Foment confía en el aplazamiento de la norma de emisones Euro 7 hasta 2027

La patronal catalana está convencida de que la Unión Europea retrasará dos años la aplicación de la norma Euro 7, que establece límites más duros en las emisiones de gases contaminantes de los vehículos y que regulará por primera vez las producidas por los frenos y las ruedas. La Comisión Europea presentó su propuesta de reglamento en noviembre pasado con el objetivo de que entre en vigor el 1 de julio de 2025 hasta el 2035 en que sólo será posible comercializar coches nuevos de cero emisiones. “Creo que vamos a conseguir que se retrase y va a afectar favorablemente a la industria del automóvil, que es la segunda industria más potente de la UE”, ha explicado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, tras una visita de dos días a Bruselas para reunirse con representantes de la Comisión y el Parlamento Europeo. 

De retrasarse dos años la norma, al menos hasta julio de 2027, supondría según el máximo responsable de la patronal catalana, un “balón de oxígeno” para la industria automovilística española y europea y un "respiro" para el sector. La propuesta ha generado una enorme división en la UE y más de media docena de países, desde la República Checa hasta Italia, Polonia, Eslovaquia o Alemania, tienen reservas sobre los nuevos estándares y presionan para lograr un aplazamiento de la entrada en vigor de la normativa para dar tiempo a la industria a prepararse. Según los detractores de la norma, el impacto de los nuevos estándares será además notable.

La Asociación Europea de Fabricantes de Coches (ACEA) estima que de aprobarse el planteamiento propuesto por Bruselas los vehículos se encarecerán de media 2.000 euros, frente a los 150 euros estimados por Bruselas en el caso de los coches, y que la reducción de los contaminantes será mínima. El fabricante Skoda por su parte sostiene que de salir adelante la norma tendrá que cerrar una unidad de producción y despedir a 3.00 personas y que no estaría en disposición de seguir produciendo los modelos más pequeños. La patronal catalana añade otros problemas. Algunas de las 17 fábricas automovilísticas situadas en España podrían tener que parar la producción hasta 18 meses para adaptarse a las nuevas exigencias.

Nueva ley farmacéutica

La visita también ha servido para hablar de los planes de la Comisión Europea sobre la nueva regulación farmacéutica que presentará a finales de abril y que supondrá la primera gran reforma del sector en veinte años. Sánchez Llibre ha trasladado al gabinete de la comisaria de sanidad, Stella Kyriakides, y de la presidenta, Ursula von der Leyen, la preocupación de la industria por la posible pérdida de competitividad que podrían provocar los nuevos cambios. "Nuestras normas actuales se establecieron en una época diferente, y tenemos que avanzar con los tiempos. Nuestros ciudadanos, sociedades y economías necesitan un sistema que pueda seguir el ritmo del progreso científico y tecnológico y que garantice la disponibilidad, el acceso y medicamentos asequibles en todo momento", reivindicaba hace un mes la comisaria sobre una reforma que nacerá con seis objetivos.

En primer lugar, garantizar que todos los europeos puedan acceder a medicamentos tanto innovadores como consolidados cuando los necesiten y vivan dónde vivan. "La realidad actual es que, en un mercado interior fragmentado, los medicamentos no llegan a los pacientes con la suficiente rapidez ni en todos los Estados miembros al mismo tiempo", explicaba la comisaria. En segundo lugar, garantizar que la industria farmacéutica europea pueda innovar y seguir siendo competitiva a nivel mundial. "Por eso nos aseguraremos de ofrecer fuertes incentivos a la innovación, especialmente para las necesidades médicas no cubiertas", explicaba Kyriakides.

Además, la reforma busca hacer frente a la escasez de medicamentos, con obligaciones más estrictas en materia de suministro y transparencia de las existencias, lograr medicamentos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental lo que hará que se introduzcan evaluaciones de riesgos medioambientales en los expedientes de autorización, medidas para estimular nuevos productos antimicrobianos y un entorno normativo más ágil para la inversión, con procedimientos de autorización de comercialización simplificados y más rápidos, un mayor apoyo a los medicamentos prometedores y un mejor uso de los datos y la digitalización.