El sector inmobiliario denuncia el procedimiento del Govern para declarar el control de precios

Entidades representativas del sector inmobiliario en Catalunya han presentado alegaciones a la resolución de la secretaría de de la Generalitat en la que proponía el control de precios en zonas de 140 municipios. La norma, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el 22 de junio de 2023, afecta a municipios donde reside el 80,6% del total de la población catalana.

El Govern amplía de 60 a 140 los municipios con zonas tensionadas por el precio del alquiler

Las alegaciones del sector inmobiliario se centran, principalmente, en el incumplimiento del procedimiento establecido en la ley de la vivienda, que exige el control de precios del alquiler como única medida para reducir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda en diferentes municipios, "renunciando a la actuación de los poderes públicos para la resolución del acceso a la vivienda".

El primero de los problemas de procedimiento "es que no existe una memoria justificativa para ninguno de los 140 municipios", como establece la ley. Otro de los puntos que genera controversia es "la falta de un plan específico con las medidas necesarias para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda, tal como recoge el artículo 18.4 de la ley de la vivienda".

Los promotores de las alegaciones afirman que el propósito de la declaración de zonas tensionadas no es controlar el precio de los alquileres, sino orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda. Por tanto, el plan específico debe ser un elemento integrado de esta declaración.

A su vez consideran que el sistema de índice precios para Catalunya elaborado por la Agència de l'Habitate "es un grave error de la resolución" ya que la ley recoge, "de manera muy clara", que el sistema que se debe utilizar debe ser el elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Además cuestionan la forma en la que se aplican los requisitos para poder declarar formalmente una zona tensionada. El principal problema, agregan, se encuentra en la selección de los indicadores, ya que "es sesgada y no corresponde con la definición que hace la ley".

Y recuerdan que la declaración se ha hecho "sin haber consultado ni informado a los ayuntamientos de las localidades, lo que vulnera el principio de autonomía local que establece el artículo 140 de la Constitución". El sector inmobiliario entiende que el control de precios del alquiler "no es una solución óptima". "De hecho, esto ya quedó demostrado durante el control del alquiler que se dio durante la ley del 1964, en la falta de oferta de vivienda de alquiler asequible (protegido y libre) y con los resultados de la ley 11/2020 de la Generalitat de Catalunya en relación con la contención de rentas", afirman.

Uno de los principales problemas de la vivienda en Catalunya, agregan, "es que la Administración no ha producido viviendas de protección oficial". De hecho, "entre el 60% y el 80% de las viviendas de protección oficial han sido impulsadas por promotores privados". Además, durante el periodo de enero de 2014 a abril de 2023 en Catalunya solo se han calificado 1.883 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, de las cuales el Incasòl "solo ha iniciado un 30%".

Se han sumado a estas alegaciones y críticas la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província, el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya y el Consell de Cambres de Catalunya.