La Administración agobia a las empresas con un millón de páginas en nuevas leyes en tres años

Más de mil páginas al día debería haber leído el responsable de recursos humanos de una empresa catalana durante los últimos tres años para estar al tanto de todas las novedades legislativas aprobadas desde el 2020. Un total de 1.068.935 son las páginas en nuevas leyes (o modificadas), si se suma el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que han tenido que integrar las corporaciones catalanas en este periodo. Lo que en leyes se traduce en un total de 2.493.

Véase la reforma laboral o la de las pensiones, los planes de igualdad, la prohibición de los plásticos de un solo uso o los cambios en la normativa de áreas de promoción económica urbana, entre muchas otras. Un “tsunami burocrático”, en argot patronal, que ha generado una batería de nuevos (y celebrados) derechos para trabajadores, ciudadanos y consumidores, pero también de obligaciones para las empresas. Así se deriva del último informe publicado por la patronal CEOE sobre producción normativa de las administraciones. 

La emergencia pandémica ha contribuido, entre otros, a acelerar un proceso de modificación o creación de leyes que ya venía acelerándose. El 2021 y 2022 se posicionan como el quinto y el sexto, respectivamente, años con mayor producción normativa a nivel estatal en la historia de la democracia. Y, en el caso de Catalunya, se suma que el Parlament ha sido el más activo en cuanto a leyes y masa normativa aprobada en cada uno de los últimos tres años entre las diferentes cámaras autonómicas. 

“Nos están acribillando, la gran mayoría de empresas no están preparadas para asumir todas las nuevas obligaciones y acaban delegando parte en empresas especializadas”, afirma la responsable laboral del Col·legi de Gestors de Catalunya, Aurora Rodés. De ahí el ‘boom’ (y negocio) de empresas dedicadas a la venta de programas específicos para dar cumplimiento a normas concretas, como es el caso del registro de jornada, que el mes que viene cumplirá cuatro años de vigencia. Factorial, Intratime, Woffu, Bizneo… son solo algunas de las compañías que han visto un nicho de negocio en esas nuevas cargas.  

Echando la mirada algo más atrás, desde el inicio de la democracia Una investigación publicada recientemente por el Banco de España cuantifica que entre 1979 y 2022 se han aprobado un total de 414.272 leyes, sumando las aprobadas por todas las administraciones. Una complejidad normativa que tiene sus efectos, según apuntan los autores del informe: un aumento del número de nuevas leyes del 10% supone un recorte del empleo del 0,5% en las plantillas de empresas de menos de 10 trabajadores.

Falta de corresponsabilidad

Patronales y gestorías lamentan la carga adicional que les supone ponerse al día y aprender a funcionar bajo ese más de un millón de nuevas páginas de leyes. Desde la CEOE ven en ese incremento como un ”exceso de intervencionismo”, según se refieren, y una desventaja en términos de competitividad con el resto de corporaciones en Europa y el resto del mundo. Sobre todo cuando existen duplicidades entre la normativa estatal y la autonómica o entre autonómicas. 

También lamentan que los programas de ayudas públicas cada vez los condicione más la Administración al estricto cumplimiento de la normativa, según apuntan fuentes consultadas de la patronal. Lo que, en su opinión, reduce la efectividad y cobertura de las mismas. Por ejemplo, para acceder a los incentivos a la contratación de los colectivos vulnerables, como senior, mujeres o jóvenes, las compañías que quieran ahorrarse hasta 1.536 euros al año en cotizaciones sociales deben tener registrado un plan de igualdad. Algo que, pese a ser obligatorio, dos de cada tres empresas en España no cumplen. 

“No es tan importante el número de nuevas obligaciones como las herramientas y recursos que disponga la Administración para garantizar su correcto cumplimiento. Debe hacerse corresponsable de lo que aprueba”, apunta el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. 

El dirigente de las pymes catalanas recuerda en conversación con EL PERIÓDICO como desde su organización marcaron como prioridad para avalar los últimos presupuestos de la Generalitat que esta asumiera la ley de facilitación económica y la creación de una ventanilla única para trámites, para así reducir los cuellos de botella y los tiempos en los permisos. 

“No hay más conflictos porque la Administración tampoco tiene capacidad para fiscalizarlo todo y ellos mismos se están viendo desbordados”, apunta Rodés, del Col·legi de Gestors. 

Malestar entre los vigilantes

En la línea de esa "corresponsabilidad" a la que apela Ginesta, no solo en las empresas se han visto afectadas por el incremento de producción normativa, sino también quienes deben velar por su cumplimiento. Los sindicatos de inspectores de Trabajo, por ejemplo, llevan más de un año inmersos en un conflicto con el Gobierno, demandándole más manos y una nueva estructura organizativa para atender al aumento de cargas de trabajo derivadas de la nueva reforma laboral, la ley de teletrabajo, la ‘ley Rider’ o los ertes, durante la pandemia. 

Las centrales ultiman una huelga indefinida –emulando a los letrados de la Justicia-, con paros parciales a partir del mes de mayo y ya han elevado su denuncia ante la Comisión Europa. También la plantilla de la Seguridad Social está inmersa en su propio conflicto y los sindicatos denuncian el aumento de cargas de trabajo derivado de prestaciones recién creadas, como el ingreso mínimo vital (IMV). Lo que ha derivado, entre otros, en atascos a la hora de conceder citas en las oficinas para determinadas consultas y la demora en el reconocimiento de ciertas prestaciones.

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