Los auditores reclaman la fiscalización externa de las cuentas de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes

No tiene mucho sentido que haya mayor control y obligaciones sobre las cuentas de las empresas privadas, coticen o no en la bolsa, que sobre las de las instituciones públicas, que gestionan el dinero de todos los ciudadanos. Partiendo de esa premisa, los auditores de cuentas de Catalunya, aprovechando las elecciones municipales, han reclamado a todos los partidos que se comprometan a obligar a los ayuntamientos a realizar "auditorías externas sistemáticas" . Al menos los de más de 5.000 habitantes, de los que hay unos 1.300 en toda España y de estos, 218 están en Catalunya.

Los datos avalan esta petición: según el informe sobre la cuenta general de las corporaciones locales publicado por la Sindicatura de Comptes sobre las cifras de 2020, emitido en noviembre de 2022 (las últimas disponibles), un total de 688 municipios catalanes presentaron las cuentas en plazo, pero el 84,45% tenían deficiencias que la Sindicatura pidió enmendar. Y a 31 de diciembre de 2021, 265 municipios (el 45,61% de los requeridos) no las habían subsanado. 

La Sindicatura, infradotada de personal, realiza los controles mediante muestreos. Y con respecto a las cuentas de 2019, por encima de los dos años más tarde del plazo previsto, el 9,32% de los municipios del Estado aún no las habían presentado y el 7% de los de entre 10.000 y 50.000 habitantes. A su vez, la Sindicatura de Comptes incluye en sus informes observaciones y recomendaciones que se repiten cada año. A diferencia de lo que sucede con las empresas privadas, que ante incumplimientos están sujetas a sanciones o incluso al cierre registral, con lo que no pueden, por ejemplo, ni llevar a cabo un nombramiento, en el caso de las instituciones públicas esto no sucede.

Concursos públicos

El mecanismo propuesto por el presidente del Colegio de censores Jurados de Cuentas de Catalunya, Antoni Gómez, podrían ser concursos públicos para que entidades profesionales dedicadas a estos menesteres supervisaran esas cuentas municipales. Gómez descarta que se trate de una forma de buscar negocio para el sector ya que serían de poco más de un millar de ayuntamientos frente a los más de 72.000 informes que realizan las auditoras al año.

Los auditores hablan de un "pacto por la transparencia económica". Es una interpelación que este colectivo dirige a todas las formaciones políticas que concurren a los comicios. A su juicio es preciso "un compromiso político". Los municipios de más de 5.000 habitantes son los "deberían someterse a una auditoría anual de manera regular, como ya hacen algunos de manera voluntaria y ya va siendo habitual en la mayoría de países de nuestro entorno".

Sector privado y público

En una comunicación remitida a los partidos, Gómez destaca que el sector privado ya se somete de forma sistemática y pública a auditorías externas - "independientes del control y auditoría interna y de los departamentos de contabilidad". "Entendemos que con más razón el sector público, y en particular los ayuntamientos, deberían incorporar de forma sistemática esta auditoría externa de sus cuentas, más allá de la eficacia que puedan tener las intervenciones municipales o la Sindicatura de Comptes de Catalunya", agregan.

Según el informe sobre auditoría del sector público en España (ICJCE), Catalunya se sitúa en la mitad del ránking español en lo que se refiere a las auditorías en el ámbito de la administración local. Encabezan la lista de las buenas prácticas Aragón, Balears, Comunitat Valenciana, Navarra y el País Vasco.

Según el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (Icjce), "no se puede entender que la auditoría de los ayuntamientos y diputaciones de cierta dimensión no sea obligatoria en España, ya que incluso algunas sociedades de pequeña dimensión tienen la obligación de someterse anualmente a la auditoría".

El mismo análisis destaca que España es de los países en los que el control externo de cuentas municipales recae en el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos competentes, que realizan sus controles en base a muestreos. La excepción es la comunidad foral de Navarra que, para cubrir un mayor número de municipios a nivel anual, contrata a auditoras privadas. A diferencia de lo que sucede en Italia, Portugal o Grecia, en España no es obligatoria la contratación de auditoras privadas para el control externo.