Trece constructoras pujan por el 'megacontrato' de la Ciudad de la Justicia de Madrid

Las obras de la nueva Ciudad de la Justicia empezarán en 2025. Esta vez parece que no habrá sobresaltos. Un total de trece constructoras, agrupadas en cinco consorcios, entre ellas las más grandes del país, han presentado su oferta a la licitación lanzada el pasado mes de febrero por la Comunidad de Madrid para la construcción del nuevo complejo judicial de la región, que durante las últimas dos décadas ha visto como los proyectos se anunciaban, pero pasaban de largo.

El primer lote, licitado por 202 millones y que supondrá la construcción de 154.000 metros cuadrados, ha recibido ofertas de cinco uniones temporales de empresas: OHLA, Azvi y River, Ortiz, Lantania y Vías y Construcciones (ACS); San José y Avintia; Dragados (ACS) y Acciona; y Ferrovial, Sacyr y FCC. Este incluye la puesta en marcha el Tribunal Superior Justicia de Madrid, las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, dependencia y salones, un aparcamiento 2.900 plazas, 460 plazas de aparcamiento restringido y la urbanización perimetral.

El segundo lote corresponde a la construcción de los juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales, la fiscalía, los servicios comunes, el depósito de efectos, el archivo y el aparcamiento subterráneo y restringidos 2.000 plazas. A este concurso han concurrido los consorcios anteriormente mencionados, a excepción del de Lantania y Vías y Construcciones. Este es la licitación con más valor, con un presupuesto de 476 millones de euros.

En octubre de 2023, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, renunció a construir la Ciudad de la Justicia a través de una concesión, que es lo que se había perseguido en los años anteriores. Pero llegó la pandemia y luego la guerra en Ucrania, comenzó a subir el coste de los materiales y la inflación ahuyentó a las empresas que inicialmente podrían haber estado interesadas en el modelo concesional de este 'megaproyecto'. La obra quedó así empantanada en la pasada legislatura tras haber anunciado que a la tercera lo conseguirían.

La Ciudad de la Justicia lleva pintada sobre el papel más de 20 años, pero no ha dejado de ser un proyecto fantasma en todo este tiempo. Los casos de malversación y la corrupción que la han acompañado en las últimas dos décadas, junto a la crisis económica, han impedido que pasara del dibujo a la obra. En esta ocasión, el concurso se aprobó por un importe de 683 millones de euros para las distintas fases de la obra y la previsión es que una vez que finalice el proceso de adjudicación los primeros pasos de la obra comiencen a principios de 2025 y se extiendan hasta 2028.

Según confirmó Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, la licitación se adjudicará de forma definitiva antes de final de verano. Entonces, las empresas que salgan ganadoras contarán con nueve empresas para redactar los proyectos arquitectónicos definitivos. "Antes de marzo de 2025 los recibiremos en la Consejería y las empresas estarán en disposición de empezar las obras durante el primer semestre", señaló, durante la rueda de prensa en la que anunció las empresas concursantes.

El proyecto y sus plazos

La nueva Ciudad de la Justicia unificará en un solo complejo situado en Valdebebas las 26 sedes judiciales que en estos momentos se encuentran dispersas en diferentes puntos de la ciudad. Para que pueda estar terminada en 2028, la idea es que se vayan superponiendo las fases de construcción a lo largo de los próximos tres años.

El desarrollo contará con una decena de edificios "totalmente digitalizados y eficientes" y se calcula que dará servicio a cerca de 33.000 personas cada día una vez que se ponga en marcha. El proyecto, que ocupará una superficie de 460.000 metros cuadrados, reserva un 30% del espacio para absorber la previsible demanda futura y el crecimiento de la planta judicial en los próximos 40 años.

Según los cálculos de la Comunidad de Madrid, en septiembre de 2026, podrán entrar en servicio el Tribunal Superior de Justicia, las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, los Juzgados de Primera Instancia generales y sus aparcamientos restringidos, el aparcamiento público y otro restringido y los servicios administrativos polivalentes.

La segunda fase, que se ejecutará entre octubre de 2026 y septiembre de 2027, incluye el edificio de la Fiscalía, los Juzgados de Menores, los Juzgados de Primera Instancia de Familia, de Incapacidades, de Cláusulas Suelo, los Juzgados de lo Mercantil, Social y Contencioso-Administrativo, además de todos los edificios con sus correspondientes aparcamientos subterráneos y servicios auxiliares.

Por último, entre octubre de 2027 y diciembre de 2028, las constructoras levantarán el resto de inmuebles: los Juzgados de Instrucción, Penal, Violencia sobre la Mujer y Vigilancia Penitenciaria, el depósito de efectos judiciales, el archivo y el resto de edificios. "Según se vayan finalizando las obras correspondientes a las distintas fases, se irán programando y llevando a la práctica los correspondientes traslados", ha concluido Miguel Ángel García Martín.