Trabajo acuerda con patronal y sindicatos que las empresas incorporen protocolos contra el acoso LGTBI

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes un acuerdo con patronal y sindicatos para obligar a las empresas a tener protocolos contra el acoso a las personas LGTBI. La líder de Sumar ha confirmado que tiene consensuado ya un reglamento con los agentes sociales para hacer perceptivo que las compañías de 50 o más empleados deban negociar con sus plantillas una serie de medidas para garantizar la igualdad laboral de las personas con orientación o identidad sexual no normativa.

Lo que pasará, entre otros, por impartir cursos de sensibilización entre toda la plantilla, tal como ya adelantó este medio, o dar formación específica para la no discriminación al personal encargado del reclutamiento y las promociones, entre otros. La fecha de entrada en vigor de las medidas pactadas todavía no está definida. Según apuntan fuentes consultadas del Ministerio de Trabajo, este martes está previsto que sea aprobado en Consejo de Ministros por vía urgente, luego debe pasar por consulta pública y superar otros trámites por concretar en el calendario.

Las empresas de 50 trabajadores o más deben tener desde este lunes un protocolo contra el acoso LGTBI

La titular de Trabajo ha anunciado el acuerdo en una entrevista en 'La Sexta' y fuentes tanto de patronal como de los sindicatos lo confirman. Es el primer acuerdo en el seno del diálogo social en el que está la CEOE desde hace más de un año. La idea que manejan desde el departamento de Díaz es realizar un acto para formalizar el acuerdo sobre el reglamento, si bien todavía no está claro si en el mismo participarán los agentes sociales.

La confección de un reglamento común para que las empresas tengan una referencia y puedan cumplir la ley de igualdad aprobada el año pasado llega con retraso. Según lo estipulado en la Ley 4/2023, desde el 4 de marzo todas las compañías de 50 o más empleados debieren tener listas una serie de actuaciones para evitar discriminaciones en su seno. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no inició las conversaciones para definirlo hasta inicios de este año y no ha podido cerrar un texto conjunto hasta ahora.

Díaz suspendió las actuaciones de Inspección de Trabajo para revisar si las empresas cumplían o no con esta nueva obligación hasta tener pactado un reglamento que les sirva de referencia y les diga cuáles deberán ser las actuaciones concretas que deberá abordar. El espíritu de la norma busca generar espacios seguros en los centros de trabajo para frenar la discriminación al colectivo LGTBI. Según un informe que realizó el sindicato UGT al respecto, el 75% de las personas LGTBI consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas heterosexuales en el trabajo.

Curso de sensibilización obligatorio

Entre los distintos puntos que sí o sí deberá incorporar el protocolo contra el acoso LGTBI del que deberá disponer toda empresa se encuentra un curso de formación para la plantilla. Este deberá informar a toda la plantilla sobre “definiciones y conceptos básicos sobre diversidad sexual, familiar y de género", según figura en el borrador remitido a los agentes sociales tras la última reunión al respecto.

El 30% del colectivo LGTBI ha sufrido acoso y más de un 8% ha sido agredido

La idea es dar una serie de conceptos básicos para luego saber identificar las violencias y discriminaciones contra el colectivo LGTBI. También regular los criterios de promoción profesional, para evitar que las personas LGTBI puedan ver frenadas sus carreras por pertenecer a dicho colectivo, ya que esta es una de las fuentes más habituales de discriminación.  

Según ese borrador –que puede estar sujeto a cambios respecto al documento legal final-, las compañías que dispongan de un comité de empresa deberán sentarlo a negociar en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la norma. Lo que se puede traducir en antes de otoño. En el caso de no tener comité de empresa ni convenio al que acogerse, ese plazo se dilata hasta seis meses.

Y, siguiendo la estela de los planes de igualdad, se sentarán con la empresa a negociar representantes de los sindicatos mayoritarios en el sector. Aunque a diferencia de estos, no será necesario que las empresas registren ante la autoridad laboral sus protocolos. Algo que, sumado a otros factores, ha lastrado el despliegue de la ley de planes de igualdad.