Cuentas públicas
¿Cuánto gasta la Generalitat en alquileres? ¿Cuáles son los más caros?
La Generalitat cambia de política y vuelve a apostar por los inmuebles en propiedad
![La fachada de la prisión de Figueres, Puig de les Basses.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d7ac749e-bebb-4279-b1a3-85649e367f43_21-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
La fachada de la prisión de Figueres, Puig de les Basses. / ARIADNA SALA
![Agustí Sala](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/4650353f-1f7b-48b4-a698-2c64854f4ea3_source-aspect-ratio_default_0.jpg)
![Agustí Sala](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/4650353f-1f7b-48b4-a698-2c64854f4ea3_source-aspect-ratio_default_0.jpg)
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
La Generalitat destinó el año pasado un total de 275 millones de euros en alquileres, que incluyen desde las oficinas a las instalaciones llevadas a cabo mediante derechos de superficie, como las cárceles, las comisarías, los juzgados, escuelas o los centros de asistencia primaria (CAP). Una parte del total, 80 millones, corresponde a oficinas que, según las previsiones de la nueva política patrimonial del Ejecutivo catalán que quiere volver a incrementar el peso de los inmuebles en propiedad, vencen en los próximos años.
Son precisamente los derechos de superficie los que copan dos terceras partes de esta partida. El método es el siguiente: tras un concurso, el sector privado construye y se hace cargo de los costes y, una vez finalizadas las instalaciones, la administración paga un alquiler durante más de 20 años (suelen ser 32 años en las cárceles) y al finalizar el plazo, el edificio pasa a ser propiedad pública. La mayoría de este tipo de edificaciones se firmaron en otros gobiernos, algunos en la etapa de CiU con Jordi Pujol y Artur Mas al frente; y otros durante el tripartito, con Pasqual Maragall y José Montilla.
Con costes por encima de los 100 millones de euros en algunos casos y constructoras convertidas luego en 'caseros', como Comsa o Ferrovial, entre otros, en el apartado de cárceles, adscritas a Justícia, Drets i Memòria, la que supone un mayor coste anual es la de Mas Enric, en El Catllar Puig (Camp de Tarragona), con 14,9 millones anuales. Le siguen la del Puig de les Basses, en Figueres (Alt Empordà); con 14,17 millones anuales; Can Brians 1 y 2 en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat,) con 9,9 millones; Els Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), con 8,7 millones; y la cárcel de jóvenes de Quatre Camins, en La Roca del Vallès, con 7,6 millones, según la previsión recogida en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2024.
Otro de los inmuebles que supone un coste elevado a través de los derechos de superficie es la sede central de los Mossos en Sabadell (Vallès occidental), con un total de 4,9 millones anuales. Estas instalaciones las construyó una filial de la ACS de Florentino Pérez, que edificó otras comisarías. De hecho en 2018, esta filial, Iridium, vendió el 80% de 11 comisarías de los Mossos al fondo británico RiverRock European Capital Partners. En este paquete estaban también las comisarías de Barberà del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Montcada i Reixac, Ripollet, Terrassa, Cerdanyola del Vallès y Santa Perpètua de la Mogoda.
En lo que respecta a las oficinas, dentro de Presidència destacan el Centre Cultural Blanquerna y la Llibreria Catalana en la calle de Alcalá en Madrid, con 494.260,80 euros de alquiler anual más otros 55.436,51 euros en otro gastos, como los de comunidad. A este se añaden otros espacios, incluidas plazas de párking en el mismo inmueble en la capital de España que suman 389.905 euros más y otros 130.156 en gastos comunitarios. En total la presencia en Madrid supone más de 884.000 euros anuales de alquiler y más de 185.000 en gastos comunitarios. La delegación del Govern en Bruselas, adscrita a Acció Exterior; supone una renta de 907.748,68 euros anuales y el centro de atención y gestión del 112 en Reus (Baix Camp), adscrito a Interior, de 2,089 millones anuales. En las cuentas para 2024 figura también el despacho del expresident José Montilla en la avenida Diagonal de Barcelona, con 117.053,64 euros más otros 8.019,74 en gastos comunitarios y demás.
![Edificio del 112 de Reus.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/b06286bc-8335-4b03-9e22-511b30ecddbf_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg)
Edificio del 112 de Reus. / Cedida
La Conselleria de Interior carga también con una importante factura en alquileres por derechos de superficie. Además del cuartel general de los Mossos en Sabadell, destacan instalaciones como la comisaría de la plaça d'Espanya en Barcelona, con 2,5 millones anuales de renta. Otras cargas importantes son los edificios que albergan a la Conselleria de Territori, en la avenida Josep Tarradellas de Barcelona; y Educació, en la via Augusta, también en la capital catalana, con rentas de 6,1 millones más otros gastos como los de comunidad por 161.595,35 euros; y 5,9 millones, respectivamente. También hay algunas hipotecas por inmuebles adquridos en su día, como la sede de la Secretaria de Treball en la calle Sepúlveda de Barcelona, con 523.738,56 euros para 2024; o la sede de Interior, en el passeig de Sant Joan, que tiene asignados este año 523.738,56 euros.
La nueva estrategia del Govern, que supone un giro de 180 grados después de que el antiguo Govern de CiU vendiera inmuebles por más de 500 millones y luego firmara contratos de alquiler, consistirá en reubicar al personal en dependencias propias. Ello se realizará mediante la participación en la construcción en la Torre Nova en la Fira, en la zona del distrito administrativo actual, con una inversión de 68 millones; la rehabilitación, como la de la Torre Muñoz, donde se encuentra la Conselleria de Empresa o la optimización de espacios actuales, ya sean en propiedad o en alquiler.
Tras la crisis del 2008, el Govern, entonces presidido por Artur Mas y con Andreu Mas-Colell como 'conseller' de Economia, necesitaba recursos y vendió patrimonio inmobiliario en Barcelona con contratos de arrendamiento asociados. La consecuencia fue pasar del 63% de edificios en propiedad al 22% en Barcelona y su área. El objetivo ahora es subir al 68% los inmuebles en propiedad en 2038.
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