Aragonès evita pronunciarse sobre si el Gobierno debe o no invocar la ley 'anti opas’ en Celsa

El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a los fondos acreedores de Celsa para que, una vez tomen el control efectivo del gigante siderúrgico, mantengan la integridad del grupo industrial, el centro de decisiones en Catalunya y la totalidad de los empleos en sus acerías y fábricas. Actualmente el conglomerado empresarial emplea a más de 10.000 personas en toda España, unas 2.400 de ellas en Catalunya, con la factoría de Castellbisbal como la principal planta.

No obstante, Aragonès ha rehuido pronunciarse este jueves en un acto en Cerdanyola sobre si el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez debe invocar o no la ley 'anti opas' para frenar la entrada de los fondos acreedores y evitar así desbancar a la familia Rubiralta, una vez un juez ya ha avalado el plan de reestructuración de los primeros y ha autorizado a que tomen el 100% de la propiedad del grupo.

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Y es que esta operación -en tanto que Celsa es el tercer mayor productor de acero de Europa- está sometida a la normativa de control de inversiones extranjeras, de acuerdo al real decreto ley 571/2023 de control de inversiones extranjeras (conocido como 'decreto anti-opas'). "Eso deberá valorarlo el Gobierno", ha declarado Aragonès a preguntas de los medios.

Desde la Generalitat se han movido anteriormente tanto simbólica como materialmente a favor de los Rubiralta y su proyecto industrial. El propio Aragonès ha recordado que la administración catalana avaló con 45 millones de euros créditos a la siderúrgia. Y una semana antes del juicio que acabó perdiendo los Rubiralta, la Generalitat emitió un comunicado en el que apostaba por que los fondos acreedores aceptaran el plan de viabilidad consensuado con el Gobierno, según el cual estos aceptaban una quita de parte de la deuda y la Administración ponía 512 millones de euros en forma de rescate.

Desde el Ejecutivo, en tanto que su competencia, deberán finalmente decidir si mueven o no ficha para evitarlo y que Celsa deje de ser la mayor empresa familiar catalana. Todavía no hay fecha concreta de cuándo pasará a manos de sociedades inversoras de origen extranjero que prestaron unos 2.400 millones de euros a los Rubiralta y que ahora -previa victoria judicial y en virtud de la nueva ley concursal- se los cobran en forma de propiedades.

Coincidencia entre administraciones

El objetivo número 1 para la Generalitat es que Celsa continúe siendo "un actor industrial de primer nivel", para lo que exige el mantenimiento de la integridad del grupo, sin entrar en quien debe ostentar la propiedad. La 'conselleria' de Empresa ha mantenido reuniones estos días tanto con los Rubiralta, los fondos acreedores y representantes de la plantilla, para supervisar la transición, según ha explicado el 'conseller' Roger Torrent.

Esa tríada de condiciones -integridad del grupo, empleo y cuarteles generales en Catalunya- están siendo estos días el argumento repetido y coincidente de todas las administraciones, desde el Ministerio de Industria, hasta la Generalitat, pasando por patronales como Foment del Treball o los sindicatos. Desde la Generalitat, en este sentido, han reconocido que mantienen con el Ejecutivo "visiones coincidentes".

Los propios fondos acreedores, que están a expensas de negociar con el Gobierno y ver si este decide condicionar el traspaso o no a la ley 'anti opas', han manifestado públicamente su intención de respetar esas tres condiciones. En esa línea, este pasado miércoles anunciaron que su candidato a presidente del consejo de administración de la nueva Celsa es el barcelonés Rafael Villaseca, ex consejero delegado de Naturgy, conocedor del sector siderúrgico y con vinculos con la patronal catalana Foment.