La Generalitat inicia la rescisión del contrato con Cegos por el fiasco de las oposiciones

La Generalitat ha iniciado formalmente el procedimiento para rescindir el contrato de 1,5 millones de euros con la empresa Cegos tras el fiasco de las oposiciones del pasado 29 de abril. Así lo ha hecho público el Govern en un comunicado este viernes. La administración catalana da un plazo de 10 días a la compañía adjudicataria del contrato para presentar sus alegaciones, tal como le exige la ley, y posteriormente romperá todo vinculo contractual con la compañía y le planteará la indemnización que considere por los daños causados.

Dicho proceso podría alargarse entre uno y dos meses, así que antes de septiembre la administración catalana ya prevé comunicarle a Cegos cuánto dinero exactamente le reclamará. La 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, ya avanzó que sería un mínimo de un millón de euros. Desde la Generalitat ya asumen que Cegos recurrirá judicialmente la sanción impuesta y que la resolución del caso deberá decidirla un juez.

La Generalitat justifica la rescisión del contrato para organizar la organización, vigilancia y corrección de las oposiciones en base a los 4.136 formularios de incidencias recopilados durante la semana pasada, con más 13.000 irregularidades denunciadas por los aspirantes. "La Dirección General de Función Pública ha emitido el informe jurídico, de fecha 11 de mayo de 2023, que concluye que estas irregularidades son graves y generalizadas y que, por lo tanto, se hace necesario dejar sin efecto las pruebas y volverlas a hacer con garantías".

De hecho, la empresa todavía custodia las pruebas y durante los últimos días, a expensas de la comunicación formal de recisión del contrato, estaba corrigiéndolos. Más de 13.500 opositores estaban inscritos para examinarse el 29 de abril y todas las pruebas serán repetidas. La fecha de la repetición serán los sábados 1 y 8 de julio.

En paralelo al proceso legal de rescisión del contrato, la Generalitat está estudiando que fondos dispone para indemnizar a su vez a los más de 13.500 opositores inscritos ese 29 de abril para disputarse una de las 1.825 plazas ofertadas.

La administración está negociando dicha cuantía y método de distribución con los sindicatos más representativos en la función pública catalana. Todavía no la tienen definida, si bien la intención es que todos los inscritos -que pagaron tasas de entre 56 euros (ordinaria) y 12,05 euros (familia numerosa o monoparental)- cobren antes de volver a examinarse.