Más mujeres, "abuso de poder" y el fantasma de 2017: las razones detrás de la huelga de vigilantes en El Prat

El fantasma de la huelga del 2017 en el aeropuerto de Barcelona-El Prat ha reaparecido estos días en sus controles de seguridad. Si bien dicho fantasma nunca se había ido, pues formalmente la convocatoria de huelga que colapsó por momentos el aeródromo barcelonés hace seis años sigue vigente y nadie ha contactado con el Departament de Treball para comunicarles que la protesta ha acabado.

La compañía que gestiona el servicio ya no es Eulen y desde el noviembre del 2022 la responsabilidad (y el lucro) corre a cargo de I-SEC Aviation Security. Entre medio estuvo al mando Trablisa. Diferente gestor, pero parte de los motivos que alimentaron el conflicto de 2017 siguen siendo combustible para el actual. 

La imagen de guardias civiles tras los controles de seguridad para garantizar el servicio puede volver a repetirse a partir del 10 de agosto. Entremedio se interponen los contactos informales que puedan haber entre los trabajadores y la dirección de la corporación con sede en Países Bajos. Los formales están previstos para el lunes 7 de agosto, en la sede del Departament de Treball de la calle Albareda. 

Huelga en el aeropuerto de Barcelona: Los servicios mínimos serán del 90% en los controles de seguridad

Un listado de siete puntos llevarán bajo el brazo a dicho encuentro los representantes de los vigilantes de seguridad citados para tal encuentro, con Csif como el sindicato mayoritario. Algunos son veteranos de la huelga del 2017, como la actual presidenta del comité de empresa, Genoveva Sierra, hoy en Representación Obrera Sindical (ROU) y entonces en la central PROU. 

Si la mediación no surte efecto, a partir del 10 de agosto, habrá paros en los controles de seguridad de El Prat de jueves a lunes, en tres tandas: de cuatro de la mañana a siete de la mañana y de nueve de la mañana a once de la mañana y de cuatro de la tarde a las seis de la tarde. Los servicios mínimos fijados por el Gobierno son del 90%.

Más mujeres, parking e idiomas

La primera es que la empresa contrate más mujeres y alcance una paridad del 50-50 entre la actual plantilla de alrededor de 500 trabajadores. Y es que, según argumentan las centrales, las trabajadoras están sobrecargadas porque al haber pocas (alrededor de un tercio de la plantilla, según esas mismas fuentes) tienen más difícil librar porque siempre debe haber una cuota mínima de mujeres para cachear a las pasajeras de su mismo sexo. 

Además de reforzar las plantillas y repartir más la carga de trabajo. A este menester los convocantes invocan el laudo arbitral logrado en la huelga del 2017 en materia de entrega de cuadrantes de horarios de todo el año, formación en radioscopia o la garantía de un quinto vigilante por filtro, entre otros.

También reclaman que sea la empresa quien asume el coste del parking para aquellos vigilantes que vayan a trabajar con vehículo privado y así no tengan que pagarlo ellos de su bolsillo. Así como concederles un aumento salarial por la vía del reconocimiento de un plus por hablar idiomas y así poder interactuar mejor con los pasajeros internacionales. Dicho plus sería de 50 euros al mes. 

Sanciones y “abuso de autoridad”

Aunque más allá de las demandas económicas, entre la plantilla y la empresa existe un conflicto latente que se arrastra desde poco después de que esta asumiera la gestión de los controles de seguridad. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, tanto I-SEC como Aena –gestora aeroportuaria- han sido censuradas por la Inspección de Trabajo por vulnerar la normativa de prevención de riesgos laborales. Ya que obligaban a los vigilantes a cargar un peso excesivo, al mover bandejas de objetos para que los pasajeros pasen por el escáner.

Las centrales denuncian un "abuso de autoridad" por parte de la empresa. Siempre según su versión, I-SEC promocionaría a personal para puestos de supervisión para presionar a los trabajadores y privarles de los 10 minutos de descanso por hora trabajada a los que tienen derecho por convenio. 

I-SEC ha recibido una sanción “grave” de Inspección de Trabajo por negar injustificadamente el cambio de turno entre trabajadores, según documentación a la que ha tenido acceso este medio. 

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