómica, si bien ha admitido que "cuanto mayor peso tiene una comunidad autónoma, más difícil es asumir ese tipo de regímenes" (en referencia, en este caso, a los conciertos fiscales como el vasco). "Con carácter general, no nos gustan los compartimentos estancos. Tiene que revisarse el sistema de financiación autonómico, tiene que haber objetivos de déficit asimétricos, pero tiene que haber una visión global. La aproximación fragmentada te puede llevar a sorpresas", ha insistido al ser preguntada sobre la posible financiación singular catalana.