Fraude masivo
Solo el 14% de las empresas catalanas registraron un plan de igualdad durante 2022
Un informe de CCOO de Catalunya constata un incumplimiento masivo de las normativas de igualdad tras un año de vigencia de las nuevas obligaciones
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Trabajadores en una oficina / Israel Undrade | Unsplash
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Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
Solo el 14% de las empresas catalanas de más de 50 trabajadores registraron durante el 2022 un plan de igualdad, pese a estar obligadas por ley a ello. Así lo constata un informe publicado este martes por CCOO de Catalunya, que a través de datos propios constata un incumplimiento masivo de la normativa estatal para las compañías de más de 50 empleados. Tanto por la ausencia de dichos planes, como por carencias graves en aquellas corporaciones que sí tienen uno. Las sanciones por carecer de un plan de igualdad oscilan desde los 751 hasta los 7.500 euros, aunque podrían elevarse hasta los 225.000 euros si la ausencia del mismo obedeciera a la voluntad explícita de ocultar discriminaciones por razón de sexo.
Desde el 7 de marzo del 2022 todas las sociedades mercantiles dadas de alta y con 50 asalariados o más tienen la obligación de tener un plan de igualdad. ¿Qué es un plan de igualdad? Un conjunto ordenado de medidas que la dirección de la empresa tiene que negociar con sus trabajadores para tratar de promover la paridad entre su plantilla y evitar sesgos machistas. Estas deben incluir obligatoriamente un protocolo contra el acoso sexual, una auditoria salarial -para saber si hay categorías profesionales con más o menos brecha- o mecanismos en los procesos de selección para evitar sesgos durante los mismos, entre otros.
"En este país se espera siempre al último minuto para todo. Hay un incumplimiento reiterado de la normativa y es que sabemos de empresas que desde 2007 ya tenían la obligación de tener un plan de igualdad y no lo han empezado a negociar hasta el último momento", ha declarado la secretaria de Dones i LGTBI+ del sindicato, Mentxu Guitérrez.
Pocos y no todos bien hechos
Según los datos recopilados por CCOO, en Catalunya hay 781 compañías con centros únicamente localizado en dicha comunidad autónoma y que tienen un plan de igualdad debidamente registrado. Y, según los datos del sindicato, hay aproximadamente unas 6.000 compañías operando en Catalunya y con 50 empleados o más. Es decir, solo el 14% de las corporaciones obligadas cumplieron el año pasado formalmente con la norma. A lo que se suman otras 967 empresas que tienen centros en más de un territorio, entre ellos Catalunya, y que también tienen un plan de igualdad debidamente registrado. Una proporción prácticamente igual a la media española y que apenas ha variado tras un año de pleno despliegue de la norma.
¿Por qué ese masivo incumplimiento? Desde la central dan múltiples explicaciones, desde una falta de sensibilidad por parte del empresariado sobre esta materia, la falta de inspectores de Trabajo para verificar que realmente se cumple con la normativa, la escasa cuantía de las sanciones para que estas tengan un efecto disuasorio o las resistencias de las pymes para negociar planes de igualdad cuando no existe representación legal de los trabajadores.
Aunque las normativas de igualdad, aprobadas durante la anterior legislatura por la entonces ministra de Trabajo Magdalena Valerio (PSOE) y desplegadas durante la actual por la dirigente de Unidas Podemos Yolanda Díaz, no solo son incumplidas por un amplio espectro de empresas por su ausencia, sino también por graves defectos de forma de aquellas que sí los tienen. Según el análisis realizado por CCOO en base a una muestra aleatoria y no necesariamente representativa, el 16,4% de los planes carece de protocolos contra el acoso sexual, el 8,7% de indicadores de seguimiento de si los objetivos se cumplen o no o el 12,3% de una auditoría salarial. Todos ellos elementos explícitamente obligatorios.
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