¿Cómo te afecta que se haya roto el acuerdo de convenios en Catalunya?

¿Qué es el AIC? 

El Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) es un documento firmado por Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT como patronales y sindicatos más representativos en Catalunya. Lo renuevan cada cierto tiempo, habitualmente tiene una periodicidad de tres años y el último fecha del periodo 2018-2020. Desde entonces está caducado y pendiente de renovar. La irrupción de la pandemia de por medio no ha contribuido y finalmente las partes no se han puesto de acuerdo.

Dicho documento incorpora una serie de recomendaciones para guiar la negociación colectiva de los sectores y compromete a los firmantes. Por ejemplo, cuando los negociadores del metal de Barcelona tienen que negociar su convenio, deben referenciarse en los acuerdos suscritos en el AIC para ello. Por ejemplo, antes de la que última reforma laboral recuperara la ultraactividad de los convenios, el AIC ya lo recogía y las partes se comprometían a no hacer decaer ningún convenio sin acuerdo para el siguiente.

¿Cuáles eran las principales novedades preacordadas?

La principal diferencia con AIC anteriores es que el presente y fallido buscaba dar un salto de calidad y pasar de ser una mera recomendación –sin consecuencias si se incumplía- a hacer obligatorios por ley algunos aspectos.

Prioridad para los convenios catalanes: Los convenios colectivos pueden tener tres dimensiones territoriales: estatales, autonómicos y provinciales. Y la intención de los agentes sociales era dar prevalencia a los de ámbito de Catalunya, para reforzar el marco de relaciones propio. Es decir, cuando dos convenios del mismo sector se cruzaran, las empresas debieran aplicar el catalán.

• Digitalización: Las empresas hubieran tenido la obligación de informar previamente a la representación legal de los trabajadores de cualquier nueva tecnología que fuera a introducir y que pudiere suponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y analizar conjuntamente con los sindicatos qué impactos pudiera tener todo ello en el empleo, ya sea por la vía de destruir puestos de trabajo, ya sea por la necesidad de perfiles diferentes.
• Desconexión digital: El preacuerdo contemplaba reconocer el derecho de todo trabajador a “no atender comunicaciones telefónicas, mensajes o correos electrónicos […] una vez concluida su jornada laboral”. Y obligaba a todas las empresas a negociar un protocolo para garantizar dicho derecho. 
• Teletrabajo: Los agentes sociales contemplaban garantizar por convenio que todos los trabajadores que pudieran y quisieran teletrabajar tendrían derecho a que la empresa les facilitara un ordenador portátil. También un teléfono móvil, en caso de que su labor lo requiriese. Y tendría derecho a recibir un plus salarial para evitar que el ejercicio a distancia le implicara un coste adicional, cuyo importe se determinaría según el sector.

¿Por qué se han roto las negociaciones?

Lo que ha acabado dinamitando la renovación del AIC ha sido la propuesta de dar prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales. Este ha sido el motivo por el que Foment del Treball ha rechazado firmar, ya que internamente era una cuestión que le suponía un conflicto. Tanto entre sus asociados catalanes, como con su organización a nivel estatal, la CEOE. Y es que estas no son partidarias de reforzar la autonomía territorial. 

La industria química, según apuntan distintas fuentes consultadas, ha apretado para evitar formar un convenio autonómico a nivel catalán que pudiera provocar un aumento de sus costes laborales.

¿Qué consecuencias tendrá la ruptura?

La primera consecuencia del fracaso en la renovación del AIC es la pérdida de confianza entre los máximos dirigentes de los agentes sociales. Los sindicatos se han mostrado visiblemente enojados especialmente con Foment del Treball y su presidente, Josep Sánchez Llibre, a quien han acusado de “deslealtad” y de actuar más de lobista que de representante patronal. 

Ese clima de desconfianza puede lastrar futuras negociaciones a escala catalana, como las que tienen lugar en el Consell de Diàleg Social de Catalunya junto al Govern. Si bien el grueso del diálogo social se desarrolla a nivel estatal, como con la reforma laboral y la de pensiones, ayudas que conceda la Generalitat suelen pasarse antes por la concertación catalana.

Otra posible consecuencia es el aumento de la conflictividad en aquellas negociaciones pendientes o encalladas. Los sindicatos ya han amenazado que presionarán más en aquellos convenios en los que actualmente se estaban conteniendo, en aras de ese acuerdo marco. El pliego de oficinas y despachos de Barcelona, que afecta a más de 120.000 personas, promete ser ese primer campo de batalla.