Choque en el Gobierno por el impuesto a las energéticas: Sumar ataca a Ribera y se agarra a Montero para salvarlo

El futuro del impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas, que expira a final de año, está provocando un choque en el seno del Gobierno de coalición, con Sumar al ataque en plena campaña de las elecciones europeas del 9 de junio. Sumar hace una defensa a ultranza de la necesidad de convertir el gravamen en permanente; carga contra Teresa Ribera -vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y candidata del PSOE en los comicios comunitarios- acusándola de querer dejar extinguirse el impuesto a final de 2024; y dice encomendarse a la también vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para salvar el gravamen deslizando que la ven más proclive a mantenerlo más allá de su plazo de vigencia actual.

“Estamos muy sorprendidos de que el PSOE esté vendiendo una candidatura verde con el liderazgo de Teresa Ribera y que ella sea la primera que no defienda mantener los impuestos a las grandes energéticas. No se puede ser verde y a la vez premiar a las energéticas, no se puede ser verde y no apostar por una transición ecológica justa”, denunciaba Estrella Galán, cabeza de lista de Sumar en las elecciones del 9J, en una entrevista. “Creemos que hay ciertas contradicciones que deben resolver desde el PSOE y en particular debe explicarnos la propia Teresa Ribera, que es quien no está por la labor de mantener el impuesto a las grandes energéticas”.

En las últimas semanas la propia Teresa Ribera ha venido advirtiendo de la posibilidad de que impuesto se extinga a final de año, dadas las dificultades de contar con apoyos parlamentarios suficientes y en un contexto en que los beneficios de las grandes energéticas se van normalizado tras los récords históricos de años anteriores. Desde Sumar se señala a la ministra para la Transición Ecológica y se denuncia que ha optado por dejar de decaer el gravamen, a pesar de que el acuerdo de Gobierno de coalición PSOE-Sumar contempla el compromiso de hacerlo permanente.

La formación liderada por Yolanda Díaz, también videpresidenta del Gobierno de coalición, dice que se encomienda directamente a la otra vicepresidenta socialista del Gobierno y también ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para salvar el gravamen y apunta que con ella negociará su reforma, según anticipan fuentes de Sumar a este diario. Y es que el Gobierno, liderado por el Ministerio de Hacienda, se resiste a dejar caer el impuesto temporal a las grandes energéticas que creó para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías generados por las subidas de precios durante la crisis energética, y cuya vigencia expira a final de este año.

Fuentes próximas al Ministerio de Transición Ecológica desmienten con contundencia, sin embargo, ningún cambio de posición de Teresa Ribera sobre su apuesta firme por mantener el impuesto a las grandes energéticas y hacerlo promoviendo a la vez la reinversión en proyectos transición energética por parte de las compañías. El entorno de Ribera confirma su posición de no renunciar al gravamen y utilizarlo para incentivar inversiones verdes y que la vicepresidenta trabaja para ello. Desde el ala socialista del Ejecutivo se subraya que la posición es compartida tanto por Transición Ecológica como por Hacienda.

Expira a final de 2024

El Gobierno aprobó en lo peor de la crisis energética un nuevo gravamen temporal del 1,2% sobre las ventas -no los beneficios- de las grandes energéticas, las que facturan más de 1.000 millones de euros al año (gigantes como Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy), y que se aplicaría durante dos años. En su primer año de vigencia las grandes energéticas abonaron 1.650 millones de euros por la nueva figura impositiva, y este año abonarán una cantidad algo inferior.

Las grandes energéticas y las patronales que las agrupan han criticado con dureza el gravamen, han presentado recursos ante la Audiencia Nacional para intentar tumbar el impuesto por considerarlo ilegal y desproporcionado, y también han amenazado con la paralización de proyectos de inversión millonarios si el Gobierno prolongaba el gravamen extraordinario.

El Gobierno prorrogó el gravamen especial a las mayores petroleras, gasistas y eléctricas un año más, hasta final de 2024, y anticipó su intención de convertirlo en permanente pero reformándolo para permitir grandes deducciones a las compañías por las inversiones en transición energética que realizaran. La extensión del impuesto era uno de los puntos pactados entre PSOE y Sumar en su acuerdo de gobierno de coalición progresista.

El plan del Ejecutivo, incluido expresamente en el decreto ómnibus de final de año, pasaba cambiar el impuesto utilizando la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, pero finalmente renunció a presentar el proyecto legislativo por la imposibilidad de sacarlo adelante por la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Cataluña y las dificultades de sumar los apoyos de ERC y Junts en ese contexto.

Sin PGE para este año, el Gobierno tenía que utilizar otra norma con rango de ley si quería activar esa reforma del impuesto a las grandes energéticas y, además, debía encontrar apoyos parlamentarios suficientes para aprobarla en un momento especialmente complicado para sumar mayorías en el Congreso. Las reticencias de PNV (con quien pactó reformar el impuesto para incluir las deducciones por las inversiones verdes ya este mismo año) y de Junts para convertir en permanente el impuestazo complicaba la posibilidad de sacar adelante la reforma, y las voces anticipando que el gravamen se decaería sin más a final de año habían empezado a acumularse.

Reforma en los PGE de 2025

Moncloa no quiere resignarse a dejarlo caer y está dispuesto a tratar de seguir con el plan de hacer permanente el impuesto a las energéticas. El nuevo plan del Ejecutivo pasa por negociar con los grupos parlamentarios una reforma total del impuesto, mucho más ambiciosa que simplemente incluir deducciones por inversiones verdes e incluyendo otros cambios y nuevos incentivos para impulsar aún más claramente la transición energética para sumar el respaldo político necesario, según confirman fuentes gubernamentales oficiales a este diario.

Una reforma impositiva que se incluirá en el proyecto de ley de PGE de 2025, que el Gobierno ya ha confirmado que presentará y que pretende aprobar en los próximos meses A esta baza se agarra Sumar para negociar con la vicepresidenta Montero mantener el impuesto a las energéticas. Desde el Ejecutivo se reconoce que será complicado sumar el respaldo suficiente para convertir en permanente el impuesto.

El acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar que permitió reeditar el gobierno de coalición progresista contemplaba mantener los impuestos sobre las grandes energéticas y la gran banca más allá de los dos años inicialmente previstos. “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual,.para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”, indica el texto. Un plan que puso de inmediato en pie de guerra a las grandes energéticas ante la posibilidad de que el gravamen extraordinario se convirtiera en permanente.