Ester Capella: "Desde hoy obligaremos a los grandes tenedores de vivienda a la intermediación antes de un desahucio"

Ha cambiado la disposición del despacho de la Conselleria de Territori y aspira a gestionar el departamento "con mirada femenina". Su antecesor duró ocho meses y, el anterior, 16. A Ester Capella (La Seu d'Urgell, 1963), con una larga trayectoria política, se le ha pedido que la vivienda sea su principal preocupación y se le ve cómoda con el encargo.

Lleva tres semanas al frente de la Conselleria de Territori, ¿cuál es su primera impresión?

El ‘president’ valora que haya trabajado en vivienda y ahora es un momento clave. Tenemos que garantizar el derecho a la vivienda a todo el mundo. Es todo un reto. Este es el departamento más social de todos no solo desde el punto de vista inversor sino también porque planificamos el país y proveemos la movilidad de la gente, vivan donde vivan.

Tiene un mandato de cómo mucho un año y medio, ¿qué se propone?

La vivienda es un derecho fundamental porque es la puerta de acceso a todos los otros derechos. Queremos poner en marcha toda la maquinaria una vez ha entrado en vigor la ley española de la vivienda. Hemos hecho todos los trámites y creemos que se puede convalidar antes de que se constituyan las Cortes.

¿Dará tiempo?

Según nuestro calendario sí. No podemos vivir esperando al nuevo Gobierno, tenemos que poder garantizar este derecho desde el primer momento: emergencia habitacional, evitar los desahucios. Tenemos que evitar que echen a las personas de su casa.

¿Con qué medidas?

Todas las que nos permita la nueva ley. Por ejemplo a partir de este lunes desplegaremos una herramienta que es la posibilidad de la intermediación. Los grandes tenedores están obligados a pasar por la intermediación antes de interponer una demanda judicial para desahuciar a una persona. Activaremos las 87 oficinas de Ofideute para garantizar que nadie tenga que salir de su casa y buscar mecanismos para evitar el desahucio.

¿No pasaba hasta ahora?

En Catalunya los grandes tenedores están obligados a ponerse de acuerdo porque existe el alquiler social. La ley nos permite esta opción y nosotros la aplicamos. Requiere que los grandes tenedores pasen antes por estas oficinas.

¿Qué retos se marcan?

Nuestro objetivo es el desahucio cero. Este es el mecanismo de la emergencia pero es lo que menos queremos usar. Debemos ampliar el volumen del parque público de vivienda, que no tenemos el suficiente a precio asequible porque durante años ha acabado en el mercado libre. Catalunya está en el 1,9% de parque público de alquiler mientras en Europa está alrededor del 10%. Nuestro objetivo es llegar a esa media aunque en un mandato no se puede, claro.

¿Con qué plazos trabajan?

En 2026 queremos 10.000 pisos y queremos que el Incasòl tenga la fuerza para construir, aflorar suelo para que sea edificable, tanteo y retracto y vía la Sareb. Les hemos obligado a sentarse en la mesa y queremos comprar edificios enteros y reducir la lista de espera de personas que esperan vivienda de alquiler a precio asequible.

Quiere ser la ‘consellera’ de la vivienda.

Es mi prioridad. Quiero sacar la vivienda de la lógica del mercado. La ley de vivienda catalana era mejor que la que ahora ha aprobado el Gobierno porque desde el inicio hacía una lista con los municipios que eran zona tensa y con eso se evitaba la especulación. Además la nueva norma del Gobierno deja un resquicio para eludirla.

¿Cómo?

Con los contratos de alquiler de temporada quieren evitar la limitación de los precios. Desde el Govern regularemos también estos contratos para evitar que sean una escapatoria. Y haremos otra norma para las viviendas de uso turístico. Especular no es un derecho pero tener un sitio donde vivir sí lo es.

¿Tienen algún plazo para que estén listas?

No, pero los equipos ya están trabajando en ambas.

La Cambra de la Propietat ha anunciado recurso a la denominación de zona tensionada de Barcelona.

Nunca han estado de acuerdo con la ley catalana, tampoco con la española. Territori vela por el interés general y ellos lo hacen por sus intereses.

¿Qué es lo que no hizo su antecesor, el ‘conseller’ Juli Fernàndez, para cesar en ocho meses? ¿Fue por la B-40?

No lo sé. Por primera vez ERC asumía Territori y el ‘conseller’ Fernàndez puso la directa en muchas cosas. Creo que él quería hacer otras cosas y por eso sigue siendo diputado y está al frente del grupo parlamentario. Cuando me nombra, el ‘president’ Pere Aragonès me pone el acento en la vivienda, porque es un tema que me ocupa y preocupa desde hace años.

Quería preguntarle por los acuerdos con el PSC para aprobar los presupuestos. Hay varios temas de infraestructuras que no se han culminado.

Son acuerdos que se deben ir negociando y pactando.

La B-40 es uno de ellos.

Se firma el protocolo de la Ronda Nord y también el de las encomiendas de gestión con más de 900 millones de euros para hacer una serie de obras importantes para el país. Hemos estado pendientes de un informe.

¿Cumplirán lo acordado?

El demonio está en los detalles. Cumpliremos, los acuerdos se cumplen. El ‘president’ se ha comprometido y lo haremos. Cumpliremos pero también lo deben hacer desde la otra parte. Si nos ponemos en la balanza alguien quedará escaldado pero no lo quiero hacer.

¿Con las elecciones se puede demorar?

Quiero pensar que no hay problemas por la proximidad electoral, por parte de la Generalitat no hay ninguno. Además hay muchas formas de firmar, por ejemplo telemáticamente. Es un compromiso, un acuerdo político definido y escrito. Podemos alargarlo como el chiclé, pero está hecho [la firma se produjo el viernes, de forma telemática]

El proyecto de Hard Rock también estaba en la lista de pactos con el PSC.

Por nuestra parte faltan los informes de Acció Climàtica y Empresa. Estamos pendientes de ellos, se debe seguir el procedimiento, pero quien aprueba no es la ‘consellera’ sino la Comisión de Urbanismo.

¿Y en cuanto a la ampliación de la capacidad del aeropuerto de El Prat? Barcelona Global ha presentado una nueva propuesta.

No la he visto aún pero el acuerdo con el PSC era para la mejora del aeropuerto. Pongo el acento en la gobernanza, que sea hub internacional pero que se preserven las zonas protegidas.

¿Cuál es su opinión?

No me decantaré diciéndole si me gusta o no este proyecto, debemos seguir el debate, el Govern tendrá su opinión propia. Aena tiene sus intereses pero el Govern debe pensar en el modelo aeroportuario de Catalunya. Voy oyendo “ampliación del aeropuerto” y creo que esa no es la palabra. Es una mala palabra que crea un marco mental. Debemos pensar en gobernanza, internacionalización y respetando lo que hay que respetar.

¿Cuándo se creará la mesa técnica?

Tenemos tiempo suficiente, se está hablando con mucha gente. Todo el mundo pone lícitamente su propuesta sobre la mesa porque velan por sus intereses pero el Govern debe velar por el interés general, que es el prioritario.

¿Qué hay que hacer con Rodalies?

Nos mantenemos con incidencias importantes ocho de cada diez días. Podría relativizarlo pero no quiero. En el 2022 hubo 18.000 trenes con afectaciones. Esto afecta a la estabilidad,  la vida de la gente, a su salud, a la emergencia climática. Tenemos que poner manos a la obra, hacer un acuerdo político en el que haya un traspaso de Rodalies a la Generalitat. Queremos que funcionen como los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

La red de FGC es más pequeña.

Nuestra exigencia es que Rodalies sea puntual, fiable, accesible, sostenible. Lo queremos todo: vías, trenes, lo que haga falta. Que no les preocupe, no nos dan miedo los retos: que nos lo traspasen con la transferencia económica pertinente, ya se lo demostraremos. Cuanto más cerca está una competencia, mejor se presta.

Un informe reciente de la Cambra de Comerç recuerda el déficit de infraestructuras.

Tenemos una infrafinanciación histórica como país. Queremos seguir siendo el motor del sur de Europa y quien tiene la llave de la caja no nos provee de los recursos necesarios.

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