Más del 90% de los interinos se quedan en la Generalitat tras las 'macrooposiciones'

La Generalitat de Catalunya, al igual que el resto de las administraciones públicas en España, lleva dos años inmersa en un macroproceso para estabilizar casi 60.000 empleos públicos actualmente ocupados por personal interino. Una senda que no ha estado exenta de polémicas, como el fiasco de las oposiciones multitudinarias que tuvieron lugar el pasado abril y que tuvieron que ser repetidas debido a la mala organización y el riesgo de impugnación. 

Este pasado viernes la administración catalana comunicó oficialmente las notas definitivas de dichos exámenes a los opositores participantes para una plaza de personal laboral y la semana que viene hará lo propio con los funcionarios. Las evaluaciones confirman la tendencia que las anteriores pruebas ya iban marcando: 9 de cada 10 plazas sacadas a estabilización se las acaban adjudicando trabajadores interinos, según el balance provisional que confirma la conselleria de Presidència a EL PERIÓDICO. Según esos mismos datos, el personal estabilizado rondarían los 38.000 empleados públicos.

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Las personas que no han superado el proceso de estabilización o que habiéndolo superado no han logrado plaza tendrán derecho a una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado, con tope de 12 mensualidades, tal como establece la ley.

El sector público ha vivido durante décadas abusando de esa figura del interino para cubrir sus vacantes y tapar las largas y tortuosas convocatorias de empleo público, que entre que se anuncian y se acaban adjudicando pasan años. Así lo han acreditado múltiples sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que acabaron forzando al Gobierno a legislar en consecuencia, activar la maquinaria de macro estabilizaciones y romper con una inercia histórica y especialmente acuciada tras los recortes de la década pasada.  

No en vano la temporalidad, aquella lacra que históricamente se asociaba a las malas prácticas del sector privado, vive hoy disparada en la Administración mientras la reforma laboral ha logrado domarla en las empresas. Según los últimos datos del INE, la eventualidad es del 29,6% en el sector público y en el privado menos de la mitad, un 13,2%.

El objetivo del macroproceso de estabilización en la Administración es solucionar la situación de aquellas personas que llevan años esperando una oportunidad para consolidar una plaza y no estar pendientes de cuándo volverá la persona que están cubriendo de la baja o cuándo se concretará ese traslado. 

Todavía no está culminado, de ahí que sus efectos todavía no se plasmen en estadísticas como las del INE. 2024 es el último año, según establece la ley, que tienen las distintas administraciones para finiquitar sus diferentes concursos de méritos y concursos oposiciones. Luego esa ventana de oportunidad y mayor flexibilidad en las convocatorias que habilita la conocida como ‘ley Iceta’ se cierra y vuelven las normas más rígidas de las convocatorias ordinarias de empleo público. El objetivo que tienen las distintas administraciones es bajar de ese casi 30% de temporalidad a un 8%.

Recta final

En Catalunya, de los tres cuerpos funcionariales principales (técnicos de los departamentos, docentes y sanitarios), los dos primeros ya tienen prácticamente cerrados sus procesos de estabilización. En el caso de los sanitarios, el grueso de las plazas deberán esperar hacia finales del primer trimestre, cuando está previsto que se resuelva el concurso de méritos y se celebre el de oposición. 

De momento, el balance preliminar de la estabilización entre el personal técnico y docente es el siguiente. En el primer cuerpo el 95% de las personas que se han adjudicado una plaza ya estaban trabajando en la Generalitat. Por lo que respecta a los docentes, la ratio es ligeramente más baja pero por encima del 90%. Un 8'2% de las plazas adjudicadas se las han llevado personas que actualmente no estaban impartiendo clases en el sistema público de la Generalitat. Es decir, se las han adjudicado o bien profesores de la concertada, que impartían clases en otras comunidades autónomas o que se incorporan por primera vez a la docencia.

“El ERE masivo que algunos anunciaban ha quedado demostrado que era absolutamente falso", se congratula el portavoz en el sector público de CCOO de Catalunya, Manel Pulido. Desde la UGT leen, en parte, sus recientes buenos resultados en las elecciones sindicales por la negociación de estos procesos de estabilización.

Y es que la 'ley Iceta', que establece esas bases para las macro pruebas, la firmaron CCOO y UGT y contó con el rechazo del resto de fuerzas sindicales, que vieron demasiado laxas las garantías para que el personal interino retuviera su plaza. "Pese a que se ha demostrado que en determinados cuerpos han faltado plazas, podemos estar satisfechos. No ha habido ERE encubierto", reconoce la portavoz de la IAC, Assumpta Barbens. 

Está previsto que durante la primera mitad del 2024 los macro procesos de estabilización estén finiquitados y ello derivará en una segunda ola de oposiciones. Estas serán de corte ordinario, concretamente de aquellos exámenes pendientes que las pruebas extraordinarias obligaron a aparcar. Las ofertas públicas de empleo (OPE) del 2021, 2022 y 2023 deberá ir publicándolas la Generalitat, probablemente a partir de junio, calendarizando un volumen de plazas a concurso sin precedentes. Solo el año pasado se aprobaron 14.032 plazas, en 2022 fueron 6.133 plazas y en 2021 un total de 4.020.

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