¿Cómo se protege el cobre en el mundo?

Italia: Un observatorio nacional para los robos

El robo de cobre en Italia es tan común que ya no sorprende. En marzo del año pasado, un gran robo de este material incluso provocó una incidencia casi tan grave como la ocurrida recientemente en Catalunya: las líneas telefónicas e internet del barrio de Prati, una de las zonas más acaudaladas de Roma, dejaron de funcionar debido al hurto de bobinas de cobre. Posteriormente, cuatro hombres de entre 63 y 42 años fueron arrestados: habían almacenado cables telefónicos con un peso total de aproximadamente de 485 kilogramos y estaban a punto de depositarlos en un almacén cuando los agentes los detuvieron.

El fenómeno ha sido tan extendido que en Italia se creó hace diez años un Observatorio Nacional para los Robos de Cobre, en el que participan varias instituciones y cuya tarea es vigilar y prevenir estas situaciones. Esta ha sido una de las medidas adoptadas en los últimos años para intentar frenar este delito.

De esta manera, antes de la pandemia del covid-19, disminuyeron levemente los casos y hubo a grandes incautaciones de cobre robado por parte de la policía. Además, se han comenzado a aplicar castigos más severos. Tan solo en este mes de mayo, miembros de una banda que se dedicaba a estos robos fueron condenados a nueve años de prisión después de que un tribunal de Véneto (norte) los declarara culpables.

La compañía estatal de trenes, Trenitalia, estimó en 2016 que más de 2.300 trenes habían acumulado un total de 32 días de retrasos debido a estos robos. Desde entonces, siguen descubriéndose casos que preocupan a la opinión pública y a las fuerzas del orden, pero la situación no puede considerarse de alarma ni es objeto de debates públicos. Los autores de los robos, tanto extranjeros como locales, son en su mayoría delincuentes comunes. IRENE SAVIO

Alemania: uso de otros metales y mayor vigilancia

La Deutsche Bahn, la compañía de ferrocarriles alemana, ha registrado en los últimos dos años un número creciente de robo de metal , incluido el cobre. Sin embargo, comparado con la 'plaga' que se vivía diez años atrás, parece estar ganándole el terreno a los ladrones. Unos 450 casos se contabilizaron en 2023, un incremento del 8 % respecto al año anterior, según cifras de la compañía. En 2013, sin embargo, se había alcanzado una cifra récord de 3.200 casos.

Los daños económicos causados por estos robos el año pasado se estiman en siete millones de euros. Pero mucho peor que esas pérdidas con los estragos en la imagen de los trenes alemanes y que ahonda en la crisis de credibilidad que arrastra la Deutsche Bahn. Apenas uno de cada tres trenes de alta velocidad, los ICE, llegan puntuales a su destino, admite la propia compañía. El pasajero habitual encaja las explicaciones de que el retraso de su tren o la suspensión total del servicio en su trayecto se debe al robo de cobre con bastante escepticismo. Ocurre que ese usuario ha escuchado ya suficientes "excusas" para explicar otras demoras o supresión de servicios, de modo que llueve sobre mojado.

El descenso en el número de casos de robo de cobre se debe a que la propia empresa ha empezado a sustituir este metal por otros menos codiciados cuando ello es posible. Con esta estrategia se consigue al menos atraer menos a las bandas especializadas en este delito que, en Alemania, puede acarrear penas de entre unos meses de cárcel a tres años. Las penas se han endurecido en los últimos años, ya que se considera un delito atentatorio contra la seguridad viaria y contra las infraestructuras críticas.

También se han incremenado las medidas de seguridad y la vigilancia para evitar tanto robos como acciones de sabotaje. Pero la propia Deutsche Bahn reconoce que la vigilancia absoluta y la seguridad antirobo no es posible: la red de ferrocarriles alemanes se extiende por 34.000 kilómetros. - GEMMA CASADEVALL

Reino Unido: Un registro detallado de proveedores

Los robos de metales en el Reino Unido, incluido el cobre, han ido en aumento en los últimos años y se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza para las autoridades. Así lo afirma un informe publicado a principios de año por un grupo de diputados del Parlamento británico, que señala que en 2022 –el último año del que se tienen datos– se registraron 1.663 robos de cobre, un aumento de un 30% respecto a los dos años anteriores. El robo de metales en el Reino Unido tiene un impacto estimado de más de 500 millones de euros anuales.

Los expertos señalan que este tipo de delitos suelen aumentar a pequeña escala en los períodos de dificultad económica, pero insisten en que el grueso de los robos son practicados por bandas organizadas que pueden contar con hasta 200 personas. Se estima que en el Reino Unido existen alrededor de 60 bandas de este tipo, las cuales están detrás de la extracción de cables de cobre en infraestructuras como las líneas de tren, las redes de telecomunicaciones o las plantas energéticas. El material es vendido posteriormente a un precio que ronda los 7.000 euros por tonelada.

El Parlamento británico aprobó a principios de la pasada década dos leyes que obligan a los compradores de este material a tener un registro detallado de sus proveedores y les impiden pagar en efectivo, entre otras medidas. Unas normas que contribuyeron a la reducción de este tipo de delitos durante un tiempo, pero que no han evitado el reciente repunte de casos. “En partes de la administración central y local, el robo de metales no recibe la prioridad que debería, teniendo en cuenta su coste para la economía del Reino Unido y para el día a día de las personas”, asegura el diputado conservador Andrew Selous en el informe.

Entre las recomendaciones para frenar este tipo de delitos están la creación de un registro detallado sobre el tipo de robos y las cantidades, así como destinar más recursos al combate contra las bandas organizadas. Los diputados también han recomendado la creación de un grupo de trabajo especializado, coordinado por el Ministerio del Interior, y formado por representantes de las autoridades locales, las fuerzas policiales y las agencias medioambientales. LUCAS FONT

EEUU: un peligro para la seguridad nacional sin respuesta federal

En Estados Unidos los robos de cobre tienen en alerta al FBI por lo menos desde el 2008. Entonces la Oficina Federal de Investigaciones alertó de que los ladrones de ese metal habían incrementado su actividad en los dos años previos y amenazaban infraestructura crítica al atacar “por lucrativos beneficios” desde vías de tren a subestaciones eléctricas, torres de teléfonos celulares y de líneas telefónicas de tierra, estaciones de saneamiento, así como lugares de construcción y casas abandonadas. “Los robos presentan un riesgo tanto para la seguridad pública como para la seguridad nacional”, escribía entonces la agencia federal.

Pese a ello, nunca se ha adoptado legislación federal, aunque en 2013 se presentó una propuesta de ley que no llegó a votarse. El doctor Ben Stickle, profesor de justicia penal en una universidad estatal de Tennessee y autor de un libro sobre robo de metales, explica en una entrevista telefónica que “aunque es un tipo de crimen que tiene el potencial de un amplio impacto desafortunadamente no hay ningún grupo bien organizado que intente abordar esta cuestión”.

La responsabilidad de lidiar con esos robos y los de otros metales recae, así, tanto en organizaciones privadas como en los estados. Y en los 50 tanto legislaturas como municipios han aprobado normativas para combatirlos.

Esas leyes no son uniformes y tienen requerimientos variados. Por lo general incluyen para los recicladores de metal restricciones al efectuar compras del material y obligaciones a la hora de mantener registros o de informar a las autoridades de operaciones sospechosas. Tejas, por ejemplo, obliga a fotografiar a los vendedores de los metales, ayudando a potenciales identificaciones en robos.

Numerosas ciudades han creado grupos de trabajo en sus fuerzas del orden dedicados exclusivamente a lidiar con los robos y las leyes se van enmendando regularmente para abordar mejor problemas específicos locales o para endurecer las penas asociadas a las sustracciones y sumar cargos cuando estas afectan a infraestructuras o crean peligros para la seguridad.

Recientemente, por ejemplo, tras cientos de robos en el sistema de alumbrado público, el condado de Clark, en Nevada, estableció ese grupo de trabajo para perseguir criminales y creó un sistema de recompensas. Lo mismo hizo en febrero el consejo municipal de Los Ángeles después de que se dispararan los casos de robos de cobre de unos 600 casos al año en 2019 hasta los casi 7.000 del último año fiscal. “Las señales ferroviarias no funcionan por robo de metales poniendo en riesgo trenes llenos de gente por 20 o 30 dólares de cobre”, denunció Paul Krekorian, el presidente del consejo. “Es absolutamente intolerable en cualquier sociedad”. IDOYA NOAIN