La presidencia española de la UE impulsa un mayor control a las ayudas eléctricas de los Estados a sus empresas

Vuelta a la rutina en Bruselas con una nueva propuesta de reforma del mercado eléctrico. España, que ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea, ha planteado a los Veintisiete un nuevo texto sobre el principal escollo que ha impedido que todavía no haya acuerdo: los llamados Contratos por Diferencias. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es muy similar al que envió el pasado mes de julio, pero con matices sobre las concesiones y con el refuerzo del control en la redistribución de los ingresos de los Contratos por Diferencias para evitar ayudas de Estado de los países como principal novedad del texto. La propuesta será objeto de debate de la mesa de los embajadores permanentes de los Veintisiete (Coreper) que se reúne este miércoles.

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“Soy optimista en la posibilidad de que haya un acuerdo en las próximas semanas”, afirmó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada tras reunirse en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de coordinar el Pacto Verde, Maros Sefcovic. “Hay algunas preocupaciones provenientes de los dos grandes países sobre cómo sus posiciones pueden reflejarse y qué impacto potencial podría tener esto para sus industrias. Y eso es lo que necesitamos para estar seguros de que sienten cómodos. Pero no porque sean dos países los que necesiten sentirse cómodos, sino porque el interés europeo y todo el conjunto de los Veintisiete se sienten cómodos”, añadió.

Los contratos por diferencias son una forma de subsidio según la cual un Estado acuerda con un generador un precio fijo de compraventa de electricidad a largo plazo. En función de si el precio real en el mercado es mayor o menor que esa referencia, el Estado devuelve la diferencia al productor o al revés. Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunieron a mediados de junio en su primer intento por cerrar un acuerdo político, pero la discusión saltó por los aires por la forma de redistribuir los ingresos generados por estos contratos por diferencias y su aplicabilidad a las instalaciones de producción de electricidad existentes. 

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Dos grandes corrientes lideradas por Francia y Alemania taponaron la discusión desde el principio. El primero quiere aplicar el esquema de subsidios a las instalaciones existentes (la propuesta de la Comisión Europea se dirige solo a las nuevas inversiones) para conseguir precios baratos para su energía nuclear, mientras que el segundo defiende que los ingresos que generen estos instrumentos se dirijan no solo a los consumidores, como planteaba España y otros países, si no que también puedan beneficiar a las empresas para poder, así, ayudar a su industria. Además, Polonia pide mantener los subsidios del mecanismo de capacidad para las plantas de generación eléctrica con carbón.

Ya bajo la presidencia española, en el mes de julio, se elaboró un primer borrador que allanaba los intereses de los tres países. En el caso de Francia, al introducir la extensión de los subsidios públicos a la generación existente, siempre que repotencien o aumenten su capacidad "sustancialmente" o incrementen su vida útil "en al menos 10 años". En el caso de Alemania al establecer la posibilidad de que los ingresos generados por los contratos por diferencias se dirijan a las empresas "en proporción a su participación en el consumo". Mientras que también se contentaba a Polonia al abrir la puerta a que las centrales térmicas reciban pagos por capacidad.

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Ahora, un nuevo borrador enviado la semana pasada consolida esos cambios, pero añade algunos matices. En el primer caso, al eliminar la coletilla de los 10 años para las instalaciones que incrementen su vida útil y en el segundo con una salvaguardia que asegura que si un Estado miembro distorsiona la competencia del mercado interior, la Comisión Europea puede ponerle coto al "fijar un límite" en la distribución de esas ayudas a las empresas y al incluir entre los condiciones para su diseño la de "evitar distorsiones en el mercado interior resultantes de la redistribución de ingresos a las empresas".

"Si la Comisión considera que la redistribución de ingresos de un Estado miembro distorsiona el mercado interior, la Comisión Europea podrá decidir, en ese caso, imponer un límite a la distribución de esos ingresos a las empresas por parte del Estado miembro", se lee en el nuevo borrador. La versión anterior limitaba el papel de la Comisión Europea en caso de abuso de mercado a "emitir recomendaciones dirigidas a abordar esas distorsiones".

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