La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y Adif afrontan el mismo dilema que el Barça con las subcontratas

Las grandes obras civiles licitadas por las administraciones públicas acaban requiriendo un gran desembolso de dinero y no siempre acaban exentas de polémica. Los retrasos y los sobrecostes son los contratiempos que más frecuentemente acaban reluciendo de cara al ciudadano, si bien las largas cadenas de subcontratación que se generan en proyectos de tales magnitudes también pueden acabar derivando en condiciones laborales cuestionables para los peones que las hacen posibles.

Tras meses de investigación, EL PERIÓDICO ha podido constatar que las prácticas laborales que denunciaron los trabajadores de las subcontratas del Camp Nou -y que pasó a investigar la Inspección de Trabajo- también se están reproduciendo en obras como las del tranvía de Barcelona, la construcción de la L9 del metro o la estación de alta velocidad prevista en La Sagrera, entre otros.

Trabajadores de las obras del Camp Nou denuncian "explotación laboral"

Las presuntas irregularidades denunciadas a este medio por una decena de trabajadores empleados en empresas subcontratadas consisten, eminentemente, en salarios pagados por debajo del convenio colectivo del sector y horas adicionales no reconocidas. Prácticas análogas a las denunciadas en la remodelación del estadio blaugrana, pero en vez de una obra privada, en licitaciones públicas.

Dichos trabajadores están contratados por empresas que están, a su vez, subcontratadas por las grandes constructoras que son las que interlocutan directamente con la administración. Estas se presentan a los concursos públicos, los ganan, se adjudican los presupuestos y luego recurren a estas firmas subcontratadas para proveerse del ejército de peones que, distinguidos con un peto de color chillón, son los que mayoritariamente luego ve el ciudadano.

¿Tiene responsabilidad el Barça en los posibles fraudes detectados en el Camp Nou?

En el caso del Camp Nou, según las distintas fuentes jurídicas consultadas en su momento, las responsabilidades legales para el Fútbol Club Barcelona de lo que pasara en materia salarial en las subcontratas eran prácticamente nulas. En tanto que la carga legal recaía, eminentemente, en la empresa encargada de las obras: Limak. Y, según las mismas fuentes consultadas, en el caso de las obras públicas el guion es el mismo. Las administraciones pueden llegar a tener responsabilidad directa en aquellas cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales, pero no en caso de incumplimientos salariales. Eso es cuestión de la contrata principal.

Cláusulas para minimizar el fraude

Las administraciones públicas, de todas maneras y dado su rol social, tratan de minimizar los posibles fraudes a través de cláusulas en sus contratos. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Barcelona explican como la empresa pública Bimsa, encargada de muchas licitaciones, incluye por defecto una clausula de seguridad y salud específica de las obras que va más allá, según precisan, del mínimo legal e incluye penalizaciones económicas en caso de siniestros para la contrata. Fuentes del Departament de Territori de la Generalitat explican a este medio que en sus adjudicaciones también proyectan clausulas similares.

Como las largas cadenas de subcontratación dificultan el control de todos los eslabones, el Ayuntamiento de Barcelona trata de premiar con mayores puntuaciones en los concursos a aquellas empresas que concurran con una mayor proporción de personal propio. Lo que luego minimiza las necesidades de subcontratación. No obstante, la confección de la ley de contratos del sector público da un peso preminente al precio -es decir, cuanto más barato para la administración, mejor-, lo que diluye el efecto de esas clausulas sociales en la elección final del contratista.

Para accionar las penalizaciones contempladas en las cláusulas, no obstante, las administraciones públicas deben aguardar a que primero Inspección de Trabajo se persone y detecte posibles fraudes. Principalmente se mueven a raíz de denuncias previas de los trabajadores, algo inhabitual en el sector de la construcción. En 2023 la 'policía laboral' llevo a cabo un total de 8.959 actuaciones en el sector, tanto en obra privada como en pública. "La Inspección de Trabajo de Catalunya actúa de manera permanente para preservar los derechos de las personas trabajadoras al país y contra la vulneración de la legislación laboral", afirman desde el Departament de Treball.

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