Reglas del déficit
La UE estudia dar a los Estados más flexibilidad con el gasto social si tuvieran que aplicar recortes
España arranca seis meses de presidencia europea marcada por un nuevo orden continental
El Banco de España eleva al 2,3% su previsión de crecimiento para este año y baja al 3,2% la de inflación
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Presidencia de España del Consejo de la UE / Alberto Ortega / Agencias
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Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
La Comisión Europea está estudiando cómo dar mayor flexibilidad a los Estados en sus partidas de gasto social cuando tengan que cuadrar sus cuentas. Conceder un trato privilegiado a las materias relativas a la protección social e inclusión de los colectivos más vulnerables es una de las carpetas que España pretende impulsar durante su etapa en la presidencia del Consejo de la UE.
Así lo han puesto de manifiesto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, este viernes, en una rueda de prensa conjunta con el comisario Nicolas Schmit. Este último, preguntado sobre posibles cambios tras las elecciones generales del 23 de julio, ha aprovechado para alabar la reforma laboral pactada por el actual Ejecutivo con patronal y sindicatos. "No hay mejor aval que las políticas acordadas con diálogo social", ha remarcado Díaz.
Actualmente la UE exige que los Estados no gasten más de lo que ingresan y que si lo hacen no superen un determinado nivel de déficit. En aras de controlar la deuda pública de los países y reforzar la estabiliad monetaria de la Unión. Esas reglas de disciplina presupuestaria han estado los últimos tres años en suspenso, en aras de dar margen a los Estados para actuar contra la pandemia a golpe de inyecciones de dinero público.
Ertes, créditos ICO o ayudas a la solvencia empresarial han sido algunas de las medidas que España puso sobre la mesa para paliar los efectos de la covid y que han contribuido que en menos de dos años el mercado laboral recuperará los niveles de ocupación previos al confinamiento. No obstante, ahora Bruselas está elaborando unas nuevas reglas presupuestarias de obligado cumplimiento para los Estados, con la idea de que estén aprobadas definitivamente en el segundo semestre de 2023, bajo presidencia española de la UE, y que entren en aplicación plena en los presupuestos de 2025.
Dentro de ese nuevo entramado de reglas para disciplinar las cuentas de los Estados, la Unión estudia cómo dar un trato especial al gasto social y que potenciales futuros recortes no mermen el mismo y se ceben así con los colectivos más vulnerables.
"Lo que la Comisión plantea en su propuesta -y hay que discutir, sustanciar y avanzar- es que determinado tipos de inversiones, incluidas las que están asociadas a las políticas de protección social, puedan ser utilizads por los gobiernos en su planificación presupuestaria de medio plazo como elementos que pueden permitir una mayor flexibilidad en el proceso de ajuste de determinados niveles de deuda", ha explicado Escrivá en rueda de prensa.
Si esa "mayor flexibilidad" pasa por no computar el gasto social dentro de los márgenes de déficit o si los estados podrán prorratearlo en sus cuentas son detalles que deben acabar de concretar los 27 miembros del club europeo. Así como qué será considerado gasto social y qué flexibilidad se permitirá a los estados y durante cuánto tiempo. El calendario trazado por el Gobierno es este otoño celebrar una reunión previa en Aranjuez, para luego pasar a la discusión final en noviembre. "La pandemia ha evidenciado lo importantes que son los servicios sociales para la resiliencia de nuestra sociedad", ha coincicido el comisario europeo Schmit.
Cuidar más a quien cuida
Reforzar el diálogo social, aprobar una directiva europea sobre teletrabajo o avanzar hacia la equiparación de la protección social entre autónomos y asalariados son las prioridades que España ha puesto encima de la mesa para su presidencia. Falta por ver qué gobierno las impulsa y de qué manera tras las votaciones del 23 de julio. El comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha insistido, no obstante, en mejorar las condiciones laborales de las trabajadores de los servicios de atención a domicilio.
"Debemos ayudar a los cuidadores. [...] Muchas veces están trabajando a unos sueldos muy bajos, tenemos que mejorar sus condiciones de trabajo, porque tenemos escasez [de profesionales] en ese sector y esta va a ser una necesidad creciente dado el envejecimiento de nuestras sociedades", ha afirmado Schmit.
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